El negociado detrás del Centro de Exposiciones de la Ciudad

Recién finalizada la obra del nuevo Centro de Exposiciones de la Ciudad (CEC), el gobierno porteño le otorgó su administración por 15 años a la empresa IRSA. En una maniobra de corrupción legalizada la mega corporación inmobiliaria se presentó y ganó una licitación a medida, donde fue único oferente de una supuesta unión transitoria de empresas (UTE), cuyas cuatro integrantes, IRSA, La Rural S.A., Ogden Argentina S.A. y Entretenimiento Universal S.A., tienen la particularidad de tener como socio principal al magnate Eduardo Elsztain.

El Centro, construido sobre la Avenida Alcorta, donde estaban los viejos galpones del ex Centro Municipal de Exposiciones y los playones de estacionamiento y acarreo de la empresa STO, tiene una capacidad  para 5.300 personas, una superficie aproximada de 50 mil m2, de los cuales el edificio ocupa 20 mil m2 y el resto está destinado a un estacionamiento subterráneo con capacidad estimada para alrededor de mil automóviles.

El interesante proyecto realizado por el estudio de Edgardo Minond tiene la particularidad de tener casi toda su superficie bajo nivel, con un parque superior aterrazado que continúa la traza del parque Thays hasta la facultad de Derecho. Resultó ganador de un concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, que estuvo envuelto en cierta polémica, pues uno de sus jurados el arquitecto Berdichevsky era en ese momento socio del ganador en la obra de la nueva sede del Gobierno de la Ciudad, lo cual fue objetado sin éxito por  otros participantes.

Más cuestionada aun fue la decisión de su realización teniendo en cuenta el voluminoso presupuesto oficial asignado, frente a la extensa nómina de prioridades y carencias en materia de salud, educación y el déficit habitacional de la ciudad donde uno de cada diez habitantes vive en villas de emergencia.

El proyecto se inició con la aprobación de la Ley 4923 de 2014 que desafectó el uso anterior del predio y fijo la zonificación para permitir el nuevo destino. Siguió con el llamado a concurso y licitación para la construcción del CEC, para cuya realización en tiempo récord se garantizó el flujo presupuestario que se le niega a otras obras pendientes.

El carácter fraudulento al sancionar la realización del CEC, ya contenía el vicio oculto que apareció tres años más tarde: la ley habla explícitamente de una obra de interés público necesaria para la ciudad, argumento que fundamentó su aprobación. La misma idea se mantuvo al concursarla y realizarla pero con la obra avanzada, con el presupuesto en ejecución y con su finalización a la vista, apareció la propuesta, hasta entonces encubierta, de privatizar su administración.

Es evidente que quienes  propusieron esta obra ya tenían en mente su cambio de mano y probablemente quién sería el beneficiario final. No hay que ser muy sagaz para arribar a esta conclusión, teniendo en cuenta que la operatoria estuvo a cargo del Ministerio de Modernización  y Desarrollo Económico porteño cuyo titular, Andy Freire, fue ejecutivo de IRSA.

En su momento el propio auditor general Facundo Del Gaiso había afirmado que el nombramiento de Freire era violatorio del artículo séptimo de la Ley de Etica ya que ”conlleva un conflicto de intereses y vulnera los más elementales principios de la Ética Pública».

Precisamente este Ministerio tiene a su cargo la Agencia de Bienes, la maquina liquidadora de propiedades del Estado porteño que con acierto fue bautizada por el semanario Noticias como la “Inmobiliaria del PRO” que ya repartió entre amigos la misma IRSA, Consultatio,  Raghsa,  Argencons, Banco Macro y a los dueños de las marcas Le Parc, Quartiers y Mirabilia, entre otros, 46 inmuebles, quedando aun por vender otros 22 activos que se subastarán según una lista oficial por una base total de 357 millones de pesos.

La concesión del CEC privado se aprobó el año pasado en la Legislatura con 53 votos a favor y solo cuatro en contra de  Patricio del Corro- FIT, Gustavo Vera-Bien Común, Pablo Vilardo – Ay L y Adrián Camps – Socialismo Autentico. Como en otras ocasiones conto con el apoyo de la oposición del FPV y el bloque de Martín Lousteau. La adjudicación reciente  terminó de cerrar la operatoria.

La concesión tiene todos los rasgos de un grotesco espectáculo donde los funcionarios son arte y parte en  la partitura del mayor protagonista del negocio inmobiliario del país: IRSA.

La obra del CEC tuvo un costo cercano a los 500 millones, sin contar el precio del terreno que en esa ubicación, una de las zonas privilegiadas de la ciudad por su entorno y belleza escénica, y con una nueva estación de subterráneo, sería casi imposible de valuar.

La UTE adjudicada para administrar el CEC por un plazo de 15 años pagará un canon irrisorio de 1.250.000 pesos mensuales y se hará cargo del equipamiento correspondiente. La erogación implica un millón de dólares por año, cifra que representa apenas el 20% de los ingresos que obtendrá solo por la explotación de la playa de estacionamiento, que tendrá un uso intensivo no solo por los eventos sino también por su proximidad con la facultad de Derecho.

Si tomamos como ejemplo la Feria del Libro, donde un stand de primera línea pagó este año a la Fundación del Libro 600 mil pesos, quienes conocen el tema calculan que los administradores tendrán por la explotación del predio una facturación  anual aproximada de 40 a 50 millones de dólares.

Ante la pregunta de un periodista sobre por qué después de 15 años el canon acumulado cubrirá menos del 50% del costo de la obra, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta respondió sin ningún pudor: «La diferencia se pagará indirectamente con el beneficio que tendrán las empresas vinculadas al turismo”.