Comenzó el segundo juicio a civiles de la CNU por delitos de lesa humanidad

Este lunes 15 de mayo, se realizó en La Plata la primera audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos días previos y posteriores al golpe de Estado de 1976 por dirigentes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización vinculada a la derecha del peronismo.

Los acusados por delitos de lesa humanidad son Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares. En la primera jornada los acusados fueron recibidos con gritos y cánticos de “asesinos” por parte de familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos.

Con ese marco la querella, que encabeza Pia Garralda, Carolina Vilches y María Luz Santos Morón, por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, pidió al tribunal para que descuelgue un importante crucifijo que se encontraba en la sala, a lo que el tribunal después de evaluarlo accedió y se comprometió a sacarlo de cara a la próxima audiencia.

“Es un pedido de varias de las víctimas y entendemos que el principio de parcialidad no solo tiene que expresarse en el veredicto y la sentencia, sino en todo aspecto que implique el debate oral”, señalaron las abogadas.

Asimismo agregaron que las víctimas de este juicio denunciaron el agravante que implica para ellas presentarse a tomar testimonio frente a un símbolo religioso, no solamente por la discriminación que implicaba para el resto de los credos, o para quienes son ateos, sino porque el crucifijo “tiene una simbología específica para las víctimas por la vinculación y la responsabilidad directa que tuvo la Iglesia Católica con el genocidio argentino”.

Durante la intervención, la querella recordó que en la misma sala tuvieron lugar las audiencias que condenaron al ex capellán Christian Von Wernich, a quien el mismo tribunal le rechazó recientemente el beneficio del 2×1.

Además Garralda señaló que “resultan de agravio para las víctimas y para la querella las opiniones públicas que ha tenido la Iglesia Católica en la actualidad”, en referencia a los dichos recientes del monseñor Héctor Aguer, sobre el repudiado fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre la CNU

La CNU fue una organización paramilitar de ultraderecha nacida en 1968 vinculada en un principio a la Juventud Peronista y luego a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) responsable de numerosos asesinatos en momentos previos y posteriores al inicio de la última dictadura.

Esta organización nació en el seno de la élite universitaria, dirigida principalmente por Carlos Disandro, y caracterizada como el grupo de choque de la derecha peronista. El primer asesinato que llevó a cabo tuvo lugar en 1971 y la víctima fue Silvia Filler, en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante los Juicos por la Verdad, la Cámara Federal de Mar del Plata sostuvo que la CNU actuaba como “grupo de choque que irrumpía en las universidades con armas, cadenas y otros elementos contundentes. Su objetivo no era obtener representatividad sino desarticular el movimiento estudiantil que promovía la apertura de un espacio democrático en el ámbito universitario”.

En este juicio iniciado en La Plata se juzgarán sólo los casos de siete víctimas, en tres hechos ocurridos entre febrero y abril de 1976. No obstante la lista de asesinatos supera los sesenta.

Por otro lado, existen otras tres partes que investigan delitos cometidos por la CNU en el período previo al golpe. Algunos responsables fueron procesados en el 2011 y recién en marzo de 2015 se elevó a juicio la causa, acusando a Castillo por secuestros, homicidio, violación de domicilio y robo en los tres hechos principales. A Pomares por secuestro y homicidio en uno de los hechos.

Las víctimas fueron en su mayoría trabajadores, delegados gremiales y militantes del peronismo de izquierda. Por diversas amenazas que recibieron los testigos sobrevivientes, la Cámara Federal resolvió otorgar a varios de ellos la posibilidad de declarar bajo identidad reservada.

Castillo está acusado de participar directamente en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, y por el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976. Se le suma el secuestro y asesinato de Leonardo Guillermo Miceli el 19 de abril del mismo año. En ambos casos con robo y violación de los domicilios de las víctimas. Además, se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976.

“Exigimos que se juzgue a Pomares y Castillo, pero también a todos los responsables tanto de las fuerzas represivas del Estado como también a funcionarios públicos que formaron parte del gobierno en aquel momento. Este grupo paraestatal funcionaba con total libertad y aval de la burocracia sindical del propio gobierno de Isabel Martínez de Perón”, enfatizó Garralda.

Aymar Pérez Grant – @Aymar_PG