Denuncian a Marcos Peña por acuerdo que beneficia a laboratorios extranjeros

El convenio entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) y la oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en ingles), firmado en el mes de febrero por el director del organismo estatal argentino, Dámaso Pardo, sin ningún tipo de difusión oficial y sin revisión del Congreso, finalmente culminó en una denuncia penal contra cinco altos funcionarios del actual gobierno nacional, incluido el propio Pardo.

Lo paradójico es que el bajo perfil con que se venían manejando los funcionarios del gobierno nacional no daba indicios sobre una denuncia de esta magnitud.

«Defraudación» y «Negociaciones incompatibles con la función pública» son los fundamentos de la demanda penal presentada ante el juzgado federal del juez Sebastián Casanello, a principios de abril.

Los acusados son Carlos Grosso, sindicado asesor del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, junto a dos de los principales asesores de su área, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el mencionado Pardo «por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248, 249 y 265 del Código Penal, artículo 2 y concordantes de la ley 24.769».

La denuncia fue realizada por Fernando Miguez, y exige, en principio, una medida cautelar que suspenda el acuerdo hasta que se investiguen las supuestas irregularidades en el accionar de los funcionarios nacionales y las incompatibilidades que la rúbrica tiene con la Ley Nacional de Medicamentos y Patentes.

Notas dialogó con Miguez, quién recalcó que el convenio «deroga de hecho» la Ley de Patentes argentina afectando «el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales para la población, en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales».

Los ejes de la misiva son, por un lado, la vulneración de la Ley que reglamenta, en términos de Derecho, las condiciones de accesibilidad económica y sanitaria de los ciudadanos a una salud básica; y por otro la responsabilidad y los intereses por fuera de la función pública de los funcionarios implicados.

Respecto al primer punto cabe mencionar que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios suelen ser hasta 12 veces más onerosos, en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Es por eso que, tras la crisis de 2001, la Ley de Medicamentos ampara a los laboratorios nacionales a producir y comercializar los denominados medicamentos «genéricos». Este procedimiento se lleva a cabo, al vencer la patente de los laboratorios trasnacionales, que se estipula entre los 10 y 20 años.

Y es aquí donde nace la sospecha sobre el acuerdo, ya que podría beneficiar a los laboratorios multinacionales al facilitar la extensión sobre las patentes que ya poseen, mediante un ardid conocido como “patent evergreening” (patentes “siempre verdes”) que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento, impidiendo la producción de genéricos y ampliando su posición monopólica en el mercado.

Sobre el otro punto la denuncia resalta que «los Denunciados a través de su Impunidad y su Poder Dominante como Funcionarios del Gobierno Nacional han Perfeccionado la forma y la manera que les permitirá llevar a cabo este ‘PLAN SISTEMICO’ que tiene como fin último DEFRAUDAR AL ESTADO NACIONAL y busca el solo beneficio económico y financiero de quienes aquí denunciamos, ellos hacen prevalecer sus intereses personales (el negociado) sobre el bien común y las arcas del Estado, lo cual se traduciría en pocos meses en un Mercado de Medicamentos manejado a su antojo y según los negocios que los Grupos hegemónicos han de esta forma planificado» [Las mayúsculas son del original].

Sin embargo, el denunciante no es el único que se ha expresado en este sentido, ya que desde la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar) y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) ya habían manifestado su desconfianza sobre el convenio, apuntando que la rúbrica podría convertir al país en punta de lanza para imponer “vías rápidas de patentamiento” en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Otro de los ítems de la demanda presentada la semana pasada subraya que el convenio bilateral es presentado como «Programa Piloto» para «evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional».

El secretario general de Alifar, Rubén Abete, manifestó su descontento al respecto: “Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”.

Para Miguez «la violación en la derogación de una Ley Nacional como excusa en la preparación de un Plan Sistémico, es un ardid para lograr el objetivo principal que no sería otra cuestión que defraudar al Estado Nacional en beneficio de las Corporaciones Monopólicas».

«De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina prepaga)», añade uno de los pasajes de la denuncia.

De acuerdo a la presentación, los denunciados deben ser imputados por los delitos de estafa en perjuicio del Estado nacional, violación a los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras figuras.

El programa piloto comenzó el 3 de marzo y se extendería por el plazo de tres años. Contempla, además, la capacitación del personal del INPI.

La denuncia contra los funcionarios del macrismo refuerza la posición de las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. A través del Mercosur Alifar, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya habían manifestado su preocupación, por lo que consideran que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación entre la industria farmacéutica nacional y los laboratorios multinacionales.

Ahora resta esperar si el juez Casanello dará curso al proceso de investigación y citación indagatoria a los funcionarios denunciados.

Eduardo Porto