El PRO y las personas en situación de calle: ¿Buenos Aires Presente?

Según el censo anual que realiza el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en la Ciudad existen 1066 personas en situación de calle, un 23% más que el año pasado. Organizaciones sociales denuncian que la cantidad es mucho mayor y que el relevamiento gubernamental está mal realizado y los datos no son precisos. Años anteriores las estimaciones llegaban a decenas de miles de personas «sin techo».

Básicamente desde el gobierno de la Ciudad (GCBA) en un día relevan todo el territorio. Más que censo, se trata de un conteo. Además, esa cifra contempla de modo muy restringido a la población, ya que no incluye -como la ley indica- a aquellas personas en riesgo de quedar en situación de calle (personas en instituciones de salud con alta médica pero no alta social, quienes cobran subsidios habitacionales, personas con órdenes de desalojo o privadas de su libertad próximas a salir, entre otras). Sospechosamente la variabilidad del conteo que efectúa el gobierno es mínima: en 2011 habían relevado 876, la misma cantidad que en 2016 y apenas 17 más que en 2005.

Una trabajadora del programa Buenos Aires Presente (BAP) que pidió reservar su identidad, habló con Notas en detalle sobre cómo aborda la problemática el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, a través de la cartera conducida por Guadalupe Tagliaferri.

“Los dispositivos están repletos y queda gente afuera por falta de vacantes”, contó esta trabajadora que se preguntó por qué, si según el gobierno de la Ciudad los dispositivos para personas en situación de calle alcanzan perfectamente, necesitarían ser reforzados en invierno.

Por otro lado, los establecimientos y paradores dispuestos por el gobierno porteño “no cumplen con la ley 3706 que implican que deben estar abiertos las 24 horas”. “Hay todavía paradores que son sólo nocturnos. Estos tres de refuerzo por el invierno funcionan sólo para dormir, así que a las ocho de la mañana quedan en situación de calle nuevamente”.

Otra de las políticas contempladas para este sector de la sociedad es la de otorgar subsidios habitacionales. Este año, luego de tres años congelado en 1800 pesos, el monto trepó a 4 mil para familias y 2500 para personas solas. En comparación con lo que sale el alquiler en un hotel del barrio de Constitución, por ejemplo, sigue siendo totalmente insuficiente. Habitaciones con baño y cocina compartidos y condiciones habitacionales muy precarias, cuestan alrededor de 5500 o 6 mil pesos mensuales.

“No hay otra política pública. Los únicos dos recursos que se le acercan a la gente son el acceso a un dispositivo y el subsidio”, subrayó la trabajadora del BAP. “Trabajamos con nada, con poca posibilidad de dar soluciones habitacionales a la gente”.

Derechos laborales para garantizar derechos sociales

Las y los trabajadores del BAP atraviesan desde principios de la década distintos conflictos que pasaron de la persecución sindical a quienes se organizaban en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hasta una fuerte pelea contra la precarización laboral que, aunque ha logrado ir avanzando en estos años, sigue vigente. “Somos casi todos de planta transitoria”, contó la entrevistada. Si bien es una mejora respecto a la situación previa porque cobran vacaciones y aguinaldo, por ejemplo, siguen teniendo que renovar su contrato anualmente.

Estas condiciones laborales hacen que haya mucha rotación de personal lo que entorpece la construcción de “profesionalidad” en el equipo, porque se retira gente con vasta experiencia en el área de trabajo.

“A principios de junio entraron como 60 pibes de la mano de Maximiliano Corach, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario” que no tienen formación y muchos ni siquiera el secundario terminado. “Pareciera que esta tarea la puede hacer cualquiera pero no es así, se requiere profesionalismo. Nosotros vivimos exigiendo que nos capaciten más”, afirmó la entrevistada, aclarando que “no es nada contra los pibes que necesitan laburar pero es un círculo vicioso en donde quien termina perjudicándose es la persona que está en la calle”.

“Hay mucha bronca en la calle con la falta de recursos”, indicó la trabajadora y resaltó que cuando logran intervenir y asistir en alguna situación es “con recursos informales, de redes que uno va armando en el trabajo, pero no hay sustento institucional”.

Entre choferes y profesionales, en siete turnos, en el BAP trabajan alrededor de 150 personas. Con escasos recursos estatales a disposición, con salarios bajos y poca estabilidad laboral, todas las mañanas, tardes y noches estos profesionales hace sus mayores esfuerzos por acompañar y acercar a la población más vulnerable de la Ciudad, aquella que no tiene ni un techo sobre su cabeza, un Estado que sólo estira la mano para señalar y sacar una selfie.

Julia de Titto – @julitadt