29 agosto, 2017
Qué significan las nuevas sanciones de EEUU a Venezuela
El viernes pasado Donald Trump anunció un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que, entre otras cosas, prohíbe a los bancos estadounidenses realizar transacciones nuevas con bonos de deuda emitidos por el gobierno o PDVSA. Desde Caracas denuncian un intento por imponer un default y «promover una crisis humanitaria».

El viernes pasado el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que, entre otras cosas, prohíbe a los bancos estadounidenses realizar transacciones nuevas con bonos de deuda emitidos por el gobierno o PDVSA. Desde Caracas denuncian un intento por imponer un default y «promover una crisis humanitaria». Solidaridad de Cuba, Rusia y China.
«Quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria en nuestro país. ¿Qué quieren? ¿Quieren matar a los venezolanos de hambre?», afirmó el canciller Jorge Arreaza al enterarse de las nuevas sanciones -que se suman a las que ya habían sido aplicadas- que el presidente Trump exigió implementar al Departamento de Estado de forma inmediata.
La orden ejecutiva (decreto presidencial) emitida el viernes 25 prohíbe que cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno venezolano, es sean del Banco Central venezolano o la empresa estatal PDVSA.
Sin embargo, sí se permitirá entregar licencias para otras transacciones comerciales y “humanitarias”, incluyendo el financiamiento para comercio, exportaciones e importaciones de petróleo y transacciones que sólo involucren a Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos. Es decir que, por el momento, los activos y bienes de capital de Citgo no se ven comprometidos, aunque sí estará afectada la capacidad de captación de dividendos a favor del país.
De acuerdo a Misión Verdad, la decisión «está inspirada y da continuidad» al Decreto Obama (orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015) en la que se declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de EE.UU.”. «Con estas sanciones inéditas contra el sistema financiero nacional, parece a su vez confirmar otro dato político: a falta de fuerza interna de sus aliados locales, lo que queda en el horizonte del conflicto son los recursos de fuerza de la administración estadounidense», asegura el escrito del portal informativo y de análisis venezolano.
«Las sanciones están dirigidas a tratar que Venezuela caiga en default respecto a sus obligaciones internacionales y que Venezuela no tenga dinero para poder suplir a nuestro país de los insumos alimentos, ni para la producción», afirmó al respecto Rafael Ramírez, representante permanente del país caribeño ante las Naciones Unidas.
Por su parte, Arreaza planteó que se trata de «la peor agresión, quizás desde que el Imperio español fue derrotado por nuestros libertadores, por Simón Bolívar» y que están estudiando las sanciones, ya que el Gobierno tomará «todas las medidas» a su alcance para evitar que tengan «efectos en las familias venezolanas».
El rechazo a las sanciones también llegó de otros países, aliados a Venezuela. Por ejemplo, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que estas «están claramente destinadas a agravar el desequilibrio de la situación en el país y empeorar los problemas económicos”. «Están impregnadas de cinismo”, agregó y reafirmó que Moscú está dispuesto a «contribuir a una solución en Venezuela en la medida en que ésta esté condicionada por la dinámica política interna en este Estado».
También China se expresó en un sentido similar. Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que “los problemas de Venezuela deberían ser resueltos por su propio Gobierno y pueblo” y que “la experiencia histórica muestra que la interferencia externa y las sanciones unilaterales complicarán la situación y no pueden ayudar a solucionar la cuestión”.
«Rechazamos las acciones injustas, unilaterales, arbitrarias, ilegales y violatorias del Derecho Internacional que continúan aplicándose contra el gobierno constitucional que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moro y que ahora se recrudecen con estas nuevas medidas», dijo por su parte el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno Fernández.
El cubano también remarcó que «Nuestra América no debe olvidar su propia historia. Es imperativo defender con firmeza los principios y el compromiso contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por todos los jefes de Estado y Gobierno de la región en la II Cumbre de la CELAC en La Habana, en enero del 2014».
Vale mencionar que la arremetida en materia financiera se suma a una larga serie de amenazas de Estados Unidos en el plano militar que en las últimas semanas fueron escalando de tono. Aunque el vicepresidente Mike Pence intentó descartar posibles invasiones en su gira por América Latina, Trump y varios generales del Ejército lo siguen sosteniendo como opción válida.
En ese escenario se realizaron en todo el territorio venezolano el fin de semana pasado ejercicios cívico militares de defensa bajo el nombre «Soberanía 2017». Allí participaron unos 200 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto con 700 mil milicianos, reservistas y civiles, con el objetivo, en palabras de Nicolás Maduro, de construir una «articulación eficiente de los sistemas de defensa y protección del sagrado territorio de la Patria sobre la base de cualquier amenaza que contra nuestro país se pretenda desde el exterior”.
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