Más del 60% de las personas detenidas por la Justicia Federal no están condenadas

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas que visitó recientemente nuestro país difundió datos que dan cuenta de la grave situación carcelaria en las prisiones federales. La presentación se realizó en base a un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

De esta forma se supo que el 60,3% de las personas detenidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no tienen una sentencia firme. Es decir que se encuentran en prisión sin que se haya corroborado efectivamente que cometieron un delito. En números absolutos esto abarca a 6773 detenidos y detenidas de un total de 11.233 y supone un incremento anual del 6,8%.

Asimismo, de acuerdo con la Procuvin “históricamente, la población femenina encarcelada preventivamente supera el promedio de personas encarceladas para el total del SPF”. Así queda corroborado en los datos estadísticos, ya que si se toma en cuenta la población carcelaria solo de mujeres dentro del SPF, el porcentaje sin condena asciende a 69,4%. En el caso de los jóvenes adultos sube a 76,1%.

Por otra parte la Procuraduría destacó escenarios aún más graves como los de los sistemas penitenciarios de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Allí definieron la existencia de una situación “crítica» donde «nueve de cada 10 detenidos de la justicia federal se encuentran procesados”.

En un comunicado público que abordó distintos temas, el GTDA apuntó que la legislación argentina «dispone, en el nivel federal como provincial, de medidas no privativas de la libertad tanto en la etapa previa al proceso como con posterioridad al juicio». Y si bien «gradualmente se comienzan a utilizar con mayor frecuencia dichos métodos, tales como las pulseras o tobilleras electrónicas, existe todavía un alto porcentaje de prisiones preventivas».

De hecho en el texto, bajo el subtítulo «Uso en exceso de la prisión preventiva», señalaron que el Poder Judicial «tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva». Además sostuvieron que el GTDA «notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años», bajo esta figura legal.

Los expertos internacionales subrayaron también que “si bien la ley prevé la separación entre detenidos bajo prisión preventiva y los condenados», se observó que «en muchos centros no se cumplía con dicha separación debido a una falta de espacio y aquellos en prisión preventiva quedaban sujetos al mismo tratamiento que los condenados”, lo que configura “una pena de facto sin mediar condena alguna”.

En ese aspecto concluyeron que «existe una necesidad urgente de revisar esta práctica en la Argentina tanto en los niveles federal como provincial».

Foto: Claudia Conteris / Ministerio Público Fiscal