Las calles son nuestras: convocan Caravana Nocturna feminista en San Telmo

Este viernes a las 20 se realizará una Caravana Nocturna de mujeres que partirá desde la Plaza Dorrego y se dirigirá hacia la Dirección General de la Mujer (DGM) de la Ciudad de Buenos Aires. Exigirán un Protocolo de Acción contra la violencia de género.

“Para mostrar que cuando estamos juntas no tenemos miedo”, argumenta Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, referente feminista y precandidata a legisladora porteña por Ahora Buenos Aires, al ser consultada sobre el porqué de la actividad callejera. “Es que las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad en la materia son ineficaces e insuficientes, por eso sólo nos queda cuidarnos entre nosotras”, completa, en diálogo con Notas.

“Estamos reclamando la implementación de un Protocolo de acción contra la violencia de género. En la ciudad existen distintos dispositivos, pero no tienen ni el presupuesto ni la efectividad necesarios, son muy limitados”, detalla la socióloga y referente feminista. Y plantea que se trata de que el Estado garantice “políticas públicas integrales, capacitaciones a los y las profesionales de distintos ámbitos y la territorialización de las políticas públicas”.

En un original video que publicó esta semana en Facebook, Freire reproduce una conversación en un grupo de Whatsapp entre mujeres que se preguntan si “llegaron bien” a la noche a sus casas. “Para las mujeres siempre está el riesgo de no volver, de que nos violen o acosen en el camino, que pasemos momentos horribles”, dijo, “y nosotras queremos disfrutar esta hermosa Ciudad y vivirla con libertad”.

Además, como asegura Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de derechos humanos y precandidata a diputada nacional por la misma lista, no se trata de pensar en una política de seguridad que apunte a endurecer el punitivismo o ampliar la presencia policial en las calles, como piensan desde el gobierno nacional y el de la Ciudad, sino de enfocar en la “prevención y acompañamiento ante cada violencia que sufrimos”. Por eso exigen “un Estado realmente garante de todos nuestros derechos”.

La iniciativa se inspira en una movida similar que realizaron en Rosario colectivos feministas. Majo Gerez, referente del movimiento de mujeres de esa localidad, había asegurado a Rosario/12 entonces: «Cuando pensamos una ciudad en donde las mujeres podamos vivir libres, la noche es ese momento en el que más inseguras nos sentimos. Por eso impulsamos esta caravana, para mostrarle a los y las rosarinos/as que nosotras movemos la ciudad pero necesitamos que la ciudad se mueva para nosotras».

Gerez, que es también candidata a concejala por el Frente Social y Popular, en el mismo sentido que Freire planteaba: «Queremos poder ir a estudiar, trabajar y divertirnos sin miedo. No queremos juntar valentía para salir a la calle, queremos ser libres. Queremos políticas para la vida y no para el encierro».

La DGM falla

En un material elaborado por Ahora Buenos Aires sostienen que la DGM porteña orienta sus principalmente a la asistencia a la víctima, antes que a la promoción de derechos y prevención.

Entre los puntos donde las políticas públicas contra la violencia de género hacen agua se puede nombrar, por ejemplo, que “no hay un Centro Integral para la Mujer (CIM) por comuna, como indica la Ley 5466 y los que existen no tienen suficientes vacantes”. A su vez, “cada vez hay menos trabajadoras y trabajadores en los equipos interdisciplinarios y los programas. Actualmente, solo tres CIMs tienen el equipo interdisciplinario completo (psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales) y brindan todos los programas de asistencia”.

Por otro lado, la situación edilicia y el equipamiento están en “grave deterioro”. “A pesar de la creciente visibilización de la problemática y aumento de la demanda, en los últimos años se registra una disminución de la cantidad de mujeres asistidas en los CIMs”, sostiene el informe.

Desde su creación en 2009, el presupuesto destinado a la Dirección General de la Mujer en relación al Presupuesto General ha descendido de forma constante. En 2009 su participación era del 0,097%, mientras que el presupuesto proyectado para 2017 es del 0,065%. “Sin embargo se incrementaron las transferencias al sector privado, que aumentan de $2.250.000 en el 2016 a $4.900.000 en el 2017, elevándose a más del doble de un año a otro”, denuncian.

Un protocolo para la acción

La Caravana llevará este viernes a la DGM el reclamo por un Protocolo para la prevención de la violencia de género en la Ciudad. Entre las demandas se encuentra la ejecución de acciones de prevención y campañas de sensibilización, lo que implica garantizar el acceso a la información sobre los recursos existentes en la ciudad, la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos.

Además exigen la territorialización de los dispositivos de atención: CIMs y oficinas de asistencia y asesoramiento en todos los barrios para un mejor acceso y descentralización de la atención.

Por otro lado, plantean la necesidad de la creación de juzgados y patrocinios legales gratuitos específicos con profesionales formados en perspectiva de géneros y derechos humanos.

Reclaman a su vez que se tracen articulaciones con instituciones de referencia de las mujeres, trans y travestis en los barrios, como por ejemplo, los centros de salud (CeSACs); un plan de capacitación y sensibilización con trabajadoras y trabajadores de la salud y la educación, para detectar casos de violencia, acompañar a las mujeres y derivar a las instituciones pertinentes; y capacitación de agentes de la justicia en todos los niveles.

El Protocolo propuesto también apunta al desarrollo de políticas integrales que garanticen el acceso a todos los derechos “disminuyendo las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad que son soporte de las violencias de género”. Hacen referencia, por ejemplo, a subsidios para el acceso a la vivienda, licencias por violencia de género, acceso a la salud pública integral y con perspectiva de género, cupo laboral trans, entre otras.

Por último, remarcan la importancia de dotar a las dependencias encargadas de la aplicación de la legislación vigente del presupuesto necesario y de que esos recursos sean implementados desde el Estado y no de forma tercerizada en el sector privado y de ONGs.

Julia de Titto – @julitadt