“La falta de regularización de las tierras indígenas es la causa de todos los conflictos”

El abogado especialista en derecho indígena, Eduardo Hualpa, analizó el estado de aplicación de la ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras y afirmó que “es posible que sectores del gobierno no quieran volver a prorrogarla” porque afecta intereses de particulares cercanos.

La desaparición de Santiago Maldonado y la protesta mapuche por la liberación del lonco Facundo Jones Huala pusieron en primera plana un conflicto de larga data en nuestro país y todo el continente: la propiedad de la tierra y el reclamo de las comunidades originarias por sus territorios ancestrales, contemplado en la Constitución Nacional argentina en su artículo 75, inciso 17.

En noviembre de este año vence la segunda prórroga de la ley 26.160 que, sancionada en 2006, proponía un plazo de tres años para realizar un relevamiento y registro catastral de la situación de las tierras en disputa entre comunidades indígenas y el Estado o particulares. Mientras se llevara a cabo ese relevamiento, la normativa prohibía los desalojos. En diálogo con Notas, Eduardo Hualpa, abogado especializado en la materia, sostuvo que desde la creación de esta legislación, sólo el 48% del territorio en conflicto fue estudiado y relevado, con lo cual se vuelve necesario un nuevo plazo para completar la tarea.

“La falta de regularización de las tierras de comunidades indígenas es la gran causa de todos los conflictos”, aseguró. Pero, remarcó, “hay sectores del gobierno que no quieren la renovación de la prórroga”. Es que, por los argumentos que están desplegando contra la ley y su sentido -“en relación a los mapuches, pero también en otros lugares del país”-, los funcionarios dan a entender que “los intereses de quienes puedan estar afectados por esta ley están vinculados con sectores del gobierno”.

La norma vigente fue sancionada en el marco de una serie de conflictos, entre ellos el reclamo de recuperación de territorio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco contra los Benetton. “La ley fue un parche para suspender los desalojos hasta que no se esclarezca y mientras tanto establecer un relevamiento territorial, catastral, etc”, explicó Hualpa.

Desde un principio “no se suponía que la ley se cumpliera en cuatro años”, ya que establecer los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de todo el país es muy difícil “política, técnica y económicamente”. “Es razonable que se haya demorado”, aseguró.

Pero además, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, “la mayoría de los trámites y convenios con provincias para el relevamiento se han congelado”. “Hay una paralización”, remarcó. El macrismo cambió todo el personal político y técnico. Pero a su vez, “los convenios con las distintas entidades que llevaban adelante el relevamiento en cada provincia también han terminado. No se renovaron los plazos ni se establecieron nuevos convenios”.  Aunque tampoco antes era todo color de rosas: “Desde 2006 hubo una sobreejecución presupuestaria en relación a las comunidades que se habían relevado, lo que fue anotado por la Auditoría General de la Nación”, afirmó el abogado.

Por otro lado, aunque la legislación implicó un paso adelante y un marco jurídico para frenar los desalojos, el abogado subrayó que “el relevamiento que indica la ley no implica título de propiedad. Es uno de los grandes problemas pendientes. La ley se queda a medio camino”.

Los conflictos, que se replican en todo el país, se dan con propietarios particulares, pero también con universidades, sectores de la iglesia, el Estado nacional, los Estados provinciales y municipales. “Es decir, la tierra está distribuida de una forma bastante compleja. Y la mayoría de quienes no tienen garantizados sus títulos son los pueblos indígenas”, explicó Hualpa. “Por eso también son blanco de la rapiña de los particulares que tienen capacidad de golpear puertas oficiales y hacerse de títulos”, añadió.

Por eso en cada caso “hay que estudiar la historia concreta de lo que pasó con esas tierras”. La Argentina “es un país muy grande y las situaciones de los distintos pueblos son muy diversas, incluso dentro de un mismo pueblo”, como se evidencia entre los mapuches radicados en distintos lugares de la Patagonia. “El Estado hace años está haciendo una tarea -con sus luces y sombras- pero todavía es bastante insuficiente”, remarcó el abogado.

Fede Araya – @fedearayac y Julia de Titto – @julitadt