Acuerdo con Estados Unidos alerta a los laboratorios nacionales

El Gobierno de Mauricio Macri parece estar en camino de abrir un nuevo frente de confrontación. Esta vez con los laboratorios nacionales, a partir de un convenio bilateral firmado con la oficina de patentes estadounidense (USPTO), conocido como Patent Prosecution Highway (PPH). Se trata de una prueba piloto que daría celeridad a la aprobación de patentes y marcas de ese país, en Argentina.

El programa piloto de PPH comenzó el 3 de marzo y se extenderá por el plazo de tres años, hasta el 2 de marzo de 2020, y ya contempla la capacitación del personal del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).

La «capacitación» norteamericana comenzó en febrero, en el propio INPI, con un Taller de Examen de Marcas (Trademark Examination Workshop) llevado a cabo por dos funcionarios del gobierno estadounidense: Laura Hammel y John Rodríguez. Próximamente la oficina de EE.UU. capacitará también a los examinadores de patentes en materia de PPH.

El convenio, que adapta los cánones de aprobación de patentes de la oficina norteamericana a la institución argentina, fue firmado por el presidente del INPI, Dámaso Pardo, en febrero de este año, durante un viaje a Washington. La firma, sin embargo, no fue avalada por el Congreso nacional y tampoco fue anunciado públicamente por ninguna oficina gubernamental.

“Nosotros nos enteramos de este acuerdo por la página de la USPTO ya que el INPI no brindó ninguna información”, señaló el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), Rubén Abete, al conocer los detalles del acuerdo que puede poner en jaque a la producción nacional de medicamentos.

Desde ALIFAR y desde la Unión Industrial Argentina (UIA) consideran que la rúbrica de este convenio podría convertir al país en punta de lanza para imponer «vías rápidas de patentamiento» en América Latina.

De hecho, este no es el primer acuerdo que Estados Unidos firma, a través de su oficina de patentes y marcas, con un país latinoamericano. En julio de 2015 la USPTO estableció el mismo convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que se extiende hasta el 30 de junio de 2018.

Es que la medida, entienden, beneficiará a las multinacionales del área que no consiguen aprobar patentes en otros países (debido a la rigurosidad de la legislación vigente). Y obturará la producción nacional de medicamentos genéricos al extenderse la protección sobre las patentes que ya poseen esas empresas, mediante un ardid conocido como «patent evergreening» (patentes «siempre verdes») que perpetúa indefinidamente sus derechos exclusivos de comercialización sobre un medicamento.

En la última Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación (ENDEI), publicada en 2015 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MinCyT), el sector farmacéutico se destacó primero entre las industrias que destinan capital a innovar e invertir en Investigación y Desarrollo científico (I+D). Uno de esos índices lo marca, de hecho, la cantidad de empresas con áreas formales de Investigación y Desarrollo. Por ello es factible que esta medida política impacte en el sistema científico nacional.

Cabe mencionar que los derechos de producción o licencia de cada nuevo medicamento está limitado a un lapso que oscila entre 10 y 20 años. Una vez vencido el plazo de patentes, se habilita a los laboratorios nacionales a su comercialización. Los medicamentos que no están patentados se llaman medicamentos copia. Los genéricos, en cambio, son aquellos que no están patentados pero tienen un estudio de bioequivalencia, aprobado por las autoridades locales. Son éstos últimos los que concentran la mayor parte de la producción argentina.

Un dato que ofrece una perspectiva global sobre el problema es que, a nivel mundial, el 60% del mercado de medicamentos está controlado por diez empresas, que marcan pauta de precios monopólicos amparados en la propiedad intelectual. Esos precios son, de hecho, hasta 12 veces mas onerosos en ocasiones, que el valor del mismo medicamento, producido en el país.

Un enfrentamiento con historia

Argentina es el cuarto país a nivel global en consumo de medicamentos por habitante. Por lo que se hace evidente la injerencia de las empresas transnacionales en el mercado local.

La confrontación entre los laboratorios nacionales y las multinacionales del área, por tanto, no es nueva. Durante los ’90, aquellos comenzaron a reclamar al Estado una cláusula legal que diera amparo a la fabricación local de medicamentos, ante la posición monopólica de los laboratorios extranjeros, para dar un marco de legalidad a la elaboración de genéricos.

Con la Ley de Patentes, en vigencia desde el año 2000, el Estado Nacional, desoyendo los reclamos de la producción local, le aseguró a las corporaciones transnacionales ampliar su cuota de mercado, vendiendo medicamentos en exclusividad o cobrando royalties a los laboratorios regionales que produjeran genéricos.

Sin embargo, con la crisis de 2001 el sistema sanitario entró en colapso cuando quedó en evidencia que las personas de escasos recursos no podían pagar el precio que las transnacionales establecían. Recién en 2003 se aprobó la Ley de Genéricos y el plan Remediar, que «legalizó» el ingreso de los laboratorios argentinos al mercado, produciendo genéricos a menor costo.

En ese sentido el convenio firmado por el gobierno de Mauricio Macri con Estados Unido, puso en alerta a las entidades locales y supranacionales que amparan los intereses empresarios de la industria farmacéutica latinoamericana. Vía Mercosur, ALIFAR, la UIA y la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ya expresaron su preocupación por lo que creen que será el inicio de un nuevo y perjudicial capítulo en su desequilibrada relación con las multinacionales del sector.

Carlos Correa, director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la UBA y asesor para las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los mayores expertos en Propiedad intelectual del mundo, calificó de «discriminatorio» el acuerdo bilateral firmado. “Discrimina contra los solicitantes nacionales de patentes, en tanto brinda prioridad en el trámite a solicitantes extranjeros”, dijo.

Pero además cuestionó la competencia del INPI para rubricar acuerdos internacionales, sin el aval del Congreso: “Altera el procedimiento de las solicitudes sin una debida modificación de la reglamentación y sin que el INPI tenga competencia para suscribir un acuerdo internacional (aunque sea una experiencia ‘piloto’)”.

Eduardo Porto