LaGorraLeaks: la modernización no llegó al Ministerio de Seguridad

En una suerte de mini Wikileaks argentino, el sábado 27 de mayo el usuario “lagorraleaks” hizo públicos más de 200 documentos internos del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de distintas plataformas en internet como el repositorio GitHub, el sitio Reddit y algunos grupos del cliente de mensajería Telegram.

Los archivos filtrados, que estuvieron disponibles en internet durante cuatro días hasta que fueron removidos, contenían datos sobre sumarios, resúmenes policiales, actas de allanamiento, declaraciones de testigos y más información sensible de casos relacionados a narcotráfico y trata de personas. Los documentos son parte de una causa judicial en la que se investiga la intrusión a los sistemas del Ministerio a principios de este año.

Como vale la pena recordar, hace varios meses fue hackeada la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich -entre otras-, apareciendo tuits contra la gestión publicados en su nombre. En ese momento se constató que Bullrich fue víctima de phishing o robo de datos, por abrir un correo electrónico falso enviado a nombre de la Embajada de Bolivia. El filtrado actual de los documentos está relacionado a esa intrusión en el mes de enero. La información filtrada tiene fecha de mayo, es decir que no se tomaron medidas de protección efectivas en cuatro meses.

La respuesta del gobierno al hackeo de las cuentas fue iniciar una campaña de persecución que culminó con dos detenidos y encarcelados, altamente expuestos mediáticamente aunque después se comprobara que no tenían relación con el hecho en cuestión. También se constató “ciberpatrullaje” policial sobre especialistas que seguían el caso por Twitter -los casos de Javier Smaldone y Alfredo Ortega-, obteniendo información sobre sus ingresos y egresos del país, antecedentes y hasta vínculos familiares.

Esto no constituye una novedad en la política macrista: quizás el caso más resonante sea el allanamiento realizado a Joaquín Sorianello en 2015, un programador que advirtió sobre las vulnerabilidades del sistema de voto electrónico impulsado por la alianza Cambiemos, finalmente sobreseído por la justicia.

Los aires de modernización esgrimidos como política de gobierno no parecen llegar a la seguridad de los sistemas informáticos. Vulnerabilidades tan evidentes como las expuestas por “lagorraleaks” no sólo resultan llamativas en términos técnicos, sino que comprometen seriamente las vidas de las personas involucradas en casos de delitos graves.

Especialistas remarcan que no se precisaron grandes habilidades técnicas para vulnerar los sistemas del Ministerio y revelar información de, por ejemplo, denunciantes en casos de narcotráfico.

La metodología utilizada por “lagorraleaks” despertó controversia incluso en ámbitos donde se ve con buenos ojos la exposición de las vulnerabilidades de los sistemas oficiales. Desde organizaciones como el Partido Interdimensional Pirata en Argentina (PIPAr) se emitió un comunicado donde se repudia que los nombres de las personas involucradas no hayan sido anonimizados, previo al filtrado de los documentos. Dicho comunicado también advierte sobre la posibilidad de que este hecho sea utilizado como excusa para incrementar la vigilancia y control de las personas por parte del Estado.

Un claro ejemplo de esta política de control desmedido es la ampliación en abril del acceso a la base de datos biométricos SIBIOS -creada en 2011 por el gobierno de Cristina Fernández- hacia cualquier organismo del Estado, por decreto.

Resulta complejo confiar en cómo un gobierno que no se preocupa por la seguridad de sus propios sistemas -y las consecuencias que ésto puede traer para las personas- pueda gestionar enormes cantidades de datos personales de los ciudadanos. Datos que por ejemplo permiten identificar a cualquier persona a partir de su imagen, particularmente preocupante en el marco del aumento de la protesta social y la represión.

Las políticas de gestión de los datos personales en el gobierno de Cambiemos se toman por decreto y sin informar debidamente a la población, que queda fuera del debate en un tema tan sensible como poco difundido por los medios masivos de comunicación.

@cassandreces