Nacionales

27 marzo, 2017

Juez Arias: “El gobierno decreta la conciliación obligatoria y los medios le rezan un Ave María”

El juez Luis Federico Arias recibió a Notas en su despacho del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, en calle 11 Nº 864. En la entrevista, analizó el conflicto docente, la visión desde el derecho y la política de la protesta social y aportó una mirada crítica sobre Poder Judicial bonaerense.

Luego del revuelo mediático, político y judicial generado en torno al llamado “juez de las inundaciones” por el pedido de jury realizado del diputado provincial Guillermo Castello (Cambiemos) por “manifiesta parcialidad” política, Luis Federico Arias alegó que el gobierno “quiere disciplinar a los jueces que fallan en su contra”. Mientras, observa “una sistemática violación del sistema jurídico, tanto del gobierno nacional como provincial” en relación a la ley de financiamiento educativo que el PRO se niega a cumplir, y al artículo 39 inciso 4 de la Constitución Nacional que prevé que todos los conflictos que se suceden entre trabajadores estatales y el gobierno, deben ser resueltos por un tribunal independiente e imparcial.

– ¿Toma conciencia del rol que ocupa en tanto juez que confronta con argumentos que son políticos, pero que se esconden bajo el velo de lo estrictamente jurídico?

– Esa es una de las funciones que me he propuesto: debatir en el ámbito de quienes generan sentidos y le atribuyen al derecho significados y significantes que son controvertidos. El derecho muchas veces se usa para tirárselo por encima a los sectores más débiles. Es un discurso, y puede ser interpretado de diversas maneras. Nosotros pretendemos mirar el derecho desde otro lugar, no solamente destacar al orden para usarlo como una herramienta de poder, sino que rescatamos lo conflictivo y lo caótico del derecho, en cuanto a que hay diversidad de posiciones.

Arias– En la conferencia de prensa que usted dio el viernes 17 de marzo a raíz del pedido de jury del diputado Castello (Coalición Cívica, CC), relacionó su actual situación con la del juez Rozanski y el juez Rafecas, ¿puede ampliar otros casos de jueces que planteen otras interpretaciones en el ámbito del derecho?

– El propio Casanello, a quien se le atribuían reuniones con Cristina Kirchner que nunca se probaron. También el caso de la jueza Martina Forns, que falló limitando el aumento de las tarifas eléctricas y recibió múltiples ataques incluso de la propia Corte. Agredieron a sus hijos, echaron a su marido del Estado, la amenazaron con una granada del ejército que encontró cerca de su domicilio.

Esta misma denuncia que hizo el diputado de la Coalición Cívica es un caso ejemplo: cuando yo fallaba contra Daniel Scioli en algunas causas, Lilita Carrió decía “es un buen juez”; hasta su espacio político me había propuesto defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.

– ¿La disputa de sentidos acerca de la legalidad de la protesta está en tensión, o hay una hegemonía clara del discurso que promueve la alianza macrismo-radicalismo?

– Argentina es un país de una gran clase media, la pobreza por el momento es minoría y hay una mínima proporción de ricos. La clase media argentina es individualista y se esconde en una apoliticidad. Son expresiones impostoras que lo que esconden es una posición individualista de no querer comprometerse con los problemas de los demás. Desde esa perspectiva de la clase media, orientada hacia el consumo y la satisfacción individual, el discurso de la ilegalidad de la protesta indudablemente prende.

Dentro del orden jurídico, un juez o fiscal puede decidir que un corte de ruta es un delito. Eso desde el punto de vista formal, si está bien argumentado, es válido. Otro juez puede decidir que el derecho a la protesta es un derivado del derecho de resistencia a la opresión, que es la base de todo el sistema, y si está bien fundada, desde el punto de vista formal va a ser válida. Otro juez puede decir: “Esto se soluciona no canibalizando derechos, sino armonizándolos, entonces corten una parte y dejen circular por la otra”. Siempre hay una disputa de sentidos dentro del abanico de racionalidad posible a partir de un texto.

El derecho no es lineal, sino que tiene tensiones. Porque los derechos a veces se contradicen, de modo que pueden ser interpretados de diversas maneras.

– ¿Qué opinión le merece la dilatación del conflicto entre el gobierno y los docentes en términos jurídicos?

– Observo una sistemática violación del sistema jurídico, tanto del gobierno provincial como nacional. En primer lugar el gobierno nacional ha violado la ley de financiamiento educativo al no convocar a una paritaria nacional, y el gobierno provincial ha violado el artículo 39 inc. 4 de la Constitución Nacional, que prevé que todos los conflictos que se suceden entre trabajadores estatales y el gobierno, deben ser resueltos por un tribunal independiente e imparcial.

Yo vengo fallando sistemáticamente en cada una de las gestiones estableciendo que el gobierno no puede tomar decisiones unilaterales en represalia a los paros, porque esas decisiones las tiene que tomar el tribunal, no el gobierno. Entonces estamos ante un gobierno al margen del derecho, y si el gobierno no cumple las leyes, ¿cómo le vamos a exigir a los ciudadanos que las cumplan? Por cierto, a la prensa no le interesa esto. El gobierno decreta la conciliación obligatoria y los medios le rezan un Ave María.

– ¿Cuáles cree que son los peligros de lo que Víctor Hugo Morales denominó la troika, esta alianza entre el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y sectores del Poder Judicial?

– Los gobiernos neoliberales no necesitan militantes, necesitan de acuerdos corporativos de poder. Por eso carecen de bases sociales que los sostengan. Hay un río subterráneo que corre por debajo de los acuerdos, y que en algún momento aflora en forma de vertientes, como en las últimas manifestaciones. La mayoría de la gente está ajena a esos acuerdos y se da cuenta que Clarín es un aliado del gobierno. Pero lo que fundamentalmente ven es que aumenta el pan, la carne, que el sueldo no alcanza, que aumentan las tarifas y pierde su trabajo.

– ¿Cómo analiza la situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? ¿Considera necesaria una reforma judicial?

– Es un nepotismo que se reproduce a través de distintas generaciones, y es visto como un lugar de jerarquía y de privilegio dentro de la función pública. Tenemos jueces de la Suprema Corte que no pasan por ningún concurso, mientras los jueces de primera y de segunda instancia tenemos que pasar por un examen de idoneidad. Varios vienen de cumplir funciones en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, como secretarios de Seguridad o como ministros. Me refiero a Eduardo Julio Pettigiani, Néstor de Lázari, Juan Carlos Hitters y Luis Esteban Genoud. Esto le da un sesgo vinculado a la función represiva del Estado. No vienen de áreas sociales, vienen del área de seguridad.

Por otra parte, la ciudadanía está ajena a los procesos de selección de los magistrados, el ejercicio de funciones y la remoción. Todo se resuelve en un claustro corporativo, donde participan legisladores, representantes del Poder Ejecutivo y representantes de la corporación judicial, y ahí se reparten los cargos.

La ciudadanía tiene que participar de la selección a través de audiencias públicas para que haya debate e impugnaciones. Tenemos que debatir si queremos un juez individualista que decidió dedicarse a apilar cartoncitos en su currículum, o valoramos más a aquel que dejó parte de su vida para ocuparse del otro, por ejemplo, un abogado de los derechos humanos. Mientas no haya participación ciudadana en el Poder Judicial, lo que ocurre es que ningún juez tiene el deseo de sentirse legitimado por la sociedad. Si total eso no incide en su designación ni en su remoción. Entonces un juez se tiene que legitimar frente al mundo del poder político.

Marcos Lede Mendoza, desde La Plata – @pichulede1

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