Despidos y lockout patronal en Cresta Roja

El jueves pasado la avícola Cresta Roja anunció 50 nuevos despidos. Ante el reclamo de los trabajadores el viernes se dictó una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. Sin embargo este lunes la planta amaneció militarizada y cerrada, dando lugar a un lockout de parte de la empresa.

Daniel Vega, uno de los trabajadores declaró: «Llegamos a trabajar el jueves y nos encontramos con la noticia de que estaba la Policía entregando fotocopias de telegramas de despido y el portón cerrado».

Según sostuvo en diálogo con «Con el pie izquierdo» (Radio Sur 88.3) «no hay argumentos para los despidos». En la reunión del día viernes «la empresa no argumentó nada». «Simplemente que nos echa porque supuestamente hay una crisis en el campo aunque no aclara como eso afecta a Cresta Roja», apuntó Vega.

«Hasta el día anterior de los despidos estuvimos trabajando normalmente al 100%, no hubo menos camiones de pollos, ni nada», añadió.

El trabajador comentó además que entre los despedidos están «todos los representantes de los sectores». «No tenemos Comisión Interna hace tres meses porque se esfumó, se fue. No se sabe donde están, cobran el sueldo pero no se presentan en la fábrica», dijo. Ante esto, «cada sector eligió un compañero como representante y a esos veintipico los echaron».

Por otra parte contó que durante el último año a la empresa no le fue mal y «el trabajo fue creciendo de a poco», pero «las conquistas de años anteriores se perdieron». «En 2013 cobrábamos nueve mil pesos por quincena y en 2017 cobramos 16 mil por mes», subrayó.

Lockout y reclamo a la gobernadora

Vega denunció que los dueños de Cresta Roja «están haciendo un lockout porque el viernes se firmó una conciliación obligatoria donde la empresa dijo que la iba a acatar pero con los 50 despedidos afuera».

«Aún así vinimos este lunes y estaba toda la policía en las dos plantas, militarizaron todo y pusieron candado en los portones», relató.

Formalmente hasta ahora «son 50 despidos», detalló el entrevistado pero aclaró que «los telegramas llegan por partes y hay gente que no le llegó aún pero en la puerta les dijeron que ya no iban a trabajar más».

Finalmente analizó que «ahora el conflicto se agravó porque Santiago Perea, el dueño, cerró lo portones dejando mínimo a 1800 personas en la calle». «Queremos que la gobernadora María Eugenia Vidal -que se comprometió a que no iba a haber despidos- haga cumplir su palabra», concluyó.