Caso AMIA: «El gobierno impide que la sociedad acceda a los archivos desclasificados»

Desde la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (APEMIA) explicaron que el decreto 229/2017 publicado el 6 de abril en el Boletín Oficial obtura la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad que tuvo el Estado en al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994. Pablo Gitter, integrante de la agrupación, explicó en “Con el pie izquierdo” (Radio Sur 88.3) el estado actual de la causa y por qué rechazan el decreto mencionado.

– ¿Cuáles son las últimas novedades del caso AMIA?

– Las novedades tuvieron poca repercusión pese a ser realmente muy importantes. El 6 de abril cuando se estaba haciendo el paro general salió publicado en el Boletín Oficial un nuevo decreto, el 229/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y Germán Garavano, por el cual formalmente se habla de una nueva desclasificación de archivos del caso AMIA. Ya perdí la cuenta, creo que es el número 12 o 13 de los decretos firmados en los últimos años prometiendo lo mismo. Es sanata.

¿Qué tiene este decreto de novedoso? Es de una perfidia increíble. Al mismo tiempo que ordena que se haga lo que ya supuestamente está hecho (abrir los archivos), nos los quita. Es decir, le quita a la sociedad cualquier posibilidad de tener esos archivos secretos donde esperamos encontrar información importante para esclarecer el atentado y que desde ya sabemos que es información que complica al Estado argentino y no al revés, como el gobierno vende de que habría más datos para perseguir a grupos extranjeros. Este es el primer aspecto, que provocó un rechazo general hacia ese decreto y que causó que le pidamos una audiencia al ministro de Justicia, Garavano, para exigir la renuncia de su secretario, Mario Cimadevilla, que es el que está detrás de esta porquería.

– ¿Quién es Cimadevilla?

– Es un hombre del Ministerio de Justicia que asumió semanas después que Macri y Garavano. Desde antes de asumir su posición era que había que armar un juicio en ausencia contra los iraníes imputados. Mientras los distintos grupos de familiares estamos opuestos a esta idea de generar un juicio en ausencia. Es un juicio en ausencia de los acusados, de los testigos y hasta de pruebas contra los iraníes. Es una simulación.

Un año y medio después de asumido y unos días antes del decreto, presentaron un proyecto de ley para implementar los juicios en ausencia. Es para terminar de imputar la criminalidad del atentado a un grupo de iraníes perseguidos desde la época de Néstor Kirchner por Interpol. Este es el segundo aspecto novedoso de esta ofensiva.

– ¿Y en el plano judicial cómo avanza la causa?

– El tercer aspecto importante es que se está terminando el juicio que comenzó hace un año y medio. Por entonces todavía gobernaba Cristina Kirchner y había exigido la realización de este proceso judicial contra Menem, Anzorregui, Galeano, Beraja y otros dirigentes policiales y del Ejecutivo de entonces, acusados de encubrimiento. Ese juicio ya está transcurriendo sus etapas finales, en la más absoluta soledad y secreto, porque muchas audiencias son secretas por decisión del Tribunal. El Tribunal no quiere se hagan públicas las acusaciones que los mismo imputados y otros testigos hacen contra el Estado argentino por su participación criminal en el atentado.

En resumen: en momentos en que se verifica un pequeño avance en la idea de que el Estado argentino es el responsable criminal y le echa la culpa a cualquiera, el gobierno nacional pretende dar un golpe muy fuerte vía proyectos de ley y decretos para cerrar o encausar el debate sobre el tema AMIA y la criminalidad del Estado a su esfera internacional exclusivamente.

– Desde APEMIA, ¿por dónde creen que debe ir la investigación y qué sectores del Estado están comprometidos en la causa?

– Definitivamente el Poder Ejecutivo y los servicios de inteligencia son los grandes protagonistas de estas trabas que se está poniendo. Y todo se hace en nombre del esclarecimiento. Esto es lo perverso. Se rasgan las vestiduras gritando “que se investigue” y son los que más entorpecen cualquier investigación. Cimadevilla en el Ministerio de Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de Arribas y Majdalani.

– ¿Quién es el juez a cargo de la causa ahora?

– Sigue siendo el mismo juez Canicoba Corral. Desde que lo echaron a Galeano el juez es el mismo, que delegó cualquier investigación en los fiscales. Recordá que hasta su muerte el fiscal era Nisman que no había investigado nada. Y desde entonces, hace dos años, hay un grupo de tres fiscales encargados de llevar adelante el proceso judicial que se está llevando a cabo todos los días jueves en los Tribunales de Comodoro Py. Y también están organizando y tratando de echar algo de luz sobre los archivos que la AFI les ha entregado para este proceso de desclasificación.

Los archivos que les han entregado están en muy malas condiciones. Son algo así como la escoria del material de la AFI. Estaban en condiciones inmundas (caca de ratones y bichos), lo que obliga a la limpieza, ordenamiento, conservación, digitalización, etc. Eso es un proceso realmente muy largo que empezó hace poco más de un año. Eso es lo que Cimadevilla está bloqueando.