En mayo comenzarán las indagatorias por Iron Mountain

El juez Pablo Ormachea hizo lugar al pedido de la fiscal Romina Monteleone, que había solicitado 32 indagatorias en la causa que investiga el incendio de la empresa de resguardo de documentación Iron Mountain, producido en febrero de 2014. Entre los citados se encuentran directivos de la empresa y funcionarios del gobierno porteño.

El  5 de febrero de 2014, alrededor de las 8 de mañana se disparó la alarma de incendio en dos sectores del enorme depósito de documentación de la empresa Iron Mountain Argentina S.A., en la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas. Un empleado de seguridad y una de limpieza dieron aviso al supervisor de planta y entre los tres intentaron apagar las llamas con los matafuegos reglamentarios hasta que al encontrarse superados llamaron al 911. Así se movilizaron varias dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la Policía Federal Argentina (PFA), efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.

Ya en pleno combate con el incendio, un grupo de bomberos ingresó al predio por la entrada de calle Azara, mientras que otro se quedó trabajando en el acceso de calle Jovellanos. Alrededor de las 9 de la mañana, la pared que daba sobre esta calle se desplomó y mató instantáneamente a nueve personas entre bomberos, bomberos voluntarios y rescatistas. Unas semanas más tarde falleció otro bombero por las heridas recibidas. En total fueron 10 muertes.

Se realizaron tres pericias para determinar si el incendio había sido intencional. En febrero de 2015 presentaron sus conclusiones los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y confirmaron la intencionalidad del fuego, basándose en rastros de sustancias combustibles y restos de conductores y transformadores de energía que no se correspondían con partes de equipos del lugar y podrían formar parte de dispositivos para iniciar el incendio. El informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) coincidió, pero el de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN) se manifestó en sentido contrario.

Por ello, luego de realizar una serie de inspecciones oculares en el lugar de los hechos, a principios de febrero de este año la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, que convoque a prestar declaración indagatoria a 32 imputados, entre los que se cuentan los dueños de la empresa, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empleados de la proveedora del sistema contra incendios y el sereno del depósito. Ormachea hizo lugar al pedido de la fiscal este martes 4 de abril.

La fiscal consideró que «en la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos», tanto por parte de la empresa que tenía a cargo la explotación del establecimiento como de «diversos órganos de contralor y de terceros» responsables de garantizar que el establecimiento «cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes». De acuerdo a Monteleone con su obrar contribuyeron no sólo a pérdidas materiales, sino, «y fundamentalmente, al trágico desenlace que supone la pérdida de diez vidas humanas que se encontraban en el lugar brindando un servicio público de protección”.

Ya en 2008 el inspector de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires Edgardo Castro había solicitado la clausura del galpón de Barracas, pero el expediente fue sistemáticamente cajoneado por el gobierno cuando el actual titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión (que no está citado a declarar), era el responsable de la Agencia Gubernamental de Control, organismo encargado de habilitar y fiscalizar los locales en la ciudad de Buenos Aires. El inspector Castro suele afirmar respecto del siniestro que fue “una masacre organizada por lavadores de dinero”.

Las indagatorias perdidas por Monteleone comenzarán el próximo 2 de mayo con la declaración de Oscar Alfredo Godoy, empleado de la empresa Segurplus S.A., que proveía el personal de seguridad. Luego declarará Héctor Eduardo García, encargado de Seguridad e Higiene de la empresa, seguido por las máximas autoridades de Iron Mountain: Guillermo Eduardo Lockhart, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo.

También están convocados a declarar 18 funcionarios de segunda línea del gobierno porteño y, ya en septiembre, deberán prestar declaración Christian W. Castiñeiras, director técnico de la empresa Climate, Controls & Security S.A., y los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez.

Monteleone también había imputado a Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, apoderado de Iron Mountain; Matías Nicolás Griffo, inspector de la División Prevención, y Raúl Arbor, Comisario Inspector y Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina, pero el juez Ormaechea decidió dejarlos fuera de la investigación.

Desde la Cámara de Diputados también se vienen impulsando distintas medidas para el esclarecimiento del siniestro. Hace pocas semanas, el bloque del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para conformar una Comisión Investigadora del hecho. Los legisladores apuntan especialmente a la intencionalidad política y económica detrás del incendio ya que «entre los documentos destruidos se encontraban cajas pertenecientes al Grupo Macri y a una veintena de empresas investigadas por la Procelac por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios».

Los objetivos de dicha comisión, que deberá presentar un informe en 180 días a partir de su conformación, serán “investigar las modalidades de un esquema implementado para destruir información y documentación probatoria de diversos delitos fiscales en trámite ante el Poder Judicial” y “establecer las con-causales en que hubieren incurrido las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en cuanto al ocultamiento o destrucción intencional de la documentación”.