Anarquistas y mapuches: la amenaza anti-argentina

Por Martín Ogando*. La desaparición de Santiago Maldonado es un hecho gravísimo cuya responsabilidad directa recae sobre la ministra Patricia Bullrich y el Ejecutivo nacional. Detrás de este hecho fundamental, se despliega una sórdida campaña contra una supuesta guerrilla mapuche, de objetivos separatistas y métodos terroristas. La fórmula es simple y antigua: la estigmatización y des-humanización del oprimido que resiste.

El odio racista que Lanata y otras voces destilaron fue tan aberrante que dejó en segundo plano a Joaquín Morales Solá, que en su columna de La Nación (9/8) afirmó, refiriéndose a los reprimidos: “El aspecto más grave de ese movimiento son sus ideas, confesadamente (sic) anarquistas, y sus métodos violentos, que tienen varios y muy graves antecedentes en la Patagonia”.

Sin embargo, lo que tiene muy graves antecedentes en nuestra Patagonia no es la supuesta violencia anarquista, sino el terrorismo de Estado y el genocidio. El primero y más evidente es, “casualmente”, el exterminio de los pueblos indígenas con las llamadas “campañas del desierto”. Pero Morales Solá alude a los anarquistas, en referencia a los hechos de la Patagonia Rebelde, ocurridos entre fines de 1920 y enero de 1922.

La anarquía y el paquete de velas: la Patagonia se rebela

El 1°de noviembre de 1920 la Sociedad Obrera de Río Gallegos lanzó la huelga general en defensa de los peones rurales, esquiladores y arrieros. Sus “ambiciosas” demandas eran: un sueldo mínimo de 100 pesos, mejores raciones, que en los cuartos de 16 mts. cuadrados no durmieran más de tres hombres, el reconocimiento de la organización sindical y la entrega de un paquete de velas al mes (!). Indignantes exigencias del “terrorismo” anarcosindicalista. Los obreros llevaban adelante sus tareas en precarias instalaciones en medio de la fría estepa patagónica (hasta -20°C en invierno), durante cerca de 16 horas diarias, con el domingo como único día de descanso y solían cobrar bonos que se canjeaban por debajo de su valor nominal.

La protesta tuvo como respuesta inmediata el intento de asesinato de uno de sus líderes, Antonio “El Gallego” Soto, y la muerte en manos de la policía de un huelguista. Estos hechos, y la intransigencia de la Sociedad Rural provincial, profundizaron la violencia del conflicto. Los huelguistas recorrían las estancias evitando la represión, y no fueron pocos los enfrentamientos armados y las tomas de rehenes. Una supuesta emboscada contra la policía en el paraje El Cerrito y la agitación de la Liga Patriótica Argentina terminaron de gestar las condiciones para la intervención militar el 2 de febrero de 1921.

El teniente coronel Varela, enviado por el gobierno de Yrigoyen, buscó un entendimiento con los huelguistas. El 22 de febrero se homologó un acuerdo que contenía algunas demandas obreras. Sin embargo, desconociendo el acuerdo, los estancieros desataron una cacería sobre los huelguistas, utilizando a la policía provincial y a bandas parapoliciales.

“Podrán decir que fui un militar sanguinario pero jamás que fui un militar desobediente”

La Sociedad Rural, la Liga Patriótica Argentina y, luego de algunas vacilaciones, el gobierno nacional, se fijaron como objetivo liquidar la agitación obrera. La exigencia de derechos por parte de trabajadores de salarios exiguos y existencia miserable debía ser respondida de manera ejemplar.

En Buenos Aires, La Prensa, La Razón y La Nación (sí, la misma), lanzaron una campaña alertado sobre el peligro anarquista, los bandoleros y el riesgo de perder la Patagonia con los chilenos. Cualquier bizarro parentesco con la realidad actual no es mera coincidencia.

Durante todo 1921 se profundizaron los conflictos sindicales en distintas actividades y la persecución de todo activismo obrero, particularmente el de raigambre anarquista. El 24 de octubre fueron atacados y clausurados los locales sindicales de la provincia. Decenas de dirigentes obreros detenidos, torturados y deportados. El extranjero indeseable debía ser eliminado.

Inmediatamente se desató una nueva huelga general que esta vez fue reprimida ferozmente desde sus inicios por Varela, recientemente llegado para sofocar la nueva desobediencia. Se impuso la pena de muerte, ejecutada de manera sumaria y sin  juicio alguno. Estado de excepción. Lo que vino después se inscribió para siempre como una de las mayores masacres clasistas de la historia argentina. Se calcula en 1.500 el número total de obreros asesinados.

Anarquistas, subversivos, terroristas… desaparecidos

Los anacronismos no son nuestra responsabilidad. Los discursos del poder, los que ponen la ganancia por sobre la vida, suelen repetir y reactualizar sus libretos. El gran capital exigiendo la mano férrea del Estado en defensa de su sagrada propiedad, hoy Benetton, ayer los comerciantes británicos y la Sociedad Rural; las “fuerzas del orden”, siempre tan obedientes a sus verdaderos mandantes, ayer Varela, hoy la Gendarmería Nacional.

Finalmente, la construcción del otro como un enemigo ajeno al cuerpo social, des-humanizado y dotado de oscuras intenciones, destructor de nuestros “valores nacionales” y de lo “civilizado”. Un otro cuyas reivindicaciones no son parte de las demandas “legítimas” que el Estado debe gestionar, sino que atentan contra la propia existencia de la sociedad (contrapunto que el columnista realiza, cínicamente, entre mapuches y organizaciones sociales). Son “terroristas” y deben ser erradicados. Por eso, al extremo, su propia desaparición puede ser un daño colateral o un exceso. Remanido, previsible, pero no por eso menos peligroso y actuante discurso de nuestra derecha, nueva y vieja.

A siete kilómetros de Gobernador Gregores, en el centro de la Provincia de Santa Cruz, se encuentra Cañadón de los Muertos. Allí 200 peones rurales fueron obligados a cavar una fosa común, luego fusilados y sus cuerpos incinerados. Ese es el verdadero terror sembrado en la Patagonia, Sr. Morales Solá, y sus ejecutores de ayer son sus protegidos de hoy.

@MartinOgando

* Sociólogo, investigador y docente de Historia Social Argentina (UBA)