Batalla de Ideas

31 mayo, 2017

Fumarse uno: aportes a un debate por una nueva política de drogas (1)

Por Santiago Villarruel. La política de drogas estatal establece de raíz el circuito de circulación de las sustancias a partir de su clasificación. Esta debe analizarse desde un punto de vista histórico, como resultado de luchas de alcance mundial y en relación con diversos intereses económicos de grandes grupos y naciones imperialistas.

Por Santiago Villarruel. Cuando el encendedor hace click y la llama se acerca a la punta de la seda, -redonda porque es un troncho o enrollado el papel para que queme bien- la combustión no deja solo salir el humo de ese rico faso, sino que es el encuentro también de distintos elementos que componen la dimensión social de fumarse uno.

Paragua, cogollo, regalado, comprado, en el barrio, en la plaza, nevado, en la cancha, en la casa, a escondidas, en público, con acceso a otras drogas, con información, sin información, estigmatizado. Son todas condiciones que pueden estar presentes a la hora de consumir marihuana y que son expresiones de las relaciones sociales y el discurso que determinan la práctica social del consumo de esta sustancia.

La política de drogas estatal, enmarcada en las leyes 23.737 (de estupefacientes) y la reciente ley 27.350 (de regulación de cannabis medicinal), es la que establece de raíz el circuito de circulación de las sustancias a partir de su clasificación. Esta debe analizarse desde un punto de vista histórico, como resultado de luchas de alcance mundial y en relación con diversos intereses económicos de grandes grupos y naciones imperialistas.

La política prohibicionista que se impuso a nivel global en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a partir de la Segunda Guerra Mundial, con un discurso médico que asociaba determinadas sustancias con la degeneración moral, la adicción y el crimen, marcó un camino que en nuestro país se cristalizó en la ley 23.737 en 1989. La producción y circulación de marihuana en la Argentina parte de la prohibición y de la concepción del consumo como un problema penal, lo que deriva en un tratamiento del tema por parte de las fuerzas de seguridad y la justicia penal.

Eso se complementa con el discurso de sectores de la Iglesia que piensan la causa del consumo a partir de las sustancias en sí en vez de desde las condiciones de consumo. Esto evita por un lado el abordaje desde la salud de los consumos problemáticos y por otro la complejidad de las distintas situaciones sociales asociadas al consumo.

En la práctica y como revelación de las intenciones detrás de la política prohibicionista, se destinan presupuestos enormes  a la «lucha contra el narcotráfico» cuando en realidad las fuerzas de seguridad forman parte de su gestión -ya con muchos casos probados-, con una consecuencia de control de los barrios populares, militarización del espacio público y estigmatización de los consumidores jóvenes. A su vez garantizan la desinformación y el negocio de los narcos, de productos de producción turbia y criminal.

En definitiva, la policía como institución es parte del negocio narco y le conviene que sigamos consumiendo “paraguayo”. No podemos disociar Estado de Narcotráfico, ya que una gran red internacional de negocios «ilegal» no puede sino ser sostenida, por un lado, con la «prohibición» que asegura el monopolio de la producción y circulación. Y, por el otro, la práctica real de garantizar su actividad con la clasificación de las sustancias, el aval y defensa del accionar policial en este sentido, la caza de «perejiles», y la existencia de un SEDRONAR funcional a esta política. Debemos partir de pensar a la «droga» como una categoría política y económica, histórica, en constante disputa de su sentido, que articula las prácticas sociales en torno a las sustancias. Que parte de la estructura social y ubica diferencialmente las actividades sociales de consumo.

¿Por qué quemarse uno suele considerarse como consumir una droga en sentido negativo y no así tomar un Ribotril, un Clonazepam? ¿Por qué no es lo mismo fumar en la esquina del barrio que en un lugar a donde no tiene acceso la policía? ¿Por qué a pesar de su extendidísimo consumo y conocidas consecuencias negativas (muertos por millones en el mundo por año) son legales  y legítimos el alcohol y el tabaco?

Estas preguntas pueden responderse en relación a la construcción del sentido común, la legitimidad del discurso científico médico asociado a intereses económicos y los intereses geopolíticos presentes en la historia de nuestras fuerzas armadas y de seguridad. La estigmatización de los sujetos consumidores  y la prohibición como una práctica de dominio cultural e imperial son algo que podemos rastrear desde la Conquista Española, donde se quería prohibir el mate por «la pereza que producía en los indígenas», pasando por la prohibición en el siglo XX a la coca de consumo ancestral en Bolivia, hasta llegar a la prohibición selectiva de diversas sustancias psicoactivas en la actualidad cuya investigación y desvío de un marco de libre empresa podría poner en riesgo intereses económicos y políticos.

Por suerte, hoy es un momento de avanzada contra este discurso. Se han abierto en Latinoamérica y el mundo, como así también en nuestro país, posibilidades de cuestionar esta política y ya se vienen implementando regulaciones en distintos países, entre los que se destaca Uruguay con su legalización.

En los últimos años, sin duda, qué es fumarse uno y qué son las drogas fue puesto en cuestión en Argentina por un amplio movimiento social construido alrededor del cannabis medicinal. Este creó redes de distribución, organización y una gran disputa de sentido que permitió correr las barreras en esta lucha y poner en cuestión el lugar del cannabis en la clasificación de las drogas, para culminar con su consideración como pasible de uso terapéutico en la ley 23.750 y en una multiplicidad de leyes provinciales. Hay que verla como un piso valiosísimo para seguir adelante con la lucha aunque, sin embargo, esta ley no logra atacar el determinante fundamental que es la prohibición que establece la ley 23.737 y su consecuencia de una producción masiva ilegalizada y una circulación por redes de criminalidad de las sustancias psicoactivas ilegales.

El movimiento de cultivadores solidarios y diversas asociaciones civiles ha puesto en discusión las formas de producción y distribución del cannabis, con un discurso de empoderamiento sobre los tratamientos terapéuticos a partir del autocultivo que confronta con un modelo médico dogmático y asociado a los intereses de los fabricantes de medicamentos. Reclama al estado una política de drogas con perspectiva de salud pública y derechos humanos en el marco del acceso al derecho a la salud. Diversas asociaciones profesionales también han acompañado este cambio de visión.

Es necesario profundizar este camino hasta lograr la derogación de la Ley de Estupefacientes, mediante la creación de más redes de organización que se planteen una práctica en este sentido y con la incorporación de actores del campo popular y de los sectores populares que cuestionen centralmente el accionar de las fuerzas de seguridad y las condiciones de vulnerabilidad del consumo que genera la presencia y alcance territorial de redes de narcotráfico.

@aunolmoseco

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