Economía

29 marzo, 2017

Precios transparentes a foja cero

Poco después de dos meses después de su implementación, la Secretaría de Comercio dio de baja la mayoría de las medidas implementadas por el plan llamado de Precios Transparentes que lejos de incentivar el consumo, tal cual su objetivo declarado, agudizó la recesión.

Con apenas un par de meses de implementación, el plan Precios Transparentes implementado por el gobierno para visibilizar el costo financiero implícito en las cuotas “sin interés” y así lograr una rebaja de los precios de contado que fomente un consumo alicaído, se demostró como absolutamente contraproducente y este martes fue dado de baja.

La resolución original propuesta por la Secretaría de Comercio, publicada el pasado 25 de enero en el Boletín Oficial, obligaba a los locales a diferenciar los precios de contado de los financiados, exponiendo en este último caso la tasa de interés anual y el Costo Financiero Total (CFT) para cada alternativa bancaria. El objetivo declarado tenía que ver con blanquear que detrás de las supuestas “cuotas sin interés” había costos financieros ocultos y así obligar a los comercios a explicitarlos, lo que redundaría en una baja de los precios de contado de en torno a un 25%.

El resultado del experimento fue que poquísimos comercios bajaron sus valores de contado y la mayoría encareció las cuotas, logrando generar un impacto negativo en el ya deprimido nivel de consumo.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que inicialmente había apoyado la medida, a los pocos días de la implementación de Precios Transparentes emitió un comunicado explicando que el 80% de los comercios Pyme “no comprende la medida ni cómo instrumentarla” y denunciando que frente al escenario económico recesivo la mayoría de los comercios ya venían aplicando descuentos o promociones especiales para el pago de contado por lo que “no tienen margen para seguir bajándolos”, todo esto en un contexto de “varios meses de contracción de la demanda”. La caída del consumo durante febrero fue de 4,1%.

Ante este panorama desolador, la Secretaría de Comercio publicó este martes una nueva resolución en el Boletín Oficial (240-E/2017), que dispone que los comercios ya no tendrán la obligación de exhibir el CFT en los casos en los que se ofrezca venta financiada y que el comerciante podría absorber ese costo y ofrecer cuotas sin interés. El CFT sólo deberá ser expuesto en los sistemas de venta electrónicos y en las publicidades en los medios masivos de comunicación.

Ya muchos comerciantes venían aplicando esta estrategia de hecho, antes de la publicación de la nueva resolución, tratando de paliar de algún modo la retracción del consumo.

La Secretaría dirigida por Miguel Braun defendió la nueva modificación explicándola como una medida “simplifica y mejora la política de Precios Transparentes”. Javier Tizado, subsecretario de Comercio Interior explicó: “Se busca que los consumidores tengan más información y más opciones a la hora de decidir y financiar sus compras”. Según Vicente Lourenzo, secretario de prensa de la CAME, la nueva normativa “ayuda a aclarar la gran confusión que se había generado en la implementación del plan”.

En declaraciones a Radio Mitre, el economista Juan Carlos De Pablo consideró que la marcha atrás oficial se debe a la “desesperación del Gobierno” que “hace malabarismos” para reactivar el consumo. “Es un reflejo de la entendible desesperación que tiene hoy el Gobierno”, concluyó.

Como parte de estos intentos deben entenderse también los intentos de reactivación de los planes de financiamiento en cuotas “Ahora”. Con la resolución anterior, los programas Ahora 12 y Ahora 18 se mantenían a medias (las tasas de financiación pasaban de 0 a 30%, mientras que con cualquier tarjeta es de un promedio del 42%). Ese esquema continuará pero se intentarán agregar programas “sin interés”: Ahora 3 y Ahora 6 en los que el costo será absorbido por los bancos. Aunque las negociaciones con las entidades bancarias siguen en curso, se estima que la contraprestación será que el Banco Central libere parte del encaje regulatorio.

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