Cambiemos y la criminalización de la protesta social

Por Ángela Oyhandy*. Semana tras semana, nuevas denuncias divulgadas en las redes sociales alertan sobre distintos hechos de violencia estatal. Por ejemplo, la represión a estudiantes secundarios en Berisso, en un comedor escolar en Lanús o el ingreso de policías armados en una escuela de Banfield. Unas semanas más atrás, la represión a la Escuela Itinerante en la Ciudad de Buenos Aires. La lista puede completarse. Ni los hechos son del mismo tipo, ni las fuerzas involucradas, ni las situaciones. Pero la idea de que existe en el presente un incremento de la violencia estatal flota en el aire.

Ahora bien, si de medir frecuencias se trata, hasta la fecha no disponemos de parámetros o registros más o menos fiables que nos permitan afirmar a ciencia cierta que este tipo de ejercicios de la violencia estatal han aumentado en relación a años anteriores. Claro que la oportunidad de contar con registros y observar la evolución de los hechos en el tiempo no es la única manera de calibrar los acontecimientos sociales, y la estadística siempre llega después, demasiado tarde para la intervención política. Pero para quienes estamos familiarizados con el trabajo de las organizaciones de derechos humanos sabemos que las denuncias sobre el accionar violento y arbitrario de las fuerzas policiales fueron moneda corriente en la provincia de Buenos Aires en la última década.

También recordamos episodios de policías ingresando a escuelas, y sobretodo registramos el creciente involucramiento policial en conflictos que suceden en las inmediaciones de las escuelas o con sus alumnos, en un proceso de securitarización de la conflictividad juvenil que nos preocupa desde hace años.

Dicho esto, que puede ser leído como una crítica a las visiones que denuncian una vuelta de rosca punitiva, es indudable que  la llegada de Cambiemos al gobierno bonaerense y a la Presidencia de la Nación implicó un giró represivo en la relación del Estado con la protesta social. Para ir al grano: Cambiemos criminaliza no sólo la protesta social sino también la organización colectiva de los sectores populares. Y este golpe de timón, material y simbólico, instala nuevas condiciones de legitimidad para la represión.

Muchos de estos hechos que se denuncian  como “novedades” y recrudecimientos, en realidad expresan los efectos de políticas e inercias que vienen de años anteriores y que hoy encuentran continuidad. Sin intención de atenuar la responsabilidad del gobierno actual o retomar la idea de herencia, entender las distintas  escalas y lógicas de estos eventos represivos nos coloca en mejores condiciones para denunciarlos y enfrentarlos.

El cambio

La nueva retórica y práxis gubernamental se orienta a desarmar la capacidad organizativa y negar la legitimidad simbólica de las organizaciones del campo popular. Criminaliza los repertorios de acción colectiva, los liderazgos y las representatividades forjados en los últimos 20 años de relación con el Estado (sedimentados sobre memorias anteriores sin dudas) a partir de los cuales se demanda, visibiliza y negocia con el Estado.

El cambio de época inicia con la detención de Milagro Sala como gesto inaugural  y va a tener su segundo momento culminante con la presentación del protocolo anti-piquete que más allá de su incompleta y zigzagueante aplicación, sirvió como punta de lanza del discurso gubernamental frente a las formas contenciosas de la política popular.

Esto incluye acciones que minan las  estructuras materiales y simbólicas de las organizaciones,  pero incluye además un cotidiano trabajo de deslegitimación discursiva de la política popular, que la reduce a un evento encuadrable dentro del Código Penal. Se busca reducir la potencia política de las organizaciones del campo popular y convertir a la acción colectiva en un delito.

El tercer hito en esta cronología que recupera los dichos y los hechos de los personajes centrales del nuevo elenco dominante, es el conflicto con los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires durante este año. Tres operaciones: la definición del ejercicio del derecho a huelga como una extorsión que tiene a los y las niños de “rehenes”. El ensañamiento y personalización en la figura de un sindicalista, Roberto Baradel, y el último acto,  el desalojo represivo de una manifestación.

No sólo se criminaliza el momento de la protesta social sino también la propia organización colectiva de los subalternos, en tanto encarnen alguna de las formas contenciosas de la política popular. Aún más, en este caso la más institucionalizada y legalmente autorizadas en los largos años de conquistas de derechos. Desmontar esa trama normativa es uno de los objetivos del nuevo elenco gobernante y es importante hilar fino a la hora de analizar el escenario, entendiendo cambios y continuidades.

Algunos de los eventos represivos mencionados al iniciar esta nota deben entenderse como parte de las prácticas cotidianas violatorias de derechos con que actúan las fuerzas policiales frente a la juventud pobre de las periferias urbanas. En ciertos casos, al interpretar estos sucesos como parte de la novedad represiva que expresa Cambiemos, se imputa al poder político una capacidad de conducir y dirigir los movimientos en el territorio de las fuerzas policiales que la propia historia de la relación del kirchnerismo con las fuerzas de seguridad desmiente. Entender y distinguir el modo en que se superponen e interactúan inercias y rupturas forma parte de los desafíos de la época.

Un nuevo ejemplo, casi grotesco, de esta idea de la criminalización como estrategia de la interpelación estatal para reducir los derechos a los sectores populares, en este caso a los y las trabajadores, aparece en las palabras del presidente Mauricio Macri. La reducción de la legislación protectoria del trabajo a un problema de abogados y jueces corruptos, esta vez bajo la idea de la industria del juicio, es otro ejemplo de una nueva vuelta de rosca en un proyecto político que gobierna a los sectores populares mediante la reducción de sus experiencias colectivas y ahora también laborales, vitales, a tipos penales.

Donde la corrupción de los sectores populares, (que son vagos, que se movilizan a cambio de planes sociales) de sus organizaciones y dirigentes (que roban, estafan, defraudan) constituyen el modo privilegiado a partir del cual se narra su relación con el Estado. Identificar y enfrentar este programa de desmonte de derechos y protecciones, es la tarea más urgente.

*Socióloga, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP)