Eldorado: intendente y empresas niegan servicios básicos a la población

Organizaciones sociales y ONGs denunciaron a miembros del Municipio de Eldorado, Misiones, y de la Cooperativa de Electricidad local por negar la instalación del servicio a habitantes de barrios populares que no cuentan con título de propiedad aunque poseen el Certificado de Vivienda Familiar que los habilita para hacer la conexión a la red.

En un comunicado firmado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y TECHO, se sostiene que en dicha localidad misionera se les ha solicitado a los vecinos «para hacer la conexión de los servicios públicos» que sean «propietario de la tierra».

Sin embargo, las organizaciones ponen de manifiesto que eso contradice el propio Reglamento General de la Cooperativa proveedora del servicio. En el Artículo 2, inciso C, dice que para solicitar el servicio se deben presentar “elementos demostrativos de dominio, posesión, tenencia u ocupación del inmueble a la fecha de la solicitud”.

A esto se suma que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) emitió el 16 de junio de este año la Resolución 148-E/2017 que insta «a los Entes Reguladores de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter nacional o provincial a que, en el marco de sus respectivas competencias, adecuen la normativa que regula su acceso, permitiendo que se reconozca como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar su respectiva conexión, la presentación del Certificado de Vivienda Familiar».

¿Qué es el Certificado de Vivienda Familiar?

En el texto difundido por la CTEP, Barrios de Pie y TECHO explican que el Certificado de Vivienda Familiar es producto del trabajo de las organizaciones. «No es un título de propiedad», aclaran. Sin embargo es un documento emitido por AABE y entregado por ANSES «de forma gratuita» y que tiene «los mismos alcances que un certificado de domicilio para las personas que habitan en Barrios Populares».

Esta política pública fue implementada a través del Decreto 358/17, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de este año. Allí se puntualiza que «dicho instrumento se considerará un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y/o CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas».

«El Certificado de Vivienda Familiar te habilita a solicitar los servicios de agua y luz según un decreto presidencial», explicó José Luis Fuentes, integrante de la CTEP en Eldorado, en diálogo con Notas. «Si cualquier empresa o cooperativa tiene otra reglamentación tiene que adaptarla», añadió enfatizando lo señalado en el comunicado.

La pobreza y un caso testigo

Fuentes detalló que en el pueblo «son muchos los barrios que no tienen los servicios básicos, ni siquiera agua y estamos con esa dificultad».

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que pertenece a la CTEP, elaboraron un informe al que tuvo acceso este medio en relación a la situación del barrio Paticuá (La Virgen). Allí habitan más de 20 familias las cuales «no cuentan con ningún tipo de servicio público, ni siquiera los esenciales, agua, recolección de residuos y luz eléctrica».

La economía del barrio depende centralmente de un puerto «no habilitado» que se encuentra a orillas del río Paraná, a 500 metros de las casas. El informe señala que esta precariedad económica «condiciona a los vecinos a la hora de movilizarse para reclamar sus derechos», ya que «si se tornan rigurosos los controles», podrían clausurarles su única fuente de ingresos. Otra actividad es el cultivo de la tierra, «en su mayoría para el autoconsumo y el intercambio».

Si bien desde 2011 los vecinos y vecinas vienen exigiendo que les instalen los servicios, desde la Cooperativa aseguran no tener habilitación municipal y desde el Municipio han afirmado que es responsablidad exclusiva de la empresa.

Como alternativa, quienes viven en Paticuá, propusieron en 2015 al Concejo Deliberante local que se instalen canillas públicas. La iniciativa tampoco prosperó. Ahora han retomado el reclamo a partir de la obtención de los Certificados que los habilitan legalmente a exigir la conexión de agua y electricidad.

La estructura clientelar

José Luis Fuentes denunció que «el intendente Norberto Aguirre obstaculiza, con distintos discursos, que esto se concrete». «Incluso la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Municipalidad para que dinamice el cumplimiento de este plan», añadió.

Consultado sobre cuáles son los verdaderos motivos para esta inacción gubernamental detalló: «El problema está muy ligado al clientelismo político. Estos barrios populares están en condiciones muy precarias, entonces en época de elecciones van los punteros y dicen a quién le van a dar el servicio y a quién no».

«Esa situación clientelar es muy funcional a la arquitectura política que hay acá. Pero a partir del Certificado de Vivienda Familiar eso desaparece», concluyó.