Venezuela y la carrera que vendrá

Por Julián Aguirre, desde Caracas. El panorama no deja de ser desafiante para el oficialismo. El apoyo recibido por la Constituyente no se traslada necesariamente a las gestiones locales. El gobierno se anotó una victoria táctica que le permitirá encauzar por vías políticas el conflicto y aislar a los sectores más comprometidos con la violencia. Pero reclamará tomar medidas urgentes si espera salir airoso de la nueva ronda que se avecina en diciembre.

El júbilo que transpiraba la manifestación chavista que se apoderó del centro de la ciudad contrastaba enormemente con el tenso silencio de los pocos focos de tensión que quedan activos en la ciudad, principalmente en el Este. Manifestación de que dentro del país existen en apariencia dos realidades insertas en una polarización que no es solo política, sino también social y cultural.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) será la vidriera donde se dirimirán las tensiones al interior del chavismo. Una puja que enfrenta a orientaciones sobre el devenir del país y del proyecto bolivariano, a intereses corporativos y agendas locales. Con una gran representación de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y funcionarios nacionales, del chavismo “oficial”, la Asamblea significará un desafío para aquellos sectores que aspiran a instalar propuestas que renueven y radicalicen la propuesta de gobierno.

Luego de la elección, el dólar paralelo trepó a la cifra de 18 mil bolívares en cuestión de días, impactando de lleno en la fijación de precios y en la economía informal que domina los intercambios cotidianos del día a día. Un golpe programado directo al bolsillo de la población, que reclamará mecanismos institucionales adecuados para combatir estas prácticas de carácter especulativo; en especial si el gobierno quiere contener los efectos negativos sobre el bienestar de la población de cara a la ronda electoral de diciembre.

La oposición reajusta su brújula

Desde el 30 de julio, la consternación y la resignación se han apoderado del campo opositor, mientras su dirigencia dirime cuentas pendientes, busca reflexionar sobre el fracaso de su campaña (“La hora cero”) y comienzan a asomar algunos líneas generales sobre lo que vendrá.

El primero en sentar posición fue Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática, al confirmar el jueves 3 que su partido participará de las elecciones para alcaldías y gobernaciones en diciembre. Una propuesta política de cara a las elecciones podría encauzar las expectativas que la escalada de violencia, incitada por los sectores más extremistas, se encargó de expulsar.

Además está la esperanza de recoger los restos dejados por el fracaso de la agenda de calle destituyente que marcó los últimos meses. En medio de una renovada disputa por el liderazgo y los esfuerzos para evaluar que llevó al fracaso del boicot contra la constituyente, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pone en juego su credibilidad.

Reordenar el tablero: cerrar la brecha en el corazón del gigante

Tras un antejuicio de mérito, la fiscal general Luisa Ortega fue removida de su cargo debido a faltas graves con respecto a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) que rige sus competencias y funcionamiento.

El MP está encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado. Sin embargo, ha llamado la atención su inacción en contraste con el activismo que demostró Ortega para condenar las iniciativas gubernamentales de los últimos meses. Su participación fue central en la campaña opositora para desconocer la Constituyente, así como también acompañó la designación unilateral e inconstitucional de un cuerpo de magistrados paralelo.

Diversas organizaciones sociales de derechos humanos han reclamado contra la inacción del MP en la resolución de sus respectivos casos, entre las cuales se encuentran el Frente de Familiares de Víctimas contra el Sicariato Campesino y el Comité de Víctimas de la Guarimba. De igual manera, se negó a condenar o siquiera reconocer las pruebas de incitación a la violencia y ataques directos contra personas y agencias públicas protagonizados por grupos de oposición en estos meses.

Si algo ha dejo de todo esto la crisis política actual, es que la polarización se ha hecho transparente al interior del mismo Estado. Con la designación de Tareck William Saab, anterior Defensor del Pueblo, como nuevo fiscal general, el gobierno espera sanar esa brecha de legalidad.

Esta nueva situación se ve acompañada por la decisión de la ANC de designar una Comisión de la Verdad destinada a estudiar y esclarecer las circunstancias que rodean a las muertes producidas en estos meses para conducir un debido proceso judicial.

Entre los golpes aparentes y la presión exterior

La mañana del domingo se vio sacudida por el anuncio de un aparente “levantamiento militar” contra el gobierno. No obstante, los hechos se limitaron a la incursión de un grupo mixto de militares y civiles que intentó penetrar dentro de la 41 Brigada Blindada del Ejército en Valencia, estado Carabobo. La operación incluyó la difusión de un video grabado por un oficial subalterno que hace tres años fue separado de la institución por traición a la patria y rebelión.

Pocas horas después, el ataque había sido repelido y se contaban 10 detenidos y 2 muertos. La acción, sin acompañamiento por las condiciones políticas, tuvo más efecto mediático en el exterior como hecho propagandístico.

Al igual que ocurrió con el ataque del helicóptero contra las sedes del TSJ y del Ministerio de Interior, quedará la duda si este episodio fue un manotazo aislado de un sector o parte de un plan a mayor escala abortado o interrumpido a último momento.  Sin embargo contribuyó en la prensa internacional a construir una narrativa de desgobierno y caos generalizado contrapuesta con la caída de la conflictividad de la calle.

Sumado al esfuerzo por negar la legitimidad de la ANC e invisibilizar la participación en la votación, se busca condicionar a las audiencias internacionales para recibir con mayor predisposición la toma de represalias ya anunciadas contra el gobierno. La reciente suspensión política del país del Mercosur afirma que la presión esta vez vendrá principalmente del frente externo.

@julianlomje