Batalla de Ideas

1 junio, 2017

Fumarse uno: aportes a un debate por una nueva política de drogas (2)

Por Santiago Villarruel. En la segunda parte de este artículo, un debate con las miradas prohibicionistas, biologicistas y liberales de las drogas y su consumo.

Por Santiago Villarruel. En la segunda parte de este artículo, un debate con las miradas prohibicionistas, biologicistas y liberales de las drogas y su consumo.

Al considerar la dimensión social del consumo de sustancias ambas formas “tradicionales”, de pensar las drogas surgen varios elementos interesantes para abordar el tema.

Por un lado, los efectos de las sustancias no son unívocos y cada persona con distinta experiencia social experimenta distintas cosas de la misma sustancia . El ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿con quienes? ¿por qué? siempre es parte del efecto. Las sustancias son consumidas por una persona bajo expectativas, sentimientos y conocimientos personales y en una situación dada.

La adicción o la predisposición de actuar «criminalmente» son consecuencias que se toman, por lo general, como causadas por las sustancias hoy consideradas ilegales y desatendiendo otros factores. Es una visión «biologicista», donde el comportamiento social complejo aparece como consecuencia de la mera acción fisiológica de una sustancia en el organismo.

Esta visión invierte el origen de la criminalidad respecto a las drogas ilegales al proponer las causas como consecuencias. Al mismo tiempo, es un discurso estigmatizante de la población pobre. Es la producción y distribución ilegal, en la marginalidad social y avaladas por la prohibición que provoca la asociación entre drogas y criminalidad.

En segundo lugar, es necesario diferenciarse de una visión «liberal» que asocie al consumo, producción y distribución de productos e información relativos a las drogas hoy ilegales con un derecho de libertad individual en el marco de una regulación mercantilista disociado de toda intervención social y estatal democrática.

La realidad del narcotráfico es un flagelo mundial para grandes porciones de la población y de sectores populares en particular en Latinoamérica. Esto obliga a abordar el problema no solo desde una perspectiva de fomento de la organización desde abajo sino desde marcos institucionales que permitan tratar el problema en la magnitud que posee, con políticas públicas nacionales e internacionales, principalmente centradas en la salud pública y la reforma de las fuerzas de seguridad con un control civil.

Además, la falta de investigación sobre las drogas hoy ilegales está asociada con intereses económicos por los beneficios del narcotráfico y por la competencia que podría significar el desarrollo de economías alternativas. Este es otro punto a discutir en una política de drogas a construir: la potencial canalización capitalista monopólica de la producción de las sustancias hoy ilegales, porque la entrega a libre mercado no es compatible al cien por ciento con una perspectiva de salud pública (basta ver los ejemplos del alcohol, el tabaco y los medicamentos donde deben frenarse abusos de las empresas ).

Es importante que la política de drogas estatal tenga perspectiva de derechos humanos y salud pública, que acabe con las desigualdades sociales que perpetúa y reproduce el narcotráfico y las redes estatales a él asociados y que aborde a las sustancias en su justa dimensión basada en la investigación científica.

Pensar el acceso democrático a las sustancias  no implica una legalización netamente mercantilista. Es posible pensar en la provisión estatal y el autocultivo, acompañados de la correspondiente promoción del consumo informado y responsable.

Así, se vuelve relevante discutir tanto con el prohibicionismo como con la visión de muchos actores del campo popular  y de izquierda que se resisten a involucrarse en esta lucha porque hacen una mala lectura, sin mediaciones, de la relación entre clase/consumo.

Históricamente, desde algunas experiencias comunistas como en la URSS se ha promovido una visión prohibicionista no enfocada desde el discurso médico sino desde la moral. El consumo de tabaco y alcohol y de estupefacientes ha sido considerado muchas veces como una ofensa a una supuesta moral revolucionaria apegada a la moderación y a «la realidad» de la que te sacan los psicoactivos. Gran parte de esta concepción impregna hoy a muchos actores que se reconocen como expresión de intereses populares y revolucionarios.

Existe una visión que tiende asociar este reclamo con algo «liberal», «de clase media y alta», que se sostiene en el derecho de «consumir libremente una planta» y porque son quienes podrían plantar o estar en posibilidad de consumir, negando la participación popular en esta lucha y el consumo generalizado por los sectores jóvenes.

Por otro lado se caracteriza a los sectores populares que sufren la política prohibicionista como pasivos receptores de ella, incapaces de pensar positivamente  la política de drogas por el daño que éstas generan. Así, la única realidad posible para los sectores populares sería lidiar como se pueda con las consecuencias sociales de esta política que ya sufren, sin horizonte.

Esta visión, además de no representar la realidad, obstruye la construcción de una posición y acción política que vaya al meollo de la cuestión: la producción, distribución y discurso social asociado al cannabis y a «las drogas»

En un tercer lugar, vale criticar también la falta de atención sobre los aspectos identitarios que generan el consumo social de las sustancias. Dichas identificaciones se forman en relación y confrontación con los otros actores sociales y alrededor de un tipo de práctica que busca diferenciarse de o relacionarse con otras. Ser «careta» y «ponerse la gorra» como se le puede decir a alguien son expresiones que ejemplifican esto, así como las redes organizadas de familias y cultivadores/as que se organizan frente a la prohibición, como también asociaciones que asisten a consumidores/as problemáticos.

La organización alrededor del consumo y producción de cannabis es un factor dinámico de la lucha social frente a la estigmatización, el narcotráfico y el accionar abusivo de las fuerzas policiales. No deben desdeñarse ni como forma de organización ni como sujeto político a quien pueda proponer acciones  e iniciativas de lucha desde este plano en las disputas que llevan adelante los sectores populares.

En la coyuntura actual, el gobierno de Mauricio Macri busca profundizar el prohibicionismo porque más allá del «apoyo» a la nueva ley 23.750, favorece las condiciones sociales de su supervivencia :  hace tratos con la DEA, encarga armas a EE.UU. con la excusa de combatir el narcotráfico, sigue dando vía libre a la policía para que allane a cultivadores solidarios y recorta en investigación de Ciencia y Técnica. El plan de la SEDRONAR es «atacar la demanda» con campañas de prevención. Es una manera de no ir a las causas, entendiendo que el consumo problemático de drogas y el narcotráfico son problemas de los usuarios y las sustancias, a pesar de reconocer en sus informes un mayor daño y consumo problemático de las sustancias legales.

Fumarse uno puede ser un encuentro entre amigos, una protesta política, parte de un tratamiento terapéutico o un «marche preso», depende cuanto avancemos o retrocedamos.

@aunolmoseco

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