Reducción de pensiones: Cambiemos no discrimina a la hora de ajustar

En el contexto de las visitas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un Déficit Fiscal que no se reduce, el gobierno de Mauricio Macri busca ajustar el Gasto Público afectando a los que menos tienen. En este caso, las personas con discapacidad.

Al iniciar el mes de junio de este año, muchos beneficiarios de las Pensiones no Contributivas se desayunaron con que ya no percibían su haber. En los últimos días el tema tomó relevancia pública al conocerse infinidad de casos de personas con discapacidad, en particular niños, a los cuales se les retiró el beneficio.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de la licenciada Carolina Stanley, justificó este accionar amparándose en el Decreto 432/97 del año 1997.

Dicha normativa reglamenta el artículo 9 de la Ley 13.478, que instituye adicional de jubilaciones y prevé pensiones a la vejez, sancionada en septiembre de 1948, y vigente en nuestro sistema previsional. Tal norma, modificada por la Ley 24.241, faculta al Poder Ejecutivo a “otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o imposibilitada para trabajar”.

Según datos de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), en el año 2015 aproximadamente 1.800.000 personas accedían al beneficio de las Pensiones no Contributivas, de los cuales el 70% son Personas con Discapacidad.

Guillermo Badino, presidente de la CNPA sostuvo en declaraciones a distintos medios que “entre 2003 y 2015, el número de beneficiarios se multiplicó por 10. Básicamente lo que hubo fue una entrega discrecional de pensiones en locales partidarios”. Lo que para mas de 170 países en la ONU es una medida de acción positiva para promover la «Vida autónoma de las Personas con Discapacidad», para Badino es una práctica clientelar.

En un contexto de creciente desocupación y de precarización laboral que ascendió del 30% al 40%, las Pensiones no Contributivas son un ingreso fundamental para garantizar, ya no la Vida Digna como Derecho inherente a todas las Personas con Discapacidad, sino el mínimo de subsistencia.

Cabe recordar que en el año 2008 Argentina ratificó mediante la ley 26.378 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo (CDPD). La Convención, según la investigadora del CONICET doctora Agustina Palacios, parte de la premisa de que la discapacidad es una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad.

La CDPD apunta al desarrollo de la autonomía de la persona con discapacidad para decidir sobre todo aspecto de su vida y, para ello, intenta que se eliminen las barreras existentes y brinda herramientas para la efectiva equiparación de oportunidades. En 2014 se le otorgó jerarquía constitucional mediante Ley 27.044.

A través de este tratado internacional de Derechos Humanos, el Estado argentino tiene la obligación de, entre otras muchas cuestiones, garantizar la accesibilidad, autonomía y vida independiente, educación inclusiva, salud, trabajo y empleo.

Sin embargo en el país no se cuenta aún con una educación inclusiva, motivo por el que las personas con discapacidad (y otras personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad) no se forman en ciudadanía ni pueden capacitarse para ingresar en el mercado laboral. Tal es así que, por ejemplo, subsisten en la actualidad las escuelas de educación especial y los talleres protegidos. Además el Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y municipal) incumple con la ley de cupo laboral y en gran parte del país tanto la accesibilidad edilicia como del transporte y servicios en general es gravemente deficitaria.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué como conjunto social permitimos que se incumpla con un tratado de Derechos Humanos que tiene el mismo nivel de exigibilidad que nuestra Constitución Nacional? Quizá porque seguimos pensando que la discapacidad es un problema individual de la persona que vive con la desventaja y/o disminución física, sensorial intelectual, mental y/o psicosocial. Y por eso permitimos que no se garanticen sus derechos y menos aún defendemos los beneficios paliativos que actualmente brinda el Estado. Tal vez porque no podemos valorar la riqueza que significaría el aporte de la diversidad en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

El gobierno de Cambiemos no discrimina a las Personas con Discapacidad. Estas son igualmente ajustadas y deben sufrir el avasallamiento de sus derechos, en un entorno mucho más adverso que el resto de las personas que no deben lidiar con barreras comunicacionales, físicas, de lenguaje, actitudinales y muchas otras.

Matías Ferreyra y Natalia La Rocca