En cuatro meses no hay reinserción de los investigadores al CONICET

El 23 de diciembre de 2016, las autoridades del gobierno nacional, del Ministerio de Ciencia (MinCyT) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), firmaron el acta acuerdo que expresaba su compromiso para «reinsertar a los 500 científicos (damnificados por el recorte del 30% en Ciencia) al CONICET y otros organismos de Ciencia y Técnica, a las Universidades nacionales y empresas con participación estatal».

La decisión del Poder Ejecutivo, avalada por las dos cámaras del Congreso, en noviembre, reducía los recursos destinados a Ciencia y Tecnología, y quitaba la posibilidad a la mitad de los ingresantes 2016 de acceder a la Carrera de Investigador Científico (CIC) del máximo organismo de Ciencia del país, aún cuando su incorporación estaba aprobada y habilitada por un concurso público.

Al día de hoy, las organizaciones que conforman la Comisión Mixta de Seguimiento del acta firmada, denunciaron a los funcionarios del gobierno nacional por «ignorar el acuerdo».

Desde las agrupaciones Jóvenes Científicos Precarizados y la Corriente 12 de mayo de docentes universitarios e investigadores coincidieron en que, en el encuentro de abril de la mesa de seguimiento, las autoridades del Ministerio reconocieron que «no cuentan con fondos para garantizar la reinserción de los/as compañeros/as, ni en el CONICET ni en otros ámbitos». De esta forma dejaron en manos de las instituciones receptoras la financiación (y la decisión) para incorporar a los 500 postulantes.

De hecho las autoridades de las instituciones propuestas por los funcionarios nacionales para recibir a los afectados, entre las que se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el sistema de universidades nacionales y privadas y el propio CONICET ya manifestaron no contar con presupuesto para hacerlo.

«En lo que va de 2017, el ajuste en el sector científico-tecnológico se ha profundizado. Las autoridades del MinCyT y del CONICET no solo han desatendido el acuerdo alcanzado en diciembre, demorando la convocatoria a la Comisión Mixta para la incorporación efectiva de los/las 500, sino también han sostenido los recortes en la CIC y agudizaron la mercantilización de la política científica», manifiesta el comunicado de la Corriente 12 de Mayo.

Y la razón radica en que, aunque todos ellos pertenecen al Sistema Nacional Científico, su estructura y financiación depende del presupuesto nacional asignado por el Poder Ejecutivo a ministerios diferentes: Ciencia (CONICET), Producción (INTI), Educación (Universidades), Agroindustria (INTA, INV, INIDEP), Defensa (CITEDEF, IGN), Energía y Minería (CNEA) y Relaciones Exteriores (CONEA). Es decir que ninguno tiene jerarquía o interdependencia con el resto.

Esto implica que más allá de la voluntad de los funcionarios de abrir espacios de reinserción para los damnificados, la potestad sobre la ejecución presupuestaria o la incorporación a planta de trabajadores le corresponde a cada organismo, y no puede ser predeterminado o afectado por otro de similar rango que, además, tiene distintas facultades, objetivos y partidas del presupuesto nacional.

Es decir que el titular del ministerio de Ciencia, Lino Barañao, y la autoridad máxima del CONICET, Alejandro Ceccato, con el aval de la Jefatura de Gabinete de la Nación, firmaron un acta de acuerdo original comprometiéndose a incorporar a los 500 aspirantes a otras áreas y entidades estatales sobre las cuáles no tienen pertinencia presupuestaria ni injerencia administrativa.

El resultado, de hecho, es que a cuatro meses de la firma del convenio entre las partes, nadie fue tenido en cuenta en las entidades propuestas.

Por otra parte, las organizaciones que monitorean el cumplimiento del acuerdo aseguran que «Barañao desconoce el punto que establecía que se garantizarían condiciones salariales y laborales equivalentes a las de la Carrera de investigador de CONICET» al afirmar que «los ingresos podrían darse sobre la base de ‘jubilaciones’ o ‘nuevas vacantes’, dado que las plantas de los organismos descentralizados están congeladas y que hay cientos de compañeros/as que aguardan con contratos precarios, luchando para regularizar su situación laboral».

Además, expresa el comunicado de JCP que «la incorporación a las universidades nacionales no ha sido acordada con ninguno de los actores involucrados, dado que en la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se rechazó usar las partidas extras de CyT para financiarla. En el mismo sentido, las universidades están hoy rebalsadas de docentes sin salario o con condiciones precarias que reclaman su regularización de acuerdo al Convenio colectivo de trabajo».

Las dilaciones y ambiguedades en las respuestas y resultados de lo acordado tras la toma de diciembre pasado, levanta sospechas entre las organizaciones de científicos e investigadores que acusan al gobierno nacional de «desconocer el acta y de forzar sus políticas de ajuste en el sector».

Algunos datos para contextualizar el conflicto

Tras haberse aprobado en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, el año pasado, se consolidó un recorte del 30% en los recursos destinados a Ciencia y Tecnología, con relación a 2015.

De esta manera, las tres entidades científicas más importantes del país, con 750 millones de dólares, retrotrajeron los niveles presupuestarios a los del año 2011, tras haber llegado a un techo histórico de 1350 millones de dólares, en 2013.

Según el informe técnico de Análisis del Presupuesto 2017 del área de Ciencia, Técnica y Universidades, elaborado por la Mesa de Innovación, Tecnología e Investigación, el presupuesto 2017 (que corresponde al asignado a instituciones y entidades repartidos en nueve ministerios, entre los que se encuentra CONAE, la ANPCyT, INTA, INTI y CONICET, entre otros) equivale al 90% de los fondos asignados en 2016, teniendo en cuenta la inflación del año anterior.

En el Informe se destaca que, si bien el CONICET incrementó un 3% su presupuesto en 2017 (en comparación con el año anterior), el presupuesto general destinado a Ciencia y Tecnología para los nueve ministerios retrocedió 12,11% en el total del gasto público.

Por otra parte se alude a la situación del CONICET, donde asegura que el impacto de la inflación, el alto índice de endeudamiento y la propia estructura del organismo (donde el 92% de los recursos son asignados a cubrir salarios) hace que la leve alza presupuestaria de 2017 no permita la recuperación del poder adquisitivo, calidad y desempeño del personal especializado de la entidad.

En otro informe, elaborado por Fernando Stefani, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias, se alerta sobre la «delicada situación» de los organismos científicos nacionales, ante la poda presupuestaria 2016-17, y alerta sobre la necesidad de impulsar modificaciones «urgentes y necesarias» para evitar una «etapa de desmantelamiento» del Sistema Nacional de Ciencia, y una «nueva oleada de fuga de cerebros».

En el mismo análisis, Stefani asegura que la reducción en el Presupuesto 2017 profundiza «el riesgo de continuidad de programas científicos tecnológicos impulsados por el MinCyT, los cuales se basan en programas plurianuales».

Próximos pasos

Los 500 afectados por el recorte en Ciencia y las organizaciones que monitorean el acuerdo ya apuntan al 11 de mayo próximo, fecha en que se realizará la próxima reunión de la comisión de seguimiento, con las autoridades del Ministerio de Ciencia y del gobierno nacional, para reanudar las negociaciones y evaluar la gestión de los funcionarios ante los compromisos acordados.

Sin embargo, para acercar posiciones es necesario que el marco actual de un giro y se superen las ambiguedades y dilaciones que, hasta el momento, solo permiten vislumbrar un escenario de reactivación del conflicto entre el Gobierno y los científicos.

Eduardo Porto