7 mayo, 2017
Judiciales de Mendoza: «Bajo ningún concepto daremos tregua»
El mes pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, dispuso la intervención del sindicato de judiciales de Mendoza, la cual no pudo efectivizarse gracias a la resistencia de los y las trabajadoras. La secretaria General electa del gremio, Adriana Domínguez, dialogó con Notas al respecto.

El mes pasado, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, dispuso la intervención del sindicato de judiciales de Mendoza, la cual no pudo efectivizarse gracias a la resistencia de los y las trabajadoras. La secretaria General electa del gremio, Adriana Domínguez, dialogó con Notas al respecto.
La Asociación Gremial de Empleados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial de Mendoza, con casi tres mil afiliados/as, es el segundo sindicato más grande de la Federación Judicial Argentina (FJA) y uno de los más importantes de la vida política y gremial de la provincia tras ser ganado en 2001 por la actual conducción. Sus cuentas fueron saneadas y se le imprimió al gremio una impronta democrática y combativa que le permitió desplegar una línea sindical independiente de los gobiernos de turno y de la Suprema Corte provincial, lo cual explica el ensañamiento por parte los poderes Ejecutivo y Judicial que terminó con la intervención del sindicato.
– ¿Cómo se origina el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Sindicato de Judiciales de Mendoza?
– El 24 de marzo de 2016 nuestro sindicato publicó el llamado a asamblea para elección de Junta electoral. La Junta se eligió el 1 de abril. Un grupo de afiliados, a mi entender pro-patronales, impugnó el llamado porque según ellos no cumplía los cinco días hábiles previos requeridos por la Ley. El Ministerio de Trabajo recibió el reclamo, aunque no se había agotado la vía asociacional, y no dijo nada hasta seis meses después.
Lo insólito del caso es que las elecciones de autoridades de Comisión Directiva se celebraron el 8 de junio y el Ministerio de Trabajo no sólo no las invalidó, sino que enviaron cuatro veedores que informaron que los comicios se habían desarrollado con total normalidad.
En las elecciones participaron tres listas, la histórica Verde -que yo represento y que ganó las elecciones- la Naranja y la lista Bordó, que fue la que impugnó.
Recién a fines de octubre, a siete días de asumir la nueva conducción, la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo nos notificó que declaraban la ineficacia jurídica del llamado a elección de miembros de Junta Electoral y con ello todo el proceso electoral, obligándonos a llamar nuevamente a elecciones.
– ¿Es decir que dejaron que prosperara la elección para hacer lugar a la impugnación?
– Exacto. Dejaron votar, si ganaba la lista progobierno, todo bien. Pero como ganamos nosotros, impugnaron todo de manera escandalosa. No nos dieron derecho a defensa y no tuvieron en cuenta que todas las etapas anteriores a la elección jurídicamente habían precluido.
– ¿Y qué hicieron frente a esto?
– Nosotros presentamos un recurso de reconsideración ante la Dirección de Asociaciones Sindicales que fue rechazado. Interpusimos un recurso jerárquico ante el Ministro de Trabajo. El licenciado Triaca no lo contestó nunca, por lo cual nos habilitó el recurso del art. 62 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece que, en esta circunstancia, es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo quien tiene competencia para resolver sobre el fondo de nuestro proceso electoral.
No contento con ello Triaca, sin ya tener competencia, nombró un “delegado normalizador”, con facultades de administración y ejecutivas, con el principal objetivo de organizar un nuevo llamado a elecciones en nuestro sindicato. Es decir, la patronal intenta organizar las elecciones para que gane la patronal.
– ¿Qué rol asumió la Suprema Corte mendocina en este proceso?
– Nosotros entendemos que este proceso se ha dado a partir de la articulación entre el gobierno provincial [del radical Alfredo Cornejo desde 2015], el gobierno nacional y la Suprema Corte, con el fin de disponer de un sindicato que no les ponga resistencia a los procesos de reforma judicial como así también facilite las negociaciones salariales por debajo de los índices inflacionarios.
La complicidad, por lo menos de un sector de la Corte, se demuestra en la Acordada dictada el mismo día que el Ministerio de Trabajo nombraba al interventor. Esa acordada establece la eliminación de las siete licencias gremiales acordadas en paritarias por nuestro sindicato retroactivo a la fecha de finalización del mandato de la comisión anterior, es decir, el 31 de octubre.
Asimismo, a los que poseíamos licencia gremial, nos obliga a devolver seis meses de salario por considerar que no los hemos trabajado. No contento con ello, una fiscal investiga si por este hecho hay malversación de fondos. Parece que hay articulación ¿no?
– ¿Cuál es la respuesta del Sindicato?
– Ellos se unen, nosotros también. Hemos resistido la intervención rodeados de la solidaridad y movilización no sólo de los compañeros y compañeras judiciales sino también de compañeros y compañeras de otras organizaciones gremiales pertenecientes a nuestra Central como así también a la CTA de los trabajadores y la CGT, además del fundamental apoyo de la FJA. Gracias a esta solidaridad, la intervención no pudo efectivizarse y el interventor no pudo asumir.
Sin embargo, somos conscientes de que van a intentar intervenir a toda costa pero bajo ningún concepto daremos tregua. Tenemos que resistir las prácticas dictatoriales y represivas del gobierno que intenta quedarse con la herramienta gremial de los trabajadores y trabajadoras judiciales de Mendoza.
Este sindicato ha tenido una rica historia en los últimos quince años: independencia de los partidos políticos, de los patrones tanto Ejecutivo como Suprema Corte, largos planes de lucha con logros y eso no es perdonado por los poderes reales que gobiernan la provincia.
– La figura del interventor sindical nos remonta a épocas siniestras de la historia argentina. ¿Cuál es la postura del Sindicato respecto a esta decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación?
– Nuestro sindicato tiene setenta años de historia, la única vez que fue intervenido fue durante la triste etapa de nuestra historia, que es el Golpe cívico-militar sanguinario de 1976. Ni antes, ni mucho menos con el regreso de la democracia, se había vivido una situación semejante. No hay duda, la postura de este Sindicato ante la decisión es clara: el sindicato es de los trabajadores/as, no de los patrones.
Mariano Santana* y Guadalupe Santana** – @puede_fallar
* Vocal de la departamental San Martín de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-FJA)
** Delegada de la Asociación de Empleados/as Judiciales de la CABA (AEJBA-FJA)
Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.