Postales de la Conferencia Internacional del Trabajo

Esta semana comenzó la conferencia que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolla anualmente en Ginebra. Allí se reúnen desde hace más de 100 años representantes de los trabajadores, empleadores y gobiernos de todo el planeta con el objetivo de discutir la situación del trabajo a nivel global y en los distintos países.

En los últimos años el principal eje de discusión ha sido el derecho de huelga. Los empleadores comenzaron a negarse sistemáticamente a incluir a la huelga en los debates que se desarrollan en las distintas comisiones, con el pretexto de que ningún convenio de la OIT la reconoce expresamente como derecho. Esta avanzada puso en riesgo el propio funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo, que en el año 2012 llegó al punto de quedar prácticamente paralizada por este debate. Desde entonces se ha arribado a un acuerdo temporal que suspendió la resolución de este conflicto, aunque en los hechos desde entonces no se ha vuelto a hablar del tema.

Este año uno de los temas centrales de las comisiones serán las migraciones laborales. La OIT cuenta con dos convenios que regulan esta cuestión, pero ambos fueron elaborados en contextos muy distintos del actual (el Convenio 97 es del año 1949 y el Convenio 143 de 1975). Presionada por una realidad en la que la construcción de muros ha vuelto a ser una moneda corriente, la OIT ha vuelto a discutir cómo regular los movimientos de personas entre los países y cómo garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

En paralelo a estas discusiones, la conferencia anual de la OIT suele ser una oportunidad para efectuar denuncias contra los Gobiernos que violan los derechos de los trabajadores, así como también para generar ámbitos de negociación alejados de las pasiones cotidianas de la realidad de cada uno de los países.

En el caso argentino, esta vez no ha sido la excepción y las dos semanas de debates ginebrinos se convirtieron en un buen escenario para llevar adelante acciones que tienen indudables efectos sobre la realidad laboral local (la delegación de nuestro país asciende a casi 100 personas, incluyendo representantes sindicales, patronales y de distintos niveles de gobierno -nacional, provinciales, legisladores, etc-). Vayamos de las menos a las más importantes.

La primera escena de esta obra constituyó una burda operación (es difícil ser sutil frente a lo absurdo de la puesta en escena) de desprestigio contra el secretario general de SUTEBA y Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, cuya fotografía mientras hacía el check in de su vuelo hacia Ginebra fue difundida a través de las redes sociales por personajes como Nik y Nacho Viale, quienes cuestionaban que un dirigente sindical viajara por el mundo mientras sus representados no llegan a fin de mes. De más está decir que una de las funciones del responsable de las relaciones internacionales de una central sindical es concurrir a la conferencia anual de la OIT, pero este tipo de detalles poco parece importar cuando de campañas de desprestigio se trata.

La segunda postal ginebrina es bastante más relevante, por más que en los medios locales no tenga tanta receptividad, y estuvo a cargo de los representantes de ambas CTA, quienes presentaron denuncias contra el Estado argentino por múltiples violaciones a la libertad sindical.

Entre ellas se encontraron la intervención de sindicatos (como la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza), la negativa a convocar a la paritaria nacional docente y fundamentalmente la criminalización de la protesta social. Sin ir más lejos, uno de los integrantes de la delegación de la CTA Autónoma fue Horacio Catena, Secretario General del SUTEF (trabajadores de la educación de Tierra del Fuego), quien enfrenta varios procesos penales y una acción de desafuero como consecuencia de su participación en acciones sindicales. Estas denuncias contarán con el respaldo de la Confederación Sindical de las Américas, organización que reúne a la gran mayoría de los sindicatos del continente.

Finalmente, en el transcurso de estas dos semanas, los representantes del gobierno nacional, liderados por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, seguramente aprovecharán para acercar posiciones con los representantes patronales y con los miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que ya está convocado para el 27 de junio. Allí deberá actualizarse el valor actual, que desde enero de este año asciende a $ 8.060 brutos.

Cabe recordar que de acuerdo a la propia ley de contrato de trabajo, el salario mínimo le debe proporcionar a cada trabajador el acceso a alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Asimismo, este año el incremento del salario mínimo, vital y móvil tendrá repercusiones sobre el salario social, tal como lo dispuso la ley de emergencia social sancionada el año pasado.

Según las primeras manifestaciones de ambas partes, el porcentaje de incremento estará entre el 20% (posición del gobierno) y el 25% (posición de la CGT). En cualquier caso, la suma resultante estaría muy lejos de los $ 14.500 mensuales que el INDEC estableció como línea de pobreza para una familia tipo, y que estará en la base de los reclamos que llevará la representación minoritaria de ambas CTA al Consejo del Salario.

Operaciones de desprestigio, denuncias internacionales contra el Estado argentino y negociaciones de bajo perfil para cerrar un nuevo ciclo de paritarias salariales. Un combo perfecto para dos semanas ginebrinas, que seguramente tendrán impacto en la evolución de la situación de los trabajadores de nuestro país.

Luis Campos* – @luiscampos76

*Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y columnista de Llevalopuesto (FM La Tribu).