Nacionales

17 abril, 2017

El Senado comienza a tratar un proyecto para endurecer penas y limitar derechos

El proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal pretende transformar radicalmente la concepción del sistema penal argentino: endurecer las penas y reducir drásticamente los derechos de las personas detenidas, limitando sus posibilidades de reinserción social. En la cárcel de Devoto iniciaron una huelga de hambre en rechazo.

El proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal está en los cajones del Senado, con media sanción, desde fines de noviembre del año pasado. La iniciativa promovida por Cambiemos pretende transformar radicalmente la concepción del sistema penal argentino. Se trata de endurecer las penas, es decir, reducir drásticamente los derechos de las personas detenidas y limitar sus posibilidades de reinserción social.

El debate comenzará este martes en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. En Diputados el proyecto había sido impulsado por el radical Luis Petri, pero en el Senado contaría -según difundieron medios de comunicación- con apoyo de todos los bloques. En ese marco, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, irá el miércoles al Congreso de la Nación y se reunirá con los distintos bloques para tratar de acelerar su tratamiento y aprobación.

Como explica Ramiro Gual en un artículo publicado en Revista Bordes, la coalición de gobierno propone “modificar el principal marco normativo de ejecución de penas a nivel nacional –Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660- reduciendo, hasta volver sumamente marginal, el principio progresivo de la pena”. Este principio, detalla el autor, implica “avances durante el transcurso de la detención hacia etapas, espacios y regímenes de mayor autodisciplina, incorporado finalmente a diversos regímenes de libertades anticipadas transitorias (semilibertad, prisión discontinua, salidas transitorias) y permanentes (libertad condicional, libertad asistida)”.

Dicho de otra forma, el intento de Cambiemos es el de transformar regresivamente un modelo penal que, aún con todas sus deficiencias, incluye una serie de derechos para las personas detenidas que tienden a promover la reinserción social como finalidad del sistema.

A fines del año pasado, Karina Valobra, asesora de Remo Carlotto, diputado del Frente para la Victoria y militante del movimiento de derechos humanos, afirmaba a Notas: “El encierro en sí mismo no resocializa a nadie. Endurece las condiciones en las que esa persona ingresa”. Y agregaba, como contracara, que “el principio de progresividad busca que los condenados tengan formas de autorregulación, aún en los contextos de encierro”.

En la actualidad son los juzgados de ejecución penal quienes hacen un seguimiento de la condena y, en función de cómo se va desempeñando el condenado dentro del penal, a partir de un tiempo determinado “les permite acceder a determinados derechos, para poder ir avanzando en un régimen progresivo”, decía la especialista. Estos seguimientos pasarán, si el Senado acompaña la ley votada en Diputados, a manos de las penitenciarías para llegar sólo en última instancia a los juzgados.

Por ejemplo, la posibilidad de trabajar o estudiar mientras los detenidos están en prisión es algo que los juzgados valoran positivamente a la hora de evaluar libertades y salidas. Según el proyecto que el Senado comenzará a debatir, “el acceso a esos derechos va a pasar por un filtro previo del propio carcelero antes de llegar a un juzgado”. “Es el gobierno de la cárcel sobre las políticas públicas”, afirmaba Valobra.

En el núcleo de la «contrarreforma conservadora”, como la llama Gual en su artículo, se encuentra “el endurecimiento de los requisitos para acceder a egresos anticipados y la reducción drástica de sujetos elegibles para ellos”. Además, “el proyecto alarga el listado de delitos que tienen bloqueado su acceso a los institutos de progresividad de la pena”. Por ejemplo, infracciones a la ley de Drogas o la ley Antiterrorista.

Rechazo en las cárceles

Un integrante del Centro Universitario de Devoto (CUD) y el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA) comentó que en la cárcel de Villa Devoto están realizando una huelga de hambre y un paro general de trabajadores, lo cual fue resuelto en asamblea general con representantes de todos los pabellones de la unidad penitenciaria.

«Queremos visibilizar que somos personas, seres humanos», afirmó. «Si se reforma la ley, que sea con criterio y responsabilidad, más penas ya se ha demostrado que sólo consiguen mayor reincidencia y mayor violencia», agregó, haciendo referencia a la reforma penal que se llevó a cabo en Mendoza. Criticó también que el Estado nacional gira «millones y millones de pesos que son absorbidos por el Servicio Penitenciario» y que por eso no hay seguimiento individual a cada uno de los internos para que no vuelvan a reincidir en los delitos.

«Hacemos batucadas pacíficas y los internos que están haciendo la huelga de hambre están bien», contó el referente del CUD. Y concluyó: «Vamos a seguir más firmes y más fuertes que nunca porque no se puede meter a todos en una misma bolsa».

Acelerado el tratamiento del proyecto como respuesta punitiva al femicidio de Micaela García, Cambiemos aprovecha el rechazo que causó socialmente el caso -cuyo principal acusado había salido en libertad condicional, lo que fue avalado por un juez en contra del peritaje de expertos- para endurecer el sistema penal y quitar más derechos a las personas privadas de su libertad.

Foto: Gustavo Pantano

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