Un polémico fallo deja al Consejo de la Magistratura a merced del oficialismo

El senador Ruperto Godoy recurrirá el fallo que lo dejó este martes afuera del Consejo de la Magistratura, pero igual el gobierno festeja.

El legislador del Frente para la Victoria había sido elegido por decisión de su bloque político, en sintonía con lo que dispone la Constitución. Pero tendrá que dejar su cargo por no contar con título de abogado, tal el criterio de la Justicia.

La decisión de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el artículo 5º de la Ley 26.855, que disponía que para ser consejero simplemente había que reunir los mismos requisitos que para ser diputado. Esto es: ser argentino, con edad de veinticinco años y con cuatro de ejercicio de la ciudadanía.

Esta norma sancionada en 2013 fue la que reemplazó a la vieja ley, de 1997, que imponía un criterio mucho más exclusivo: reunir las mismas condiciones que las exigibles para ser juez de la Corte Suprema.

Y allí el problema: si para ser juez supremo se requiere ser abogado, no lo es así para ser diputado. Esta eliminación del criterio «académico» fue lo que se puso en juego, en un caso que llegará seguramente a la Corte.

Según el criterio de los jueces, el hecho de no exigir la formación letrada viola el espíritu de la reforma de 1994 que creó el Consejo de la Magistratura. Aunque nada de eso haya dicho la propia Constitución.

Posturas encontradas

El abogado Alejandro Fargosi, ex consejero y ferviente opositor al kirchnerismo, fue quien entabló el reclamo original en 2013. Según él, al instituirse el Consejo de la Magistratura, los constituyentes procuraron que éste fuese un órgano técnico y “despolitizado”.

Con esa premisa, la Cámara concluyó que “resulta razonable que los consejeros, como miembros de un órgano que integra el Poder Judicial de la Nación, sean abogados y reúnan las mismas condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. El constitucionalista Gustavo Arballo es, por ejemplo, uno de los críticos más severos a esta postura. Según él, “es un despropósito” que se impongan por vía judicial “requisitos que no fijan ni la Constitución ni la ley”.

En ese sentido, recuerda que el objetivo de la reforma de 1994 no fue crear “un sistema tecnocrático puro, sino explícitamente un mix con políticos del Congreso”. Y por tanto, exigir al estamento político una formación académica específica “limita inconstitucionalmente al Congreso, ya que fuerza a que éste deba elegir sus representantes al Consejo de la Magistratura sólo entre sus abogados”.

Para graficar lo que considera un absurdo, señala: “Basta imaginar el raro pero no improbable caso de un bloque que no tenga un abogado entre sus filas. Al aplicar la exigencia del título, ese bloque quedaría excluido de enviar su representante al Consejo”.

Consecuencias ciertas

“Este es un cambio propiciado por el Gobierno, pues Godoy es refractario a cualquier negociación y siempre vota alineado con el kichnerismo”, informó este martes el diario La Nación.

Sucede que, tras el desplazamiento del consejero cuestionado, el cargo quedará en manos del senador Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño, cercano a Cambiemos. Razón por la que el criterio adoptado por la Cámara genera suspicacias y sospechas de motivaciones políticas.

“El oficialismo confía en que ahora, con el futuro ingreso de Urtubey, también del PJ, pero más dialoguista, pueda reunir las mayorías especiales necesarias para designar y remover jueces, que hoy no tiene”, continúa el matutino.

En cualquier caso, habrá que esperar todavía que el fallo quede firme. Aunque las chances del gobierno de controlar a gusto el Consejo de la Magistratura son cada vez más ciertas.

Federico Dalponte – @fdalponte