Educándonos para ser el “supermercado” del mundo

Por Luciano Gasparini*. El macrismo es el gobierno de empresarios y CEOs. Toda su política económica está orientada a beneficiar a los sectores más concentrados del capital en perjuicio de la enorme mayoría de la población. Esto lo realiza transfiriendo ingresos desde las clases trabajadoras hacia las clases privilegiadas, por ejemplo, con la quita de retenciones al agro y a las mineras.

Ahora bien, los paladines del “libre mercado” saben que aumentar las ganancias de las empresas no solo implica imponer su proyecto económico sino también dar una disputa ideológica que les permita construir hegemonía, esto es, instalar en el sentido común que ese proyecto económico es el mejor para todas y todos los habitantes. Nada mejor para dicho objetivo que sean las escuelas primarias y secundarias las que enseñen los enormes “beneficios” que traen a la sociedad civil los negociados de las empresas.

Para esto, las empresas transnacionales pusieron un empleado en el Ministerio de Educación. Esteban Bullrich (actual ministro y precandidato a senador nacional en la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos) hace tiempo se definió como un “gerente de recursos humanos” dando cuenta la concepción mercantilizadora de la educación que lleva adelante, y que su función ante la cartera educativa es la de formador de mano de obra en función de las necesidades del mercado (léase de las empresas privadas). Los ataques al salario docente, los recortes al Progresar o las declaraciones condescendientes con las instituciones educativas privadas, son todas acciones enmarcadas en el plan del macrismo de atacar la educación pública, tanto en su carácter derecho universal como por ser una herramienta central en la formación de otros derechos.

Pero hace aproximadamente 20 días el avance del macrismo y las empresas transnacionales sobre la educación pública dio un salto cualitativo: se realizaron dos importantes acuerdos entre el Estado Nacional, algunas provincias y el capital concentrado para la injerencia directa de las empresas del agronegocio y de las mineras sobre la currícula de las escuelas.

Acuerdo Federal Minero y convenio con el agronegocio

El 13 de junio se firmó el Acuerdo Federal Minero entre el presidente Mauricio Macri y 14 gobernadores, cuyo tercer punto es titulado “Aspectos educativos y formativos” y expresa que “con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico -lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad-, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera”.

Dos días después, el ministro de Educación firmó un convenio junto con el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que incluyó un acta acuerdo con más de 45 empresas del agronegocio como Monsanto-Bayer y Syngenta, cuyo objetivo es “fortalecer la educación agraria” donde las compañías puedan ser “fuente de capacitación” de las escuelas rurales. Para que quede claro cuál es el lugar que debe ocupar la Argentina en el mundo según este gobierno, afirmó Bullrich: “Pensando en que debemos convertirnos en el supermercado del mundo, recorrimos todo un camino con el ministro Buryaile y hoy la agroindustria sabe que se puede apoyar en la educación”.

El sector privado y su incidencia en los contenidos de estudio

La injerencia de las empresas privadas en la educación pública no es algo nuevo. En las Universidades Nacionales, producto de la Ley de Educación Superior votada durante el menemismo, es recurrente que parte del presupuesto de funcionamiento sea sostenido a partir de lo que se conoce como “fondos propios” o partir de la “transferencia”, que no es más que convenios entre las casas de estudio y las empresas del sector privado, donde estas últimas pagan por el conocimiento brindado por las primeras.

Además, las “pasantías” son un mecanismo por el cual los capitalistas emplean mano de obra calificada a muy bajo costo. En las escuelas de nivel secundario, también pueden encontrarse convenios con empresas privadas como las que se dan entre las escuelas técnicas y empresas industriales o entre escuelas rurales y empresas agroindustriales.

En el kirchnerismo fue importante el debate y la lucha que llevó adelante el movimiento estudiantil contra los fondos provenientes de la Minera “La Alumbrera” (el mayor yacimiento metalífero de la Argentina) que es una explotación desarrollada por un consorcio privado y extranjero, bajo el amparo de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio(YMAD), empresa compuesta por la Universidad de Tucumán, el Estado catamarqueño y el Estado Nacional. Esta lucha logró el rechazo de varias facultades y universidades del país, como la de Luján, Rio Cuarto, Córdoba, Mar del Plata y General Sarmiento.

Ahora bien, estos acuerdos implementados por el macrismo entre el Estado y el sector privado no solo son una legalización de prácticas ya existentes, sino que son la imposición del interés privado por sobre la educación pública. Con estos convenios serán las empresas las que determinarán el contenido que se impartirá en las escuelas públicas. Así, van a decidir unilateralmente qué se estudia y para qué, fijando una currícula orientada a las necesidades particulares de las empresas del agronegocio y de explotación minera, y construyendo un sentido común acrítico del extractivismo y los oligopolios. No hay que ser adivino para saber que cualquier cuestionamiento a sus privilegios económicos y sus métodos de explotación que dañan el medio ambiente será invisibilizado.

Si a estos acuerdos le sumamos el recorte en Ciencia y Tecnología, vemos que el macrismo profundiza su modelo de desarrollo extractivista-agroexportador, que relega a la Argentina a la reprimarización de su economía, cuyas consecuencias directas son el perjuicio medioambiental, el saqueo de nuestros bienes comunes y la consolidación de la dependencia.

Si no queremos ser “graneros” ni “supermercados” del mundo, si no queremos que la Argentina esté perpetuada a la subordinación de las potencias extranjeras, entre otras cosas, no podemos permitir que el capital concentrado imponga su orientación ideológica en las currículas de las escuelas. Nuestra educación debe hacer suyos los reclamos y las demandas que vienen llevando adelante hace tiempo distintos sectores de la sociedad civil como las asambleas socio-ambientales, que cuestionan la extranjerización de los bienes comunes y la contaminación del medio ambiente. Nuestra educación debe aportar a la construcción de un país soberano, donde prime un modelo productivo sustentable basado en la justicia social.

@LucianoGaspa

*Secretario de Cultura de la Federación Universitaria Argentina