3 agosto, 2017
«Lista negra»: el gobierno registrará a los abogados que cuestionen la nueva ley de ART
La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dependiente de Jorge Triaca. Se enmarca dentro de la estrategia oficial contra los reclamos judiciales. Las voces críticas hablan de estigmatización y persecución.
A través de la Resolución 760/17, publicada este miércoles, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) creó un registro especial “para el estudio de la litigiosidad del sistema de riesgos del trabajo”.
Se trata de una base similar a la creada en 2010, aunque con una salvedad: además de la inclusión de datos con finalidad estadística, el oficialismo decidió incorporar un apartado especial para el registro de aquellos abogados que planteen la inconstitucionalidad de la última reforma.
La norma en cuestión, sancionada en febrero de este año, recibió en su momento críticas por parte de varios especialistas, quienes cuestionaron los criterios para permitir el acceso de los trabajadores a la Justicia. En una disputa política reñida, incluso diputados de posiciones intermedias como Margarita Stolbizer señalaron que el nuevo precepto era “contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley”.
Menos de un mes después de su sanción, los primeros planteos de inconstitucionalidad ya habían llegado a los tribunales. Se trataba de trabajadores que buscaban sortear los criterios restrictivos de las comisiones médicas, ahora de instancia obligatoria.
Parte de ello es también lo que hizo caer la vieja de ley de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995. Según el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, fallos paradigmáticos de la Corte Suprema, como “Castillo”, “Venialgo”, “Marchetti” y “Obregón”, cuestionaron la década pasada muchos de los criterios que hoy se repiten.
La débil protección del trabajador en el centro de la escena. Pero además, los abogados realizaron desde marzo pasado sus propios planteos contra la ley, en defensa de su actividad. “Obligar al trabajador víctima de un infortunio laboral y a su abogado patrocinante a someterse al arbitrio de una junta médica para resolver un conflicto legal importa una clara e indiscutible denegación de justicia”, sostuvo por ejemplo el Colegio que nuclea a los letrados porteños.
Por su parte, el gobierno reforzó su discurso en contra de los reclamos judiciales: desde la insistente descalificación de la actividad como “industria del juicio” hasta el llamado presidencial a “enfrentar a la mafia de los juicios laborales”.
Pero estaba claro que eso no sería todo. La nueva base de datos se inscribe en esa estrategia. “El registro de trabajadores y abogados litigantes sólo puede ser usado para amedrentar y atemorizar”, cuestionó el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. “Esta lista negra implica la sistematización de la persecución a los que trabajan, porque pesa sobre ellos la amenaza de ser señalados si osan reclamar”, agregó.
Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), María Paula Lozano consideró en igual sentido que la disposición “estigmatiza a los que reclaman por sus derechos”, además de que “no tiene fundamento de para qué se utilizará esa información”. Una pregunta todavía sin respuesta, aunque ya genera inquietud.
Federico Dalponte – @fdalponte
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