29 junio, 2017
Trata de personas: condenaron a cinco años de prisión al intendente de Lonquimay
Luis Rogers, intendente de la localidad, de Lonquimay (La Pampa) fue condenado a cinco años de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata del primer funcionario público que recibe condena por ese delito en la Argentina.

Luis Rogers, intendente de la localidad, de Lonquimay (La Pampa) fue condenado a cinco años de prisión al ser considerado partícipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. La misma pena recibieron el comisario Carlos Alanis y el dueño del prostíbulo “Good Night”, Carlos Fernández. Se trata del primer funcionario público que recibe condena por ese delito en la Argentina.
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa dictó sentencia el mediodía del miércoles 28. Fernández fue considerado autor principal del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la modalidad de acogimiento de mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, otros dos imputados recibieron penas de dos años, considerados partícipes secundarios. Se trata de Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs.
Durante el juicio se determinó que en el prostíbulo «Good Night» operaba una banda que explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, en su mayoría provenientes del norte del país y contaban con el blindaje y protección del comisario e intendente de la localidad.
En 2009, Rogers había declarado sobre el prostíbulo, intentando impedir su clausura: “Es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”. Como informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, además, el jefe comunal había sido el encargado de firmar la habilitación a “Good Night” bajo el rubro “servicios de salones de baile. También era el responsable de las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas allí, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
El 23 de mayo había comenzado el juicio oral. A principios de junio declararon en las audiencias seis víctimas que denunciaron el sometimiento y las distintas formas de violencia ejercidas por los ahora condenados, como que no se les permitía salir al pueblo, y que les descontaban las comidas y los pasajes de traslado.
Según la mayoría de los testimonios, en «Good Night» trabajaban entre cinco y seis mujeres. Una de ellas contó que le tocó “trabajar” sola durante un tiempo y que en esa oportunidad debía estar disponible las 24 horas por si llegaba algún camionero.
Además, por datos aportados durante el proceso judicial, la fiscalía podrá continuar la investigación para indagar sobre la posible vinculación también de la esposa de Fernández, dueño del prostíbulo.
Foto: Ana Cabral / Ministerio Público
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