Sobre demonios y negacionismo: la reacción oficial frente al 24 de marzo

Por Federico Dalponte. Difícil creer que la reacción del oficialismo frente al Día de la Memoria haya sido un error. El gobierno observa, mide, calcula. Pocas veces improvisa.

La postura de sus funcionarios fue la síntesis del más auténtico y profundo pensamiento generalizado dentro de Cambiemos. Están convencidos de que los derechos humanos fueron un negocio durante la última década, y eso los conmueve más que los 30 mil desaparecidos.

Y claro que están en su derecho. Lo fastidioso es que insistan en despegarse de las declaraciones de Juan José Gómez Centurión, Darío Lopérfido o Elisa Carrió como si no fuesen parte de su genética.

Cambiemos expresa el pensamiento de un sector de la sociedad -de seguro mucho más reducido que el total de sus votantes en ballotage-. Pero allí está. La premisa básica es que “los derechos humanos no tienen dueños”, tal como señalaba el cartel con el que se fotografiaron los diputados oficialistas este viernes.

Dicho de otro modo: para ellos, la principal preocupación con respecto al 24 de marzo es no quedar afuera de aquella manifestación popular que reclama memoria, verdad y justicia. Y lo expresan con naturalidad, sin medias tintas. Sabiendo que esas consignas están indisolublemente asociadas a la historia, temen que sus adversarios políticos logren representar lo que ellos no.

Por momentos parece lógico. Por eso ciertas sobreactuaciones. Por eso los mensajes oficiales, las consignas premoldeadas, las fotos todos juntos. Cambiemos insiste en formar parte de esa masividad. Pero no.

Por las rendijas de la impostura se filtran a menudo expresiones reprensibles. Claudio Avruj declaró por ejemplo que el número 30 mil no debía cuestionarse, pero que “el «Nunca Mas», indiscutible, marca 8.500 personas”. Luego sostuvo que la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo había estado presente en la Plaza de Mayo, pero que la movilización fue “más un acto opositor que de memoria”.

Ese vaivén, ese intento por acercarse a una lucha que los más de sus miembros desconocen tiene un sentido político evidente. Ningún movimiento es desinteresado: influir sobre lo político siempre es importante. El ministro de Cultura Pablo Avelluto lo expresó entre balbuceos: “De ninguna manera es ajeno al gobierno, pero la diferencia es que nosotros no nos adueñamos del tema”.

Y claro que no. Tampoco sería posible. Y si bien es cierto que no existe ni remotamente un intento oficial en ese sentido, parece evidente que se procura desde el Ejecutivo desprestigiar esa lucha.

Que los derechos humanos son un «curro» (Macri), que “la política metió mucho la cola” (Avruj) y que “las organizaciones armadas no se hicieron cargo de lo suyo” (Avelluto) configuran las expresiones más notorias de una lectura alternativa sobre la última dictadura.

Lectura, por cierto, que no es nueva. Pero que ni siquiera se enmarca en la visión oficial de septiembre de 1984, sintetizada en el prólogo del informe de la CONADEP, a cargo de Ernesto Sabato.

Aquella primera versión de los hechos denominaba «terrorismo» a la lucha armada de la guerrilla, pero estaba lejos de relativizar la magnitud del genocidio estatal. Tanto, que los propios miembros de la Comisión eran acusados desde ciertos círculos de “no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido”.

Algo que pareciera querer remediar Avruj tres décadas después. Según el funcionario, “los derechos humanos son para todos”, por lo que espera que “llegue el día en que la unión de los argentinos se celebre el 10 de diciembre”, en referencia al final de la dictadura.

Unir a los argentinos, ese eslogan-promesa que ayudó a Mauricio Macri a alcanzar la presidencia. Muy a tono, por cierto, con el deplorable editorial de diario La Nación del día siguiente a la victoria de Cambiemos y con el pedido simultáneo de Elisa Carrió: “No se puede tener presos a hombres de 80 años sólo por venganza”.

El objetivo resulta así bastante claro: reorientar el debate sobre la última dictadura como un método para quitarle visibilidad a las organizaciones de derechos humanos y a los adversarios políticos afines a la causa.

Para eso el gobierno necesita manifestarse en contra del golpe, aunque con reparos: relativizando su magnitud en números, instalando la idea de que lo importante son los derechos del «presente», y declamando, como sus diputados, “Nunca más a los negocios con los derechos humanos”.

Por lo demás, nada tiene Cambiemos para perder. De a poco va edificando su propio discurso sobre la historia y los exabruptos individuales se convierten así en la imagen general del sector político que representa. Ya no hay teoría de los dos demonios; mucho menos una reivindicación del trasfondo ideológico de la lucha setentista. Sino una concepción supra-histórica que procura recordar de un modo diferente, bastante parecido al olvido.

@fdalponte