“A Micaela no la mató el garantismo, la mató el machismo”

Desde que Micaela fue encontrada asesinada mucho se dijo sobre ella, el caso, su agresor. Desde las defensas feministas sobre la libertad de los cuerpos de las mujeres, el llanto y el abrazo colectivo, hasta las más escalofriantes -no así novedosas- acusaciones de los varones machistas sobre su vestimenta o el horario en el que volvía sola de la fiesta. Entre tanta conmoción surgieron diferentes y variadas opiniones sobre el destino que le espera a su supuesto asesino, Sebastián Wagner, y sobre el accionar del juez Carlos Rossi, quien dio la orden de su libertad condicional.

La reacción pública apuntó casi de forma inmediata contra el juez Rossi por liberar a Wagner, y pidiendo perpetua para el agresor. Pensamiento que fue fogonoeado por periodistas e incluso por funcionarios públicos. Cabe por lo menos preguntarse de qué manera más castigo construye una solución -si es que lo hace- a la violencia de género, y cómo debería actuar la Justicia y Estado para erradicarla.

Consultada por este debate, la abogada penalista y especialista en derechos humanos, Elizabeth Gómez Alcorta dijo a Notas: “Me parece lamentable la mirada punitivista que se le dió al caso, no porque no haya que poner en tela de juicio el accionar de la Justicia, ni revisar el caso, los informes y demás, sino porque no es lo principal”. Explicó que “esta visión lleva a pensar que el problema de la violencia de género está vinculado a si una persona que tiene algún antecedente de delito contra la integridad sexual tiene que estar en libertad o no, y esto es errado porque más tarde o más temprano va a salir en libertad”. “Ni siquiera esta mirada punitivista pudo poner el eje de discusión en una Justicia machista y misógina, sino que puso en el centro a un juez, y eso es una mirada reduccionista de la cuestión”, añadió.

Apenas se anunció que habían encontrado el cuerpo de Micaela, el colectivo Ni Una Menos publicó un comunicado responsabilizando al Estado de los femicidios: “Más allá de la evaluación sobre la pertinencia de la libertad adelantada por el Juez nos cabe preguntar ¿Qué políticas de prevención de violencia de género realiza el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)?, ¿alguna en los servicios penitenciarios?, ¿por qué desde el Gobierno se debilita cada vez más al Programa Nacional de Educación Sexual Integral? El mismo Gobierno que pretendió quitarle 67 millones de pesos del presupuesto al CNM, y tuvo que restituirlos frente a la reacción y la denuncia de organizaciones de la sociedad civil y el periodismo comprometido”.

Finalmente, afirmaron que “ni más cárcel ni más penas ni más castigos son respuestas a nada. La violencia contra las mujeres, lesbianas y travestis no se resuelve con el Código Penal -una herramienta que comienza actuar una vez que las violencias ya se imprimieron en nuestros cuerpos-, necesitamos políticas integrales de prevención para un problema complejo y un Estado que deje de ser cómplice y asuma un compromiso real”.

Por su parte, Gómez Alcorta agregó: “Cuando se enfoca la discusión en un nombre se pierde la oportunidad de hacer una discusión seria con un abordaje que permita entender cómo es que una importantísima cantidad de varones repiten patronen violentos vinculados a las mujeres, y lo reduce a un caso privado, en particular, un fenómeno que responde a una estructura, social económica y cultural en el cual nosotros nos manejamos”. “A Micaela no la mató el garantismo, la mató el machismo”, concluyó.

Que Cambiemos no nos haga perder la perspectiva

Del eco que produjo el pedido de juicio político al juez Rossi se apropiaron diferentes funcionarios públicos con una visión reducida del caso. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo a Radio Continental que «lamentablemente hay una situación en nuestro sistema judicial donde durante muchos años se exacerbó una mirada principal sobre los victimarios y nos olvidamos de las víctimas. Hay jueces de ejecución penal, no todos, que se olvidan completamente de las víctimas y la comunidad en la cual estas personas deben ser reinsertadas. Esto genera un desvío con consecuencias como esta». Y determinó: «Es muy importante que el juez Rossi se vaya». Parecería dejar de lado que su propio gobierno es el que, como destaca el comunicado de Ni Una Menos, pretendió quitarle 67 millones de pesos del presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres.

Un caso de violación no está escindido de las políticas públicas de la cual el Estado es responsable. El presidente Mauricio Macri también fue contra Rossi y dijo que “este tipo de jueces no los podemos tener”, en diálogo con Radio Mitre.

Elizabeth Gómez Alcorta dijo al respecto: “Me entristece que el presidente de la Nación busca responsabilizar al juez y no se hace cargo que él mismo aplica diferentes violencias hacia las mujeres como decir que nos gustan los piropos”. “No puede entender que esto es el parte del problema y parte de su reproducción, que es un problema de todos pero el único obligado a resolverlo es el Estado y no digo sólo el Poder Ejecutivo sino también el Poder Judicial y el Legislativo”, remató.

El gobierno de Cambiemos y los grandes medios de comunicación buscan socavar la problemática de la violencia de género al reducirla a casos particulares de violación o femicidio. Dirigen la responsabilidad a los “enfermos” o delincuentes que ejercen la violencia, o a los jueces que hacen uso de herramientas que garantizan los derechos humanos.

Mientras tanto, desde el movimiento de mujeres se viene trabajando en desandar el camino de estas violencias hacia las mujeres y entenderlas como un entramado de desigualdades, agresiones y mandatos socioculturales. No hay una respuesta única y clara. En esa búsqueda está el feminismo.

Rocío Varela – @rociovarelac

Foto: Emergentes