Derechos Humanos

23 julio, 2017

“En la vida en el encierro las condiciones son críticas e infrahumanas”

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) analizó en una entrevista con «Llevalo Puesto» (FM La Tribu 88.7) la actualidad de los derechos humanos en las cárceles argentinas y el funcionamiento del sistema penal.

Rodrigo Pomares, director del Programa de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) analizó en una entrevista con «Llevalo Puesto» (FM La Tribu 88.7) la actualidad de los derechos humanos en las cárceles argentinas y el funcionamiento del sistema penal.

“El sistema está en un colapso crítico y humanitario”, afirmó Pomares consultado por la situación de las cárceles, “al menos en lo que tiene que ver en niveles de sobre-encarcelamiento y hacinamiento”. Es que, según detalló el especialista, en el sistema penitenciario argentino “hay capacidad para la mitad de los detenidos que hay en las cárceles y según el reconocimiento del propio Estado estarían faltando al menos 10 mil plazas.

Consultado sobre la muerte de una mujer que estaba detenida en la Unidad Penal N°8 de Los Hornos que produjo un motín de sus compañeras, Pomares sostuvo que según los relatos del resto de las detenidas “no se le brindó oportunamente la asistencia médica, solo cuando estaba con un pico de presión y así fue que llegó a una unidad sanitaria y falleció ahí”. Con motivo de esto las detenidas se manifestaron y alertaron a las autoridades penitenciarias. “Fueron gravemente detenidas, hay una denuncia penal que la CPM va a estar presentando”, aseguró.

Además, afirmó que hechos como el ocurrido la semana pasada son “el reflejo de la alta incidencia de muertes que se producen por problemas de salud no atendidos dentro de un sistema penitenciario”. “Representan más del 60% de las muertes por encierro. Ese es un dato que también alarma”, subrayó.

En las últimas semanas además de la interna de Los Hornos, también falleció un hombre en una comisaría de Salto, Provincia de Buenos Aires y un joven asesinado por la policía en Barraca (CABA).

Por otro lado, el integrante de la CPM informó que “se han duplicado las muertes en comisarías”. ”En marzo de este año fallecieron siete personas en la Comisaría 1ra de Pergamino”, recordó.

La Comisión Provincial por la Memoria patrocina los familiares de los muertos en aquella ocasión. Hace pocos días “lamentablemente nos anoticiamos de que se dio un arresto domiciliario a gran parte de los policías que estaba imputado. Aún continúa un policia prófugo”, indicó Pomares.

El activista de derechos humanos remarcó que en la actual situación del sistema penal, “las condiciones de detención lo que generan son muertes”. “No es solamente una cuestión de sobrepoblación, que ya de por sí es gravísima, sino que aparte de esto se le agrega que ahora hay un riesgo concreto para la vida de todas las personas”, agregó. “En la vida en el encierro las condiciones son críticas e infrahumanas”, remató.

Por ejemplo, Pomares describió que en las comisarías han encontrado a personas con graves padecimientos, “incluso con enfermedades graves”, hacinadas. Ocho personas en lugares de 2×2 metros, “la mayoría durmiendo sin colchones, en el piso, sin ningún tipo de ventilación ni de seguridad ante el caso de siniestros.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestionaron en los últimos meses al Estado argentino por la situación de las cárceles, en particular las de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a Pomares, el Estado debería tomar una serie de medidas tanto estructurales como otras más coyunturales pero igualmente necesarias. “Lo que hay que hacer es disminuir drásticamente la cantidad de detenidos en el sistema. El sistema no puede tal como está hoy”, subrayó. Y agregó: ”Ni siquiera la construcción de algún complejo carcelario serviría para garantizar que se minimice el impacto del nivel de hacinamiento que hay”.

En ese mismo sentido remarcó que debería haber un acuerdo entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo para “nivelar la tasa de encarcelamiento en la Provincia de Buenos Aires: son 243 cada 100mil habitantes y eso hace colapsar a cualquier sistema”.

Por eso, para el especialista, en paralelo a cualquier otro tema a abordar como la salud o la alimentación, hay que apuntar a la sobrepoblación. “La necesidad primordial es sacar personas del sistema carcelario, no se puede tomar ninguna medida seria y efectiva si no se bajan esos niveles de encarcelamiento”, afirmó.

Además, aseguró es un problema estructural y que el Poder Ejecutivo no se puede alarmar de las condiciones materiales de detención “y a la vez propiciar políticas de seguridad que de manera efectista y demagógica propician el ingreso masivo de personas al sistema penal sin ningún criterio”.

Por su parte, el Poder Judicial “no controla absolutamente nada del procedimiento policial con lo cual ingresan al sistema miles de causas que luego no tienen ningún tipo de sustento”. Cuando llegan a instancias judiciales eso se demuestra pero “en el interín hay personas que pasaron años y años dentro del sistema penal”.

Buenos Aires: una muerte en manos de la policía cada 3 días

Según la información recolectada por el CPM, incluida en un informe preliminar sobre uso letal de la fuerza estatal durante el año 2016, a lo largo del año pasado hubo 110 muertes violentas que involucraron uso de fuerza letal de efectivos de fuerzas de seguridad y policiales en la Provincia de Buenos Aires.

En el 64% de los casos la fuerza involucrada es la Policía Bonaerense, el 15% la Policía Federal, un 11% policías locales, y un 3% la Metropolitana, entre las principales. En el 61% de los casos los efectivos se encontraban fuera de servicio al momento del hecho.

Por otro lado, el municipio bonaerense con más casos es La Matanza (20%), seguido por Quilmes (11%), Lanús (10%), Lomas de Zamora (10%) y La Plata (7%).

Sobre el total de los casos con edad identificada (53) un 8% de las personas asesinadas eran menores de 16 años, el 11% tenía entre 16 y 17 años, el26% entre 18 y 24 años, el 28% entre 25 y 29 años, y el 26% tenían 30 años o más.

“El nuevo sistema punitivo que se está tratando de generar tiene un horizonte que no parece muy alentador”, aseguró Pomares. Y concluyó que como en este contexto socioeconómico los jóvenes no encuentran un futuro posible, “qué mejor para el sistema que bajar la edad de imputabilidad y mandarlos presos”.

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Notas