«No sabemos cómo será incluido el sector comunitario en la nueva Ley de Medios»

El 31 de marzo, el Ente Nacional de Comunicaciones de la Nación (Enacom) emitió la resolución 2064-E/2017, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves 6 de abril, otorgando a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización del propio organismo “la facultad de disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o comiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión, con el concurso del Poder Judicial y la fuerza pública, en caso de ser necesario”.

Desde el programa «Con el pie izquierdo«, de Radio Sur 88.3, entrevistaron a Agustín Espada, becario del Conicet e investigador de la Universidad de Quilmes, especialista en el estudio de las regulaciones del sistema de medios de comunicación en el país.

 – ¿Qué implica la publicación de esta nueva resolución del Enacom en el Boletín Oficial?

– Es una resolución de tipo burocrático, administrativo, que lo que hace es delegar la facultad que tenía el directorio del Enacom para declarar la ilegalidad o decomisar equipos de emisoras de radio a una Dirección Nacional de Control y Fiscalización.

Lo que dice la resolución es que las tareas de fiscalizar y controlar el espectro radioeléctrico, que tiene mucho movimiento, le genera muchos actos administrativos y que, por lo tanto, para agilizar estos trámites se va a delegar la responsabilidad resolver sobre estos actos legales a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización. También dice que, más allá de ceder la facultad de realizar estos actos administrativos, el Enacom va a seguir siendo el encargado de vigilar y controlar lo que suceda en esta área.

– ¿Esta Dirección Nacional de Control y Fiscalización de quién depende?

– Es una dirección dentro del mismo Enacom, por lo que se entiende de la resolución.

– La resolución es preocupantes por las palabras “secuestros”, “decomisos” y “cierres”, pero el Enacom ya estaba habilitado para hacer esto.

– Claro, porque entre los muchos cambios que aplicó el actual gobierno a la legislación sobre medios audiovisuales en particular y sobre comunicaciones en general, no modificó el articulado de esta parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no habla de decomisos pero sí  de declaración de ilegalidad y de retiro de equipamientos en los artículos 116 y 117.

Pero también lo que dice esa ley en el artículo 162, que sigue vigente, es que le corresponde al Estado, y en este caso al Enacom, antes de declarar la ilegalidad y eventualmente decomisar o sustraer los equipos, establecer puentes de diálogo y reconocer, por decirlo de alguna forma, las falencias del Estado al momento de gestionar el espectro. Lo que dice el artículo 162 es que al momento de declarar la ilegalidad el organismo tiene que tener en cuenta las falencias y el proceso de normalización y de reacondicionamiento del espectro radioeléctrico. Que en eso el Estado sigue estando en falta en las zonas de conflicto, como sucedió durante toda la historia.

– Si hoy toca la puerta de Radio Sur el titular del Enacom, Miguel Ángel De Godoy, y dice que viene a decomisar, ¿entonces le podemos decir que somos una radio comunitaria, pedimos la licencia hace mucho y el Estado no nos la está dando, con lo cual no podrían decomisar?

– Exactamente. Porque todavía el proceso de normalización de la explotación y del uso del espectro radioeléctrico no finalizó, para ser buenos, y no decir que en muchos casos ni siquiera comenzó.

– Hay confusión acerca de qué sigue vigente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿cuándo se va a discutir la próxima?

– En lo referido las emisoras comunitarias lo primero que se me ocurre decir es que buena parte de la normativa, por no decir toda la que las afecta, continúa en vigencia. Un caso de eso es la obligación del plan técnico, de respetar el 33% reservado para las emisoras comunitarias y sin fines de lucro que en muchas ciudades no se cumple y no se está trabajando para que se cumpla.

Y por otro lado, otra cosa muy relevante, es que continúa vigente la obligación del Enacom para los concursos de Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), para otorgar financiamiento y promover la comunicación sin fines de lucro, que si bien hay algunos concursos convocados, a los que muchas emisoras se presentaron, lo que sucede es que aún no hay resultados. Ya va más de un año y cuatro meses sin fondos para el sector, cuando los fondos para otros sectores de la comunicación siguen avanzando. Y resulta decepcionante este retroceso en materia de financiamiento.

En cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, podemos rescatar unas declaraciones de De Godoy, que hizo al blog Señales, de Claudio de Luca, donde dijo que está pensando en una resolución que otorgue una licencia por una potencia de 2 Kw a todas las emisoras que tienen un Permiso Precario Provisorio (PPP), del año 91 -ni siquiera estamos hablando de las reconocidas más cerca en el tiempo por AFSCA-. Eso también está en evaluación y no se sabe muy bien cómo va a ser incluido el sector comunitario de la comunicación en la Ley convergente, que tampoco sabemos cuándo la vamos a tener.