3 abril, 2017
Brutal represión policial contra barrio qom en Rosario
Este domingo más de 50 efectivos del Comando Radioeléctrico allanaron ilegalmente casas, golpearon a mujeres y menores de edad y detuvieron a 14 personas en un operativo pleno de irregularidades. Testigos denuncian disparos, golpes y torturas. El fiscal interviniente ya denunció al médico policial por encubrimiento.

Durante la mañana del domingo 2 de abril, efectivos de la Policía santafecina llevaron adelante un violentísimo operativo en el barrio con presencia mayoritaria de pueblos originarios qom de Rouillón al 5300, en la ciudad de Rosario. Durante por lo menos dos horas, más de 50 efectivos policiales allanaron sin órdenes judiciales casas del barrio, golpearon e intimidaron a los habitantes sin distinción de género y edad y finalmente detuvieron a 14 personas que también fueron objeto de apremios ilegales, sin que el médico de la seccional policial tomara constancia de los golpes y heridas.
El relato oficial
Según la versión policial, dos agentes del Comando Radioeléctrico intentaron identificar a cuatro jóvenes en la esquina de Garzón y Aborígenes Argentinos, pero se resistieron a la identificación con el apoyo de vecinos que comenzaron a agredir a los policías. Ante esta situación se pidió apoyo a la fuerza y con la presencia de varias decenas de efectivos se logró detener a 14 sospechosos (12 varones y 2 mujeres, incluidos varios menores), uno de los cuales tenía pedido de captura. También se incautaron armas de fuego y armas blancas. Una exitosa operación de rutina.
El Jefe de la Policía de Rosario, Marcelo Villanúa, respaldó plenamente la actuación policial: “El personal actuó en consecuencia de los hechos. Era una identificación de rutina, no se extralimitó en ningún lugar. Fueron víctimas de una turba de vecinos”. Y agregó: “Nosotros estamos trabajando en esa zona, como lo hemos hecho siempre. Es la presencia del Estado por medio de su policía. No se discrimina si son pueblos originarios o criollos. Son delincuentes”.
Por su parte, Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de Santa Fe, se comprometió a investigar las denuncias desde la Secretaría de Control pero también respaldando la actuación policial, porque es “lo que pide la gente”: “También quiero dejar en claro que la policía va a actuar cuando advierta un delito o cuando se pretende evadir un control. La gente nos pide tener una policía activa y combatir el delito, y eso se logra con la policía en calle”.
La versión de los vecinos y vecinas
Según cuentan testigos de los hechos, los incidentes se desataron alrededor de las 7 de la mañana cuando una pareja de integrantes del Comando Radioeléctrico comenzaron a insultar desde el patrullero a los jóvenes que estaban en la esquina gritándoles “lacras”, “negros de mierda” y “tobas” (“toba” es el nombre burlón que le dio el pueblo guaraní a los qom y no la forma en que se autodenomina este pueblo originario). Cuando uno de los muchachos reaccionó frente a las agresiones los agentes comenzaron a golpearlos y a realizar disparos por lo que la gente del barrio salió a la calle a ver qué sucedía y a exigirle explicaciones a los policías por su accionar.
Al poco tiempo cayeron al barrio entre 40 y 50 efectivos del Comando, fuertemente armados, que comenzaron con un brutal operativo de búsqueda casa por casa. Fueron allanados ilegalmente, sin orden judicial alguna, por lo menos cinco domicilios familiares. Grupos de policías entraron a las casas pateando las puertas, rompiendo todo y golpeando a los ocupantes, mujeres, menores y ancianos. Dos mujeres fueron detenidas por personal policial masculino, lo que también es ilegal.
Uno de los domicilios allanados es la sede de una iniciativa de ayuda y formación en oficios para recuperar a chicos de la adicción a las drogas. La irrupción policial destruyó el lugar e incautó herramientas de trabajo como presuntas armas.
Ruperta Pérez, referente de la comunidad, relató que la Policía “entró a varias casas, como si fuese delincuente la gente que estaba ahí”. “Unos se estaban levantando, otro es discapacitado en silla de ruedas… Es inhumano lo que hicieron, dejaron a un pibe golpeado en un descampado”, agregó, mientras acompañaba a uno de los menores al hospital zonal Carrasco, donde podría haber más heridos por el operativo.
En el caso de este adolescente de 15 años, la Policía se lo lleva detenido alrededor de las 8 de la mañana pero cuando la madre se presenta a la Comisaría 19º, le dijeron que no está ahí. Luego se supo de que después de torturarlo salvajemente, causándole pérdida de piezas dentales y una rotura de clavícula, la Policía lo tiró en un descampado, desde donde se las arregló para volver al barrio. Su madre contó: “Lo subieron a un patrullero y me dijeron que se lo llevaban a la comisaría 19ª. Yo fui para allá y a las 10.30, cuando llegaron los detenidos, mi hijo no estaba. Una hora después me enteré que unos vecinos lo habían socorrido. Lo golpearon y lo abandonaron en un descampado”.
La intervención de la Fiscalía
El fiscal de Flagrancia de turno, Gustavo Ponce Asahad, manifestó: “Los vecinos dicen que se trató de un hecho de muchísima agresión, de maltrato, de golpes”. Ponce Asahad se presentó en la Comisaría a las 11 y luego se dedicó a recolectar testimonios de las familias de los detenidos, así como la versión policial. Alrededor de las 8 de la noche del domingo, denunció que aún no le habían remitido las actuaciones policiales reclamadas bajo amenaza de apercibimiento legal para las 17.
El fiscal también confirmó que además de la suspensión a los policías intervinientes, se presento una denuncia contra el médico policial: “En la comisaría pude constatar que algunos de los aprehendidos estaban con golpes, lo que contrastaba con el informe del médico legal, razón por la cual ordené la formación de una causa al médico de la policía por los eventuales delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Diversas organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos han exigido el esclarecimiento de los hechos al gobernador santafecino Miguel Lifschitz y al ministro de Seguridad.
El modus operandi policial repite elementos de una reciente represión en La Boca (que le costó la vida a una vecina) y de la irrupción violenta en un merendero de Lanús de días atrás: la excusa de la persecución de un sospechoso y el argumento de que los vecinos del barrio trataron de encubrirlo sirve para justificar una represión tan ilegal como desmedida que sobre hombres, mujeres y niños. Las víctimas de todos estos incidentes pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Una actuación policial tan descontrolada en en un barrio de clase media sería inimaginable.
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