Ruanda, genocidio y 98% de los votos para una reconciliación autoritaria

Este viernes se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Ruanda. El actual presidente Paul Kagame, en el poder desde el año 2000, triunfó con el 98% de los sufragios contra otros dos candidatos. El resultado no fue sorpresa ya que las encuestas ubicaban al mandatario con un 95% de intención de voto.

Cabe destacar que Kagame, que accedió a la presidencia elegido por el Parlamento tras la destitución de Pasteur Bizimungu, ganó luego las elecciones de 2003 con el 90% de los sufragios y las de 2010 con el 93%. Además en 2015 convocó a un referéndum constitucional para aprobar la re-reelección (lo que le permitió presentarse este año) y la reforma fue aprobada por un respaldo del 98%.

Los candidatos opositores fueron el independiente Philippe Mpayimana (0,72%) y Frank Habineza (0,45%), del Partido Democrático Verde, única formación opositora permitida en el país. Este último tuvo que hipotecar su casa para poder afrontar la campaña. «Mi partido está en quiebra y las empresas que me habían prometido su apoyo se echaron atrás por temor a posteriores represalias del Gobierno», dijo.

Incluso llegó a presentar un proyecto para modificar la ley electoral y permitir el financiamiento desde el extranjero, lo cual fue rechazado.

El artífice de la reconstrucción

Desde que el Frente Patriótico Ruandés (FPR) de Kagame se hizo con el gobierno tras el genocidio de 1994 (que dejó alrededor de un millón de muertos en cien días), Ruanda ha logrado una estabilidad política y económica importante. Cuenta además con el Parlamento con el mayor porcentaje de mujeres del mundo (61%) y se han conseguido dejar atrás las diferencias étnicas que desataron la masacre hace más de 20 años.

Si bien sigue siendo un tema tabú se tomaron medidas como eliminar la referencia al origen étnico de los carnets de identidad y se han fomentado matrimonios entre hutus y tutsis que han ido reduciendo las diferencias físicas que sirvieron en su momento para marcar a potenciales víctimas.

Kagame también ha tomado algunas políticas de protección de la producción nacional, como su reciente anuncio de aumento de los impuestos a la importación de ropa usada estadounidense para fomentar la industria textil. Este es el paso previo para, en 2018, prohibir directamente el ingreso de esos productos.

“Tenemos que hacer otras cosas; tenemos que hacer crecer nuestras economías, nuestras industrias”, sostuvo. “África debe centrarse en la industrialización”, añadió.

Hoy la economía de Ruanda se asienta fuertemente en la agricultura -mayormente de subsistencia-, que le ha permitido avanzar en su soberanía alimentaria. Su principal fuente de divisas es el turismo, que ha tenido un gran impulso los últimos años, y la casiterita (a partir de la cual se produce estaño) se ha convertido en el principal producto de exportación.

Cabe destacar además que desde el año 2006 la economía ruandesa ha crecido constantemente, teniendo un promedio anual del 8% entre 2001 y 2014. También se cuenta como un logro la reducción de la pobreza que alcanzaba a un 70% de la población en 1994 y actualmente se ubica en un 39,1% (2014).

Control social y mano dura

No obstante estos logros, las denuncias por censura y violaciones a los derechos humanos han aflorado durante el gobierno de Kagame. Amnistía Internacional informó sobre agresiones a opositores y la Comisión Electoral estableció censura previa a los mensajes en las redes de los candidatos durante la campaña.

En 2010 el vicepresidente del Partido Democrático Verde, Andre Kagwa Rwisereka, fue encontrado muerto con varias puñaladas y la cabeza cortada. El crimen nunca fue esclarecido y los pedidos de una investigación internacional independiente fueron negados por el gobierno.

Otro ejemplo en este sentido es que desde 2014 está bloqueado el sitio web de la BBC en kinyaruanda (la lengua oficial) porque la cadena británica difundió un documental sobre el genocidio ruandés que no coincidía con la mirada del gobierno.

Por otra parte Kagame fue acusado por jueces españoles y franceses de tener responsabilidad en el asesinato del presidente hutu de Ruanda, Juvenal Habyarimana, en 1994, así como también de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil en la República Democrática del Congo en la década de 1990.

El último genocidio del siglo XX

En Ruanda las diferencias entre las etnias hutu y tutsi provienen de la etapa precolonial. Los tutsi, eran quienes poseían el ganado y eran propietarios de la tierra. Por su parte los hutu se dedicaban a la agricultura y a trabajar para los tutsi.

Con la invasión de Bélgica de esos territorios, esta división se reforzó. La racialización de las diferencias entre grupos fue apoyada por los belgas que se aliaron con los tutsi, beneficiándolos con el sostenimiento de su posición económica, el acceso a algunos cargos en la administración colonial y garantizándoles el acceso a la educación occidental.

Sin embargo con la independencia de Ruanda en 1962 los hutu se hicieron con el gobierno. Desde entonces se dio un proceso que apuntó a construir el nacionalismo ruandés a partir de su homologación con quienes hasta entonces habían sido excluidos de las instancias de poder.

Esto fue generando tensiones y finalmente la guerrilla del Frente Patriótico Ruandés (FPR), formado por tutsis exiliados en Uganda (Kagame, entre ellos), entró al país en 1990. Luego de cuatro años de guerra el presidente hutu Juvenal Habyarimana y el FPR resolvieron negociar la paz.

Habyarimana y Cyprien Ntaryamira, presidente hutu de Burundi, murieron cuando el avión en el que viajaban fue derribado. Hasta el día de hoy existen versiones contrapuestas sobre si el ataque fue perpetrado por tutsis o hutus radicales que se oponían a la paz.

Esa acción desencadenó una orden gubernamental para acabar con toda la población tutsi del país. En cien días, mientras la comunidad internacional miraba para otro lado (al punto que la ONU pidió perdón 20 años después), alrededor de un millón de personas -principalmente tutsis pero también hutus “moderados”- fueron asesinadas y dos millones huyeron del territorio.

Cuando la situación ya era insostenible, el FPR terminó haciéndose con el gobierno con respaldo de tropas belgas. Solo sobrevivieron al genocidio 19 abogados por lo que los procesos para juzgar a los genocidas se llevaron a cabo con ayuda de un Tribunal de Naciones Unidas.

Santiago Mayor – @SantiMayor