«Más cárceles y detenciones no significa mejores condiciones de seguridad»

Rolo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aseguró en una entrevista realizada por “Con el pie izquierdo” (Radio Sur 88.3) que la propuesta de  reforma de la Ley de Ejecución Penal no va a resolver la problemática delictiva, ni mejorar las condiciones para las personas que viven cotidianamente dentro del sistema penal. “Lo único que va a hacer es profundizar la violencia”, sostuvo.

– ¿Qué significaría la aprobación de la reforma de Ley?

– Esta reforma surge en un contexto en que se quiere dar respuesta a un fenómeno que tiene impacto en la sociedad. Lo que reproduce es una tendencia de los últimos 15 años al menos: la propuesta de modificaciones para dar respuesta a problemáticas de seguridad se basan centralmente en respuestas efectistas. Son propuestas demagógicas que no solo no dan respuesta a la situación que planean resolver, sino que profundizan otros problemas como es la violencia en los contextos de encierro, y la superpoblación carcelaria que en Argentina -y en particular en la provincia de Buenos Aires- tiene niveles alarmantes.

No hay en esta propuesta algo que tienda a resolver los problemas que enuncia que va a resolver. Esto no va favorecer en nada a la problemática delictiva, no va a mejorar las condiciones de vida. Lo único que va a hacer es incrementar los niveles de violencia existentes.

La reforma viene a proponer una limitación general e inconstitucional de las libertades durante la ejecución de la pena. La posibilidad de ir accediendo en términos de progresividad a distintos derechos que el detenido tiene. Hay que tener en cuenta que el régimen propuesto por la Constitución y los tratados internacionales a los que la Argentina suscribe es el de la resocialización. Es decir, que el sistema penal vaya dándole a la persona herramientas para reintegrarse en la sociedad con mejores elementos que con los que ingresó al sistema penal. Eso, que puede tener muchas discusiones en términos teóricos, es ley y es lo que orienta todo el sistema penal en la Argentina.

Entonces este proyecto lo que quiere hacer es limitar y restringir el acceso a libertades condicionales, por ejemplo, para determinados delitos. Y también genera otras medidas intermedias como la creación de un Banco de Datos Genético de las personas que ingresan al sistema penal por determinados delitos. Genera un control social, y así está determinado, porque toman conceptos que ya tienen arraigo en Colombia y Perú y esos son los modelos q están mirando.

Obviamente para nosotros significa un dato riesgoso porque puede llegar a que se defina si una persona tiene o no que acceder a determinados derechos, estrictamente por el daño generado por los delitos cometidos. El sistema no está estructurado como uno de castigo por el hecho cometido, sino como uno que propicie que la persona que ingresa a este sistema, salga mejor.

También vale mencionar que hoy el sistema penal es un sistema que lo que hace efectivamente es castigar a la personas. No garantiza ninguna de las condiciones mínimas de habitabilidad. En las cárceles genera niveles de hacinamiento intolerables. En las comisarías de la provincia de Buenos Aires hay capacidad para 800 personas y hay 1114 personas.

Además le da muy poca respuesta a la víctima. También hay que decirlo: es bastante cínico el planteo de que importa tanto la víctima, cuando el sistema penal no ha generado ninguna instancia realmente reparadora. El sistema las expulsa directamente.

Hay una gran cuota de cinismo respecto a colocarse a caballo de las víctimas, para proponer algo que no va a resolver nada a las víctimas ni va a propiciar que se pueda ir solucionando o al menos aplacando los conflictos sociales que se generan por los delitos. Y por otro lado genera unos niveles de violencia que hacen que quien ingresa a un sistema penal, salga bastante más deteriorado que lo que ingresó. Eso no va a tener ningún beneficio social.

– El tamaño del sistema penal, ¿cómo evolucionó?

– Los datos totales son dificultosos, porque somos un país que produce poca y muy mala información en este tema. Desde 2014 la provincia de Buenos Aires tuvo un incremento exponencial de la cantidad de detenidos. Pasó de 32 mil a hoy casi llegar a 36 mil, sin contar detenidos en comisarías que son otros 3 mil.

Lo que es más alarmante es la “tasa de prisionalización”, que lo que te dice es cuántas personas detiene el Estado cada 100 mil habitantes. Ese índice en la provincia es de 202 personas cada 100 mil lo que, comparado con otras regiones y provincias, es un indicador muy elevado.

Lo que no muchos ponen en debate es que el Estado decide cuántas personas detiene. No detiene a todas las personas, sino que toma una decisión de política criminal. Si el Estado detuviera a todas las personas que se incorporan por delitos en la Provincia, tendría que haber alrededor de 700 mil detenidos por año en cárceles. Es un sistema que no se sustentaría de ninguna manera.

El Estado tiene que tener un ejercicio racional de su política criminal, y tiene que generar ecuaciones que a la vez que den respuestas a problemáticas sociales vinculadas al delito. Obviamente tampoco hay que pensarlas sólo desde el sistema penal. Además tiene que generar condiciones apropiadas para que el sistema carcelario se sustente, sino lo que se termina haciendo es incorporar personas a un sistema penal que va colapsando.

Si vos vas a detener 202 personas cada 100 mil habitantes, tenés que construir tres cárceles por año para lograrlo, es una ecuación que casi ningún país del mundo puede asumir y que, por otro lado, va hacia un modelo de sociedad que en los países más desarrollados se considera negativo o regresivo, no un dato favorable de la vida social. Si lo que estás asumiendo es que vas a detener cada vez más personas, estás reconociendo que esa sociedad no está dando respuesta a las problemáticas. Consolidar un esquema así es reconocer que la problemática del delito no se va a solucionar.

Esa es la ecuación que hay que hacer, no la inversa: más cárceles y más detenciones no van a significar mejores condiciones de seguridad o se van a reducir los delitos.

– ¿Qué va a pasar con este proyecto en relación a las salidas de la cárcel de represores, presos por crímenes de lesa humanidad, tema del que el gobierno ya se manifestó a favor?

– Esta ley podría tener dos aristas para analizar. Por un lado, que genere perjuicios para un gran colectivo de la población carcelaria, y por otro lado, puede influir en las libertades de los represores. Nosotros tratamos de no fracturar nuestros argumentos, consideramos que en general el sistema penal tiene que ser respetuoso de esa progresividad que defendemos. Eso no tiene que ver con la pena que se le imponga a una persona sino con el objetivo del sistema penal.

Lo que ocurre es que existe una doble vara muy clara: para las personas que cometen delitos predatorios -robos, robos con armas- es muy dificultoso a acceder a alternativas al encierro. Como contrapunto de eso es que, utilizando argumentos de promoción y protección de derechos durante el encierro, se dan libertades condicionales por ejemplo a represores que están condenados por delitos de lesa humanidad: esa es la doble vara.

Otro punto diferencial de análisis es que, por supuesto, no es lo mismo una persona que está condenada por delitos de lesa humanidad y una que lo está por cometer un robo. El análisis de las libertades condicionales en una persona condenada por delitos de lesa humanidad tiene que tener un nivel mucho más elevado por el tipo de delitos del que estamos hablando, que se sale de la lógica de cualquier tipo penal. Son delitos cometidos por el Estado y considerados como crímenes contra la humanidad. Tienen que tener un análisis particularizado y no puede mezclárselo con el resto de los delitos.