Guatemala: denuncias de abuso sexual detrás del incendio de 40 niñas

El pasado 8 de marzo Guatemala fue, una vez más, escenario del horror. Cuarenta niñas murieron encerradas durante un incendio ocurrido en un hogar estatal, revelando situaciones de abuso, violación de derechos humanos y desidia del Estado.

Las víctimas tenían entre 13 y 17 años y eran residentes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Este hogar, ubicado en San José Pinula – 10 km al este de la capital guatemalteca-, depende de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia. Allí convivían alrededor de 750 jóvenes, varones y mujeres, en un espacio habilitado para 400.

Las jóvenes residían allí por decisión del Estado, debido a que atravesaban “problemas intrafamiliares” de diversa índole. El Estado garantizaba a las familias que en el Hogar las niñas se desarrollaban en mejores condiciones de vida.

Cuarenta femicidos

De acuerdo a la hipótesis central que maneja la Fiscalía de Guatemala, en la mañana del 8 de marzo las niñas iniciaron una protesta por el maltrato sistemático que incluía violencia y abuso sexual. Como castigo, fueron encerradas por los guardias bajo llave en una habitación pequeña. Allí tuvo lugar el incendio. Los investigadores se inclinan por pensar que se trató de un motín.

Inmediatamente las niñas dieron aviso de esta situación a los guardias -que son agentes de la Policía Nacional Civil- pero fue en vano: hicieron caso omiso y decidieron mantenerlas encerradas durante el incendio. Aunque pidieron a gritos que le abran la puerta, pasaron alrededor de 10 minutos encerradas en la habitación en llamas.

Por esa razón, 40 de ellas murieron y 13 sobrevivieron. De las sobrevivientes, ocho fueron trasladadas a hospitales de Texas y Boston, en Estados Unidos, para recibir tratamiento médico ante su delicada situación.

Hasta el momento hay tres detenidos por esta causa, todos ellos altos funcionarios de la SBS: el ex titular de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Rodas, la ex subsecretaria Anahí Keller y el ex director del Hogar Seguro, Santos Torres.

La audiencia donde debían comenzar las declaraciones de los implicados, pautada para el viernes 17 de marzo, fue suspendida por el Juzgado Cuarto de Instancia Penal a raíz de “problemas” en el traslado de los acusados.

Los antecedentes

Desde el año 2013 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, encabezada por Jorge de León, comenzó a denunciar la situación de violación de derechos de la niñez que se cometían en el Hogar. En noviembre de 2016, junto con el Consejo Nacional de Adopciones, habían solicitado la clausura del Hogar Seguro Virgen de Asunción.

El hacinamiento y las denuncias reiteradas sobre la existencia de una red de trata para la prostitución de los y las menores fueron los motivantes. Con la orden de cierre, de León había solicitado la contratación de personal y la revisión de los perfiles del personal en funciones, debido a las denuncias de que eran ellos quienes llevaban adelante una red de prostitución de los niños y niñas residentes.

Esta hipótesis fue creciendo con el correr de los días luego del incendio, a medida que comenzaron a sumarse declaraciones a la prensa de niñas y varones sobrevivientes del incendio. Aunque estas denuncias fueron interpuestas incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejecutivo no procedió.

De León calificó como “Estado fallido” al Estado guatemalteco. Su investigación está centrada en develar las razones que motivaron a los guardias a no liberar a las niñas durante el incendio. Luego de sucesivas interrupciones, las audiencias del caso están programadas para iniciar el próximo 10 de abril.

Algunos de los sobrevivientes afirmaron que el día anterior a la tragedia, 50 niños habían escapado del Hogar por estas causas. La inacción de los guardias frente al incendio habría sido una represalia por el intento de fuga. Los varones internos en el Hogar denunciaron que los guardias les impidieron asistir a las niñas cuando se percataron del incendio.

El Hogar fue clausurado y las niñas relocalizadas con sus familias u otros hogares por la PDH. De las niñas sobrevivientes al incendio, seis están embarazadas.

Las reacciones

El presidente Jimmy Morales demoró dos días en referirse al caso. En rueda de prensa afirmó que la muerte de las niñas “es una responsabilidad de Estado” pero entendiendo que “el Estado de Guatemala está conformado por gobierno y población». En este sentido, negó rotundamente que se trate de un crimen institucional y busco evadir que la responsabilidad recaiga en su figura. Su única medida fue destituir a la cúpula de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).

Morales solicitó a la embajada de Estados Unidos la intervención del FBI y otras instituciones de ese país para que “brinden su apoyo al Estado de Guatemala en el proceso de investigación”. De esta manera busca apartar al Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos de la investigación.

Asimismo, el mandatario guatemalteco afirmó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), -que fue instaurada por un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas- no participará de las indagaciones. «Quien debe realizar las investigaciones en este caso es la Policía Nacional Civil (PNC) y entregar pruebas al Ministerio Público para que sea este quien dé seguimiento», afirmó. Es decir, la misma fuerza que es parte del caso la está investigando.

Por su parte, la CIDH se pronunció el 13 de marzo emitiendo una medida cautelar contra el Estado de Guatemala mediante la cual le exige que asuma «las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el Hogar Seguro Virgen de Asunción”. En el escrito, la CDH reconoce que las niñas sufrían violencia sexual.

Las protestas en repudio a las muertes y contra el presidente Jimmy Morales comenzaron la misma noche del 8 de marzo y se sostuvieron hasta ahora y ee extendieron en Retalhuleu, Chiquimula, Cobán, Huehuetenango, Sayaxché, Ixcán, además de la ciudad capital. En todas ellas se exigió la renuncia del presidente Morales y se denunció la matanza de las niñas como un femicidio perpetuado por el Estado. El lunes 20 de marzo se realizó una jornada de protesta que se extendió a otros países de Centroamérica, como Honduras y Panamá.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan

Foto: EFE