Investigadores esperan una respuesta del Ministerio de Ciencia y las universidades

Los 60 rectores de universidades nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dieron un panorama sobre su postura ante el anuncio que difundió hace 33 días el Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT), como un “acuerdo entre Ciencia y Educación”.

Aún cuando el propio Ministerio anticipaba que el llamado “Plan de Fortalecimiento de la Investigación en Universidades Nacionales” sería monitoreado “de manera conjunta entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, durante la reunión del Comité Ejecutivo y el Plenario del CIN, del 5 de junio pasado, los rectores universitarios dejaron a la vista algunas inconsistencias del proyecto.

El Plan “contempla la creación de 410 cargos docentes destinados a los candidatos a la Carrera de investigador que no ingresaron al Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 2016”, según consigna la cartera de Ciencia.

En el encuentro, realizado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, las autoridades universitarias confirmaron a los delegados de la Red Federal de Afectados por el recorte en CONICET (RFA), que formalmente “hasta el 5 de junio no existió nunca una oferta, nada concreto de parte del Ministerio (de Ciencia) frente a los rectores”.

“Quedó a la vista, por las preguntas que los rectores hacían (a los científicos afectados por el recorte), que faltaba claridad respecto de qué es lo que estaba proponiendo el Ministerio de Ciencia, y por eso el CIN decidió no pronunciarse al respecto”, contó a Notas, Guido Giorgi, becario posdoctoral del CONICET, doctor en Sociología de la UBA e integrante de la RFA que presenció el encuentro.

Otro de los puntos que los rectores definieron categóricamente es que “este es un problema de CONICET y tiene que hacerse cargo CONICET”, según contaron desde la Red de Afectados.

Según pudo averiguar este medio, las posiciones en el plenario estuvieron divididas en tres y, a pesar de mostrar predisposición al diálogo, muchos de los rectores no quieren formar parte de una solución unilateral al conflicto, que no involucre al Ministerio de Ciencia y al CONICET. Por otra parte, se cuestiona, entre otras cosas, la no existencia de un plan oficializado y articulado desde la cartera conducida por Barañao.

En ese marco, al día siguiente se llevó a cabo otra reunión, entre la comisión de Ciencia y Técnica del CIN, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), encargada de la implementación del convenio Ciencia-Educación y los funcionarios de Ciencia y Técnica del MinCyT, para definir una propuesta.

La mesa de negociación duró varias horas y, finalmente, la cartera gestionada por Lino Barañao habría formalizado una oferta a las universidades para destrabar el conflicto que desde octubre del año pasado mantiene el gobierno nacional con los aspirantes a Investigadores del máximo organismo científico del país.

Es en ese encuentro donde están depositadas las expectativas de los científicos que, tras concursar y aprobar el ingreso a la Carrera de Investigador del CONICET (CIC), el año pasado, quedaron excluidos por el recorte del 60% al organismo, contemplado en la Ley de Presupuesto 2017, enviada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso. “Nosotros, desde la RFA, estamos a la espera de lo que hayan tratado en la reunión del martes”, manifestó Guido Giorgi.

Juan Carlos Del Bello, vicepresidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del CIN, y rector de la Universidad Nacional de Río Negro, quien representó, junto a Félix Nieto Quintas, a las universidades en el encuentro interministerial, también habló con Notas.

No precisó una fecha para oficializar una respuesta por parte de las universidades, pero deslizó la existencia de una oferta formal al afirmar que “hay que aguardar la comunicación que haga el Presidente del CIN a los rectores”.

La oferta realizada por Ciencia, debería ser llevada al próximo plenario del CIN, para ser acordada con las autoridades de las 60 universidades representadas por ese organismo. Vale aclarar que allí no se encuentran amparadas algunas universidades de alta jerarquía dentro del sistema universitario nacional, como es el caso de la de Buenos Aires (UBA).

Por su parte, mientras aguardan una resolución al conflicto desde la RFA ya se encuentran elaborando proyectos de propuestas parlamentarias para declarar de interés público nacional el desarrollo del sector científico en nuestro país y establecer una cuota mínima en el presupuesto nacional para el sector.

Es así que ya llevaron su situación ante las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras y fueron recibidos por la senadora de la Coalición Cívica, Magdalena Odarda, y por la diputada del Partido Justicialista, Daniela Castro.

Eduardo Porto – @PortoEdu