Paro de migrantes contra la política del gobierno

Este jueves 30 de marzo se llevará a cabo un paro y movilización de migrantes para rechazar el decreto 70/2017 que modifica la Ley 25.871 que rige la política migratoria del país desde 2003. Las organizaciones convocantes plantean la inconstitucionalidad de la norma y denuncian que anula el principio de inocencia.

Bajo la firma «Trabajadores migrantes», organizaciones que reúnen a ciudadanos y ciudadanas de Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador y México, entre otros, convocan a concentrar este jueves a las 16 horas frente al Congreso Nacional.

«Ahí vamos a leer documentos con lo que venimos sosteniendo en cada uno de los rubros donde tenemos mayor participación los migrantes: agrícola, textil, ladrillero», declaró Juan Vázquez, uno de los convocantes, en diálogo con Radio Sur 88.3. «Estamos en estado de alerta ante esta nueva política migratoria», añadió.

Posteriormente a ese acto se plegarán a la movilización convocada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) a Plaza de Mayo. «Los planteamientos como trabajadores que hace la CTA nos llaman también. Lo mismo sucederá el 6 de abril con el paro de la CGT. También el 8 de marzo [en el marco del Paro Internacional de Mujeres] participamos como bloque migrante», explicó Vázquez.

Consultado sobre qué mirada tienen respecto a la modificación de la legislación, el dirigente migrante no dudo en afirmar que es «inconstitucional» ya que «anula el principio de inocencia».

La decisión de convocar a la protesta como un paro de trabajadores se debe a que esta modificación «precariza aun más la condición del trabajador migrante». «Plantea que solamente necesita estar procesada una persona (no condenada) para que su radicación sea revocada y por lo tanto expulsada del país», recordó Vázquez.

«Eso hace que cualquier trabajador migrante, si el patrón no le quiere pagar o quiere precarizar aun más sus condiciones y este reclama, simplemente puede hacer una denuncia penal y con eso es suficiente para procesarlo y expulsarlo del país», subrayó.

La situación «es realmente preocupante» por eso se plantean «salir a discutirlo» y a «luchar contra esa política migratoria».

Vázquez comentó también que «tres compañeras» fueron detenidas «en la razzia que se hizo después del 8 de marzo». «Quedaron preocupadas porque si se les aplica el decreto, las expulsan», dijo.

«Tenemos un equipo de abogados con los cuales venimos sosteniendo reuniones para tratar de entender hasta dónde y cómo nos alcanzan estas medidas», añadió el entrevistado pero aclaró que «ante eso en lugar de quedarnos callados, levantamos las banderas y nos paramos de frente».

Verónica Jaramillo, abogada integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló en su momento en diálogo con Notas que con estas reformas “estamos calcando lo malo de Europa y Estados Unidos”.

“Estas políticas han favorecido el tráfico de personas y las redes de narcotráfico”, agregó y remarcó que “la política migratoria tal como está, falló en todo el mundo”. “La ley argentina fue modelo para el mundo, y que sea derogada o modificada en su sentido más profundo envía un mensaje, impacta en toda la región y el mundo”, concluyó la especialista.