Denuncian el despido de 21 ex directores de Radio Nacional

Los trabajadores de Radio Nacional están haciendo circular un comunicado en el que denuncian que Miguel Pereyra, cineasta y presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA), firmó este martes una resolución para cesantear a 21 ex directores de la emisora de varias provincias, en muchos casos con cargos concursados y de planta permanente.

RTA Sociedad del Estado tiene a su cargo la operación de la Televisión Pública Argentina, Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE) y LRA Radio Nacional, que reúne a las 49 radios públicas del país, además de la cabecera de Buenos Aires. El organismo reemplaza al anterior Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (actualmente en liquidación) y depende desde diciembre de 2015 de la Secretaría de Medios Públicos del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, cartera encabezada por Hernán Lombardi.

El comunicado difundido por los trabajadores de Radio Nacional  amenazados de despido plantea que la «característica» que vincula a todos los casos es que «fueron directores de otras tantas radios durante la anterior gestión», lo que vuelve «evidente que estamos ante una situación de persecución ideológica instrumentada incluso con el nefasto simbolismo de listas negras, que retrotrae a épocas que creíamos superadas en nuestro país».

A continuación explican que «la mayoría de los y las despedidas fuimos designados/as directores/as tras participar de concursos públicos de oposición y antecedentes» y confirma que todos fueron removidos de sus cargos de dirección tras la asunción del nuevo gobierno. Por ello consideran estos despidos como «una verdadera lista negra diseñada para castigar a quienes adscriben a ideas o valores diferentes a las de la alianza gobernante, y para disciplinar al resto de los trabajadores y trabajadoras». «Esas listas fueron confeccionadas desde la conciencia del peor revanchismo, al estilo de épocas oscuras que parecen regresar», insiste el texto.

Luego denuncian que estas prácticas de persecución ideológica se llevan adelante mientras Lombardi no cesa de hablar de «pluralidad de voces y respeto por el derecho a la libre expresión en los medios públicos», lo que constituye una «era de las máscaras»: «Lo que llaman pluralidad es censura; lo que enuncian como «de todos» es solo para unos pocos; lo único que comunican son amenazas, prohibiciones y telegramas de despidos».

El texto también plantea que esta decisión del área de comunicación del gobierno de Cambiemos viola la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aún vigente, ya que una decisión de esta naturaleza debería haber sido tomada por el directorio de RTA en su conjunto y no solo por su presidente. El directorio está compuesto por 7 miembros, de los que presidente y uno de los integrantes son designados por el Gobierno, mientras que otros tres son propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (dependiente del Congreso Nacional) y los dos restantes por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

El comunicado advierte que estos despidos se suman a una serie de acciones que apuntan a un «desmantelamiento de las radios púbicas de todo el país, no solo en la infraestructura (que tanto costó recuperar después de años de olvido), sino también en los contenidos». «Mientras se habla de federalismo y de respeto por las voces locales, las emisoras del resto del país han sido obligadas a emitir programación local solo por una frecuencia, dado que la otra debe retransmitir a LRA1, Radio Nacional Buenos Aires», explican. Respecto del vaciamiento se destaca que se trata de un «plan sistemático» por el que se achicaron las horas de producción propia, se perforó el piso de calidad artística de los contenidos, se restringió la participación de los oyentes y en muchos casos se reubicó a los trabajadores en tareas «aleatorias» sin relación con su formación profesional. «El despido de personal, en ese contexto, es un punto de llegada de una política fríamente organizada más que un hecho caprichoso o desafortunado», concluye.

El texto lleva las firmas de los ex directores Pablo Ferrero (La Pampa), Elena Corvalán (Salta), Jorge Ramirez (Rosario), Ernesto Espeche (Mendoza), Maria Eugenia Cisneros (Córdoba), Ariel Loreto (Ushuaia), Omar Turconi (Bahia Blanca), Ramiro Rearte (Tucumán), Federico Sanchez (Zapala), Lorenzo Hernandez (Río Turbio), Itumelia Torres (Iguazú), Carlos Mendez Bogado (Las Lomitas), Verónica Sesin (Santiago del Estero), Sebastian Abraham (San Salvador de Jujuy), Martin Illanez (La Rioja), Wences Rubio (San Luis), Carlos Echeverría (Bariloche), Matías Ciampini (Neuquén), Pablo Zamorano (Ing Jacobacci), Horacio Ghittoni (Paso de los Libres) y Claudia Rus (Mendoza).

La decisión oficial de despedirlos se torna particularmente significativa en un contexto de persecución ideológica tal que hasta un periodista como Nicolás Wiñazki pudo plantear desde la pantalla de Canal 13 una denuncia macartista contra los «enclaves» de trabajadores kirchneristas en diversas reparticiones del Estado, particularmente en la agencia de noticias oficial Télam donde aún quedaban «200 trabajadores kirchneristas». Días atrás el ministro Lombardi desmintió en Minuto Uno que al gobierno le importe el signo de los periodistas en los medios públicos y que lo único se valora es la profesionalidad, pero noticias como esta ponen fuertemente en cuestión sus afirmaciones.