Abogados de derechos humanos contra el 2×1 para genocidas

El pasado viernes 4 y sábado 5, alrededor de 100 abogados y abogadas de todo el país se reunieron en Santa Fe para analizar la actualidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad y delinear estrategias de conjunto.

Se trató de la quinta jornada convocada por abogados y abogadas querellantes en causas de lesa humanidad y la primera que se hizo fuera de la ciudad de Buenos Aires. Ya estaba prevista su realización, pero el último fallo de la Corte, sin duda, atravesó el encuentro.

Como contó Elizabeth Gómez Alcorta a Notas, el temario siempre incluye trabajo sobre las cuestiones que resultan “más apremiantes” y dentro del temario estaba planteado “hacer un diagnóstico sobre el retroceso que estaba teniendo el proceso de juzgamiento desde la asunción del gobierno de Cambiemos”.

“El retroceso cada vez es más grave. Incluso llegamos a pensar que el fallo de la Corte puede traccionar aún más el freno de los juicios de lesa humanidad”, afirmó la abogada antes de explicar algunas decisiones que tomaron.

Entre las resoluciones, definieron recurrir a la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) “a los fines de denunciar este retroceso”. Además, realizarán un pedido de juicio político para Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco por “mal desempeño por el dictado de este fallo”.

Por otro lado, instarán al Congreso nacional y las legislaturas provinciales y locales a que dicten declaraciones  de repudio al fallo de la Corte de la semana pasada. Y afirmaron su voluntad de intervención ante cualquier proyecto de ley que se presente al respecto.

“La rápida respuesta de los distintos sectores políticos repudiando este fallo habla de un piso de consenso social sobre lo ocurrido durante el Terrorismo de Estado y la necesidad de asegurar el proceso de juzgamiento. Es decir, que haya justicia para reafirmar la memoria y asegurar la verdad de los hechos”, concluyó Gómez Alcorta.

Así, el colectivo de abogados y abogadas que ha sido soporte fundamental del proceso de juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices, reafirmó en Santa Fe el compromiso y la vitalidad de la lucha por los derechos humanos en la Argentina.