La oposición boliviana se unifica contra el gobierno

El pasado miércoles 12, con una gran puesta escénica, las principales personalidades políticas de la oposición boliviana presentaron un pronunciamiento conjunto “en defensa de la democracia y la justicia”. En el acotado documento se expresan fuertes críticas al gobierno de Evo Morales, entre las cuales se destaca la “judicialización de la política”. Allí se denuncia: “Estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas”.

Más allá de esta interpretación, lo cierto es que Jorge Quiroga, Rubén Costas, Samuel Doria Medina y Luis Revilla, entre otros referentes opositores, enfrentan en conjunto al menos 110 demandas penales vinculadas a ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente, también se han abierto causas contra autoridades en pleno ejercicio y dirigentes afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), en congruencia con la política de tolerancia cero a la corrupción impulsada desde el Ejecutivo.

En el marco de la crítica al funcionamiento de la Justicia, los firmantes también proponen que se modifique el sistema de elección del Tribunal Superior de Justicia estableciendo una “comisión independiente” que seleccione a los postulantes.

Actualmente, según las normas vigentes, los postulantes al Tribunal son elegidos por la Asamblea Legislativa y luego sometidos al voto popular. Sin embargo, para la próxima instancia que tendrá lugar en el corriente año, la Asamblea ha definido ya la conformación de “una comisión con participación de la sociedad civil a través de las Universidades más importantes del país, que establecerán los requisitos a cumplir y exámenes meritocráticos que deberán atravesar los interesados». «Nosotros, antes que ellos lo planteen, ya lo estamos haciendo”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera en conferencia de prensa.

El segundo núcleo discursivo de la oposición está vinculado al funcionamiento del sistema electoral. El documento pone en cuestión la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral como árbitro imparcial y transparente a instancias electorales aunque, paradójicamente, al mismo tiempo reconoce que el órgano “condujo con idoneidad el Referéndum de 2016”.

Además se reafirma la validez de los resultados de aquella elección y se denuncia al gobierno por “vulnerar el principio de soberanía del pueblo” al problematizar la incidencia del escándalo mediático conocido como “caso Zapata” en el triunfo del «NO».

Finalmente, los seis dirigentes reafirman las perspectivas de unidad y hacen un llamamiento a la acción en sintonía con la estrategia que se vienen dando algunos movimientos derechistas de la región: “Trabajaremos unidos para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia». «Haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana”, agregan.

La proclama conjunta de la oposición recibió una respuesta inmediata por parte del gobierno. Para García Linera “dos proyectos políticos se han definido: juntuchas de la derecha y agenda 2025 de la izquierda”, dejando en claro cuál es el contenido de la polarización política que se plantea.

A la vez se enfatizó la intención es generar un escenario de desestabilización. “Así como lo hicieron cronológicamente en Venezuela, en Brasil, Argentina, y ahora quieren hacerlo en Bolivia”, advirtió el jefe de la bancada del MAS de Santa Cruz, Edgar Montaño.

Mientras tanto, Feliciano Vegamonte, máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) aseguró que “cuando los derechosos, aquellos herederos de la dictadura y del neoliberalismo, se juntan es cumpliendo la tarea que les han encomendado desde el extranjero”.

Hay expectativa sobre los posibles alcances de la iniciativa en términos de rearmado político y electoral. El crecimiento en popularidad de Carlos Mesa con su rol como vocero en la demanda marítima es una de las novedades del escenario boliviano. Al momento es la única figura que podría hacerle contrapeso a Evo Morales, aunque no ha manifestado intenciones más allá de lo planteado en el documento.

Carys Alfonzo