Una campaña para mostrar las dificultades que se viven al salir de la cárcel

Cooperativas impulsadas por personas que pasaron por la cárcel junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) lanzaron la campaña “Nuestra Salida en Construcción”, con el objetivo de visibilizar la falta de políticas públicas que promuevan la inclusión de los liberados una vez que salen de prisión.

“Nosotros no ocultamos nuestra identidad de liberados, al contrario: decimos que estuvimos presos y tuvimos que inventar nuestro propio trabajo para poder vivir porque hay una ausencia de políticas del Estado para nuestra inserción laboral y educativa”, contó a Notas Marcelo Magallanes, integrante de la cooperativa de carpintería “Las Termitas” de La Plata, conformada junto a 19 personas que también pasaron por la cárcel. A su vez, Magallanes afirmó que la economía popular “se convierte en la única alternativa” ya que “el mercado formal cierra sistemáticamente sus puertas”.

“En mi caso, yo soy reincidente, eso quiere decir que caí preso dos veces. Y la primera vez que estuve preso estuve siete años y cuatro meses. Cuando salí en libertad falsifiqué un currículum porque para ir a laburar tenés que presentar uno y no podés decir que estuviste en tal cárcel y tal otra porque en ningún lado te toman”, explicó. “Conseguí un laburo y después de un par de meses el encargado de la fábrica me llama y me dice que le gustaba mi desempeño y que me iban a pasar en blanco. Me pidieron una serie de trámites y le tuve que explicar que tenía antecedentes penales. A los dos días me llegó el telegrama de despido. Así volví a caer preso”, detalló.

La campaña hace hincapié en la dificultad para conseguir trabajo cuando, por la Ley de Ejecución Penal, una condena sigue apareciendo en los antecedentes hasta 10 años después de cumplida. Además, la Ley 20.337 de Cooperativas impide que los consejos administrativos de las mismas estén conformados por personas con antecedentes penales, dejando por fuera cualquier posibilidad de conformar un proyecto colectivo por fuera de la economía formal. A esto se le suma la falta de acompañamiento del Patronato de Liberados, la institución que debería velar por los derechos de las personas cuando salen en libertad facilitando programas, que hoy tardan entre seis y ocho meses hasta que son asignados.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP), alrededor del 80% de la población carcelaria estaba desocupada o contaba con un trabajo de tiempo parcial en el momento previo de la detención, lo que habla de un problema laboral previo que se agrava por el paso de la cárcel. La campaña indica que esto coincide con “la falta de capacitación al interior de los penales en relación a oficios que permitan crear una alternativa laboral en el afuera”.

La abogada e integrante de la CTEP Julieta Sosa contó a Notas que la campaña surge para advertir que “mientras se discute el agravamiento de penas y la baja de la edad de imputabilidad, las herramientas de inclusión no tienen discusión en la sociedad argentina hoy por hoy”.

“Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires la ley 14.301 establece un cupo laboral para que la planta de administración bonaerense sea ocupada por un 2% de personas que estuvieron detenidas, y eso no se cumple”, explicó Sosa. “El trabajo es un derecho, un ex detenido con trabajo es un trabajador con dignidad, que puede proyectar una vida por fuera del círculo del delito, la violencia y la exclusión social”, agregó.

La campaña “Nuestra Salida en Construcción” también contempla la presentación de cuatro proyectos al Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires para facilitar el camino de los ex detenidos que quieren estudiar. Como explica Magallanes, si bien la dificultad más acentuada es la de conseguir trabajo, “también hay dificultades para continuar los estudios que se empiezan en la cárcel”. “Supongamos que la cárcel funcione, que vos estudiás y aprendés un oficio. Bueno, ¿eso de qué me sirve si salgo a la calle y no me dan un trabajo de eso que aprendí por los antecedentes penales?”, apuntó.

“Al caer preso de nuevo me costó mucho terminar el secundario, tardé nueve años. Porque hay distintos planes de estudio, por los traslados que efectiviza el Servicio Penitenciario. Yo estuve en veinte cárceles y todas tenían distintos planes”, explicó Marcelo, quien continúa estudiando la carrera de Sociología que comenzó dentro de la cárcel. “Mi sueño es ser profesor. Si todo eso me costó terminar el secundario, imaginate lo que es una carrera universitaria”, dijo.

Además, la campaña cuestiona que las universidades nacionales no tienen becas especiales ni reconocen materias cursadas en el ámbito carcelario cuando haya sido dictado por otra casa de altos estudios.

Ya son cuatro las cooperativas de trabajo conformadas por liberados que pertenecen a la CTEP, integradas por un centenar de ex detenidos: “Las Termitas” de carpintería, «Los Topos«, de albañilería, «Las Topas», de reciclado y «Rif», de serigrafía. “El trabajo nos lo inventamos nosotros”, repite Marcelo.

“Nosotros queremos que se vea este problema, porque es necesario hablarlo. Siempre se habla de lo malos que somos las personas que estuvimos presas, y la sociedad pide que nos encierren para siempre. Pero no tuvimos oportunidades, y esas oportunidades las estamos inventando las cooperativas”, agregó. “A mí me llena de orgullo porque uno se da cuenta de que con la pelea va ganando derechos. Hay gente que gracias a esto no va a estar en el cementerio, porque están laburando, no tienen que ir a chorear, no van a morir en un supuesto enfrentamiento policial. Están salvando su vida”, concluyó.

Malena García