Fueron detenidos los policías jujeños que irrumpieron en la Universidad

El grupo de efectivos de la policía jujeña que el pasado 13 de abril ingresó ilegalmente a la Universidad de Jujuy fueron detenidos luego de que el fiscal de Investigación Penal N° 4 Aldo Hernán Lozano los imputara por «allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad». En algunos casos se les agregan cargos por apremios ilegales, vejaciones y prolongación indebida de la privación de la libertad por los maltratos a los que fueron sometidos luego de su detención el presidente del Centro de Estudiantes y Consejero académico Estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Joaquin Quispe, y el estudiante Ignacio García. Las fuentes varían en cuanto al número de policías detenidos, aunque la mayor parte coincide en que se trataría de 16 efectivos. Página 12 afirma que son 17 y Clarín dice que fueron 14.

El miércoles 13 la policía jujeña irrumpió violenta e ilegalmente (la ley de Educación Superior que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a las instituciones universitarias nacionales “si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”) en el predio de la UNJu, bajo el presunto argumento de una denuncia por «ruidos molestos», con un despliegue de fuerzas totalmente injustificado (cinco móviles y oficiales con escudos, armas largas y demás impedimenta antidisturbios), mientras el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias realizaba un asado de bienvenida para los ingresantes. Momentos entre varios efectivos detuvieron violentamente a Quispe por indagar acerca del motivo de la irrupción y a García que intentó defenderlo.

En los videos que circularon en la semana pasada se puede ver el momento de la detención de Quispe, a quien arrastran entre tres o cuatro policías. Ya en la comisaría 1era el presidente del Centro de estudiantes siguió siendo víctima de agresiones por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, entonces lo asfixiaron levantándolo del cuello mientras seguía esposado por la espalda para luego tirarlo al piso y dejarlo a la intemperie. Recién fue liberado a las 10 de la mañana siguiente, sin habérsele permitido realizar un llamado telefónico.

Por estos hechos, que generaron el repudio de diversas organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos a nivel nacional, el fiscal Lozano también imputó también al exjefe de la policía provincial Aldo Soles y al exsubjefe Natalio Ruiz, quienes renunciaron a sus cargos hace pocos días, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La UNJu, por su parte, ya presentó una demanda penal a la gobernación de Gerardo Morales por el accionar ilegal de su policía.

Tal fue el escándalo que despertó la flagrante violación de la autonomía universitaria por las fuerzas policiales que hasta tuvo que repudiar los hechos la agrupación universitaria radical Franja Morada (que hace semanas incluso llegó a festejar las condenas contra Milagro Sala). El propio gobernador Gerardo Morales también se vio obligado a pedir disculpas en nombre de su gobierno por el accionar policial.