Cambiemos, el negacionismo y los tribunales: nueva etapa del genocidio

En los últimos días llamó la atención de buena parte de la población el viraje discursivo que realizaron funcionarios del gobierno nacional -en especial el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- sobre el fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2×1 a genocidas.

Aunque el reemplazo del “respeto a la autonomía de los poderes” por un rechazo a la decisión del máximo Tribunal sea sencillo de ser leído como una posición ajustada a encuestas y estudios de opinión, resulta difícil para Cambiemos desligarse del retroceso en materia de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad que se da en la actualidad.

“Lo más grave que han hecho varios funcionarios de este gobierno es el negacionismo estatal”, indicó a Notas la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta. Esto no sólo es peligroso en tanto pone en riesgo políticas impulsadas desde las instituciones públicas para juzgar los crímenes, sino que es una nueva etapa dentro del mismo genocidio perpetrado por los militares y sus cómplices civiles.

“El genocidio como práctica social no termina en la parte del aniquilamiento de lo que se conoce como una otredad negativa, sino que concluye con una etapa posterior, pasados muchos años de ese aniquilamiento, que tiene que ver con la negación o relativización de los graves hechos ocurrido por una sociedad o comunidad”, explicó Gómez Alcorta. Y agregó que esto “ha sido la clave, el factor central” de la política del gobierno de Cambiemos en la materia, “negando los hechos o relativizándolos, tratando de erosionar un piso de consenso social”.

De esta forma, el gobierno no sólo ha fomentado un discurso sobre la dictadura cívico militar que se contrapone con la que organismos de derechos humanos, abogados/as y la sociedad civil en general ha construido durante los últimos 40 años, sino que perpetra, desde el mismo Estado, un acto que continúa el plan genocida.

La Corte Suprema contra los juicios

Pero no son sólo declaraciones de funcionarios negando o relativizando lo ocurrido entre 1976 y 1983. La Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial argentino, ha sido en los últimos meses actor fundamental en la consumación de la estrategia.

Se trata fundamentalmente de cuatro fallos, “dictados siempre con el voto de los dos jueces nombrados por el nuevo gobierno”, como recuerda la abogada en relación a Rosatti y Rosenkratz, a quienes Mauricio Macri intentó incluso designar por decreto.

Esas resoluciones se vinculan directamente a “un retroceso severo en el proceso de juzgamiento” de los crímenes de lesa humanidad. El primero es el del caso “Fontevecchia”, que intenta limitar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo es “Villamil”, que pone, como explicó Gómez Alcorta, “un plazo de prescripción a los reclamos civiles por daños y perjuicios derivados de los delitos de lesa humanidad”.

Los últimos dos son probablemente los que más repercusión tuvieron. Se trata del fallo en la causa conocida como “Alespeiti”, que “habilita de alguna forma, aunque no es exactamente una habilitación, las prisiones domiciliarias de los genocidas”. Por último el relativo a Luis Muiño, en la causa “Bignone”, que hace una aplicación “no sólo injusta, sino también errónea del 2×1”.

Estos fallos de la Corte Suprema se dictaron en los últimos dos meses y medio e “implican un gravísimo retroceso en el proceso de juzgamiento”, sostuvo la abogada.

En un encuentro realizado el fin de semana pasado en Santa Fe, abogados y abogadas de juicios de lesa humanidad decidieron recurrir a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) “a los fines de denunciar este retroceso”. Además, realizarán un pedido de juicio político para Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco por “mal desempeño por el dictado de este fallo”, en relación al caso Muiño.