En plena campaña, el gobierno desliza una posible reforma previsional

Por Matías Cassani. Quizá algo desapercibidas entre las novedades de la campaña electoral, volvieron a ser noticia las declaraciones Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). “Lo ideal sería tener un sistema, como he leído que tienen otros países, donde la edad es voluntaria; es decir, el trabajador tiene la opción, después de los 65 en el caso del hombre o de los 60 en el caso de la mujer, de seguir trabajando”, dijo.

Tal vez resulte conveniente analizar más en profundidad esto que, aunque presentado sencillamente como una opinión personal, no dejan de ser las palabras del funcionario responsable de administrar los fondos que financian las jubilaciones y pensiones, actuales y futuras.

La pretensión de avanzar en una “reforma previsional” por parte del gobierno nacional luego de las elecciones legislativas, ya se hizo explícita en boca de distintos funcionarios y voceros. Sin embargo, volver atractiva o siquiera legítima una reforma del sistema jubilatorio en nuestro país, después del naufragio de las AFJP -en el que sus capitanes-bancos privados lejos estuvieron de hundirse con sus barcos- no parece ser tarea fácil.

Tanto es así que, en lo que ya podría ser el deporte oficial de Cambiemos, la instalación en agenda del tema empieza con una mentira. La Ley vigente (Ley N° 24241 Art. 19° y similares) establece que alcanzar cierta edad, de 65 años en el caso de los hombres y 60 para las mujeres, lo que trae no es una obligación, sino todo lo contrario. Al alcanzar la edad jubilatoria, siempre siguiendo la ley, se adquiere un derecho a las prestaciones previsionales. Entonces, lo que en el discurso oficial aparece como una obligación que pesa sobre individuos privados de elegir hasta qué momento de su vida trabajar, en la realidad, es la garantía de un derecho para los/as trabajadores/as.

Podríamos asumir una mirada condescendiente y, en lugar de atribuirle la intencionalidad de un engaño, creer que Basavilbaso cometió un error. Pero esto tampoco dejaría bien parado al funcionario que habría malinterpretado uno de los artículos más importantes de la ley que rige su área de trabajo.

La jubilación como derecho

En el falso debate de jubilación obligatoria o voluntaria confluyen una serie de imaginarios, desde los que intentarán legitimar una reforma previsional que no persigue otro objetivo más que cumplir el decálogo neoliberal, reduciendo el sistema previsional y de seguridad social al mínimo posible. A nadie escapa que, en nuestro país, ser jubilado suele ser una situación más bien alejada del buen pasar económico.

Por otro lado, en un nivel subjetivo, “ser jubilado” es un claro cambio de status respecto del “ser trabajador”. Se entiende, entonces, que a priori nadie desee ser obligado a entrar en esa categoría, muchísimo menos si “puede” seguir trabajando. Sin embargo, el elemento central de la operación, no es distinto al de otras iniciativas macristas.

El centro de la discusión debe ser, también en este caso, el de los derechos. Porque hablar de un derecho, implica reconocer alguna obligación de garantizarlo. En el caso de nuestro sistema jubilatorio, esa obligación recae en la ANSeS.

En otras palabras: cuando un trabajador cumple 65 años, el único obligado (y sólo en el caso en que el trabajador lo solicite, trámite administrativo mediante) es el Estado.

Sin embargo, invierten la ecuación. Detrás del canto de sirena del esfuerzo individual y una supuesta “libertad de elegir”, esconden sus verdaderos intereses de avanzar sobre el sistema jubilatorio más inclusivo de Latinoamérica (actualmente en Argentina, las tasas de jubilación son cercanas al 100% y asimilables a los países más desarrollados).

Tal vez, vaya siendo hora de obligar a jubilarse a la receta neoliberal de privatizar los sistemas previsionales, aumentar la edad jubilatoria y reducir los gastos estatales en Seguridad Social que, desde hace más de 30 años no hicieron otra cosa que quitarles derechos a los y las trabajadoras en cada país en el que se implementaron.

@matucassani