Colombia: la lucha por la paz apenas comienza

Por Javier Calderón Castillo* y Laura Capote**. El pasado martes 27 de junio en un acto protocolar desarrollado en el municipio colombiano de Mesetas, departamento del Meta en la Zona Transitoria de Normalización “Mariana Páez”, y de acuerdo al calendario de implementación, las FARC-EP, hicieron la dejación del total de las armas después de dos momentos previos en que se dejaron primero el 30%, y luego el 60% del armamento.

El mecanismo de monitoreo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue el ente responsable de todo el proceso de verificación y almacenamiento de las armas, así como lo será de resguardarlas en contenedores hasta su destrucción en el mes de agosto. El organismo en cabeza de Jean Arnault, jefe para la misión de la ONU en Colombia, expresó su apoyo y felicitación al pueblo colombiano por haberse animado a llevar adelante la tarea de la paz, y afirmó que todo el proceso de dejación se hizo bajo las normas establecidas en el acuerdo firmado producto de las negociaciones de La Habana en 2016. Cerró su intervención marcando que la misión de verificación puede recomendar a Naciones Unidas que “recoja las enseñanzas de las experiencias en Colombia para aplicarlas en otras partes del mundo”.

Pasados 53 años de iniciada la guerra en Colombia, este hecho se configura como trascendental en la historia reciente del país, ya que resalta el carácter político y social del conflicto que se encuentra latente, y anuncia la continuación de las disputas políticas por el cambio del orden social injustamente vigente.

En Colombia se abre un camino de construcción democrática y una transformación en el sentido común de la noción de participación política que durante décadas ha estado ocupada por las clases dominantes y tradicionales. Una reforma no sólo política sino social y cultural que obligue al Estado a no usar la violencia en contra de la oposición política, como forma de dirimir las distintas opciones de poder existentes en la sociedad, para poder construir un país plural y verdaderamente democrático donde sea la palabra, como enfatizaron las partes en su discurso durante el acto, el único mecanismo de comunicación y defensa dentro del debate político.

Ese nuevo camino de apertura democrática, ha empezado con traspiés por el incumplimiento del Estado colombiano, que ya adeuda muchos de sus compromisos en la implementación del tratado de paz. Entre ellos el inicio del proceso de reincorporación y expedición de ordenes de libertad a los 3600 presos y presas políticas alcanzadas por la amnistía y el indulto, la adecuación de las diferentes zonas transitorias para los procesos de movilización a la vida civil de la guerrilla, el inicio de la Justicia Especial para la Paz, componente de verdad, justicia y reparación, y la profunda transformación necesaria de la Fuerzas Militares entrenadas y acostumbradas a actuar contra el “enemigo interno”.

Dentro de los numerosos pendientes que aún restan del tratado de paz, se encuentran obligaciones estatales, en materia de reincorporación económica, política y legal de combatientes rebeldes, procesos de restitución de derechos para las comunidades en materia de reforma agraria, dirigida a las siete millones de personas desplazadas por el paramilitarismo y al 27% de la población rural campesina, indígena y afrodescendiente históricamente excluidas que resistieron a la guerra en sus territorios.

Se esperan, también, los cambios legales para democratizar la participación política del país que superen la estrecha democracia nacional, donde se incorporen las perspectivas democratizadoras de género, territoriales y étnicas, que son transversales y fundamentales en el tratado de paz. Quedan pendientes, a su vez, la implementación de la verdad restaurativa, cuyo proceso se iniciará en la Justicia Especial para la Paz, donde guerrilla, militares, paramilitares, empresarios, funcionarios públicos, deberán concurrir para esclarecer las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Son compromisos que el Estado encabezado por el presidente Juan Manuel Santos tiene dificultades para cumplir, porque la ultraderecha en cabeza de Álvaro Uribe está empeñada en hacer trizas los acuerdos, pretendiendo modificarlos si en el 2018 ganan las elecciones. Por ello resulta fundamental que no sólo la partes firmantes del acuerdo se comprometan con el cumplimiento del mismo, sino que sea el pueblo colombiano el que se apropie de las transformaciones y modificaciones propuestas en la construcción de la paz, para garantizar que se hagan efectivas para el respeto pleno de los Derechos Humanos, Sociales y Económicos de la sociedad, por encima de las mentiras y perversas estrategias empleadas por la ultraderecha en contra de la solución política al conflicto.

Se trata de una situación crítica que abre la senda de la solidaridad internacional. Se necesita apoyo político, la exigencia al Estado para que cumpla lo pactado y la visibilización internacional ante la grave situación de violación de derechos humanos que asecha como un fantasma el proceso de transformación del país hacia la paz. El Estado no puede seguir soslayando su responsabilidad en la defensa de la vida y los derechos de toda la población, para lo cual se requiere acciones que se expidan firmemente en contra de la persecución, asesinato y criminalización de los líderes sociales y defensores de DDHH.

La paz está amenazada por un sector del Poder Judicial que está impidiendo la ejecución de los compromisos estatales, en el Congreso la bancada de gobierno y del progresismo no logran avanzar con las leyes de implementación y las mentiras mediáticas sobre la paz son la constante. Y el sistemático proceso de asesinato en contra de líderes y lideresas sociales en todo el territorio prende las alarmas y exige del Estado un compromiso real en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares que atacan el corazón de la construcción de la paz que son los movimientos sociales.

A Santos se le acaba el tiempo para gobernar y a la guerrilla le queda su organización y su palabra para defender y hacer cumplir los acuerdos. El fantasma del incumplimiento y de la llegada al gobierno de la ultraderecha, están poniendo a temblar las bases del tratado de paz de La Habana. El movimiento social y popular está de pie, en las calles porque la lucha por la paz apenas comienza.

@javiercc21  y @lauracapout

* Investigador del IEALC-UBA y del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

** Estudiante de Comunicación-UBA y lideresa social colombiana