Mundo Gremial

21 marzo, 2017

La Cámara Comercial falló a favor de la fábrica recuperada La Litoraleña

Vaciada y quebrada por sus dueños a fines de 2015, la fábrica que produce tapas para empanadas y tartas La Litoraleña fue recuperada por sus trabajadores y puesta nuevamente a producir. A pedido de la antigua patronal una jueza de primera instancia había fallado contra los trabajadores, sin embargo ahora la Cámara revirtió la decisión.

Vaciada y quebrada por sus dueños a fines de 2015, la fábrica que produce tapas para empanadas y tartas La Litoraleña fue recuperada por sus trabajadores y puesta nuevamente a producir. A pedido de la antigua patronal una jueza de primera instancia había fallado contra los trabajadores, sin embargo ahora la Cámara revirtió la decisión.

Ante la quiebra de Deconti S.A., la jueza de primera instancia María Pérez Casado había considerado que la planta industrial había sido ocupada de manera ilegítima por los trabajadores y que esa ocupación no podía ser avalada. Por lo tanto, ante la denuncia penal de parte de los antiguos dueños la posibilidad de un desalojo era palpable.

Sin embargo la Fiscalía General ante la Cámara Comercial, a través de la fiscal Gabriela Boquín, apeló el fallo y la Sala E la Cámara le dio la razón.

De acuerdo a la web oficial del Ministerio Público, Boquin planteó que cuando la empresa se presentó en concurso de acreedores ya «adeudaba dos meses íntegros de salarios a sus trabajadores», anteriormente «también había incurrido en atrasos en el pago de haberes» y las instancias conciliatorias «habían fracasado».

Además remarcó que «la deuda con organismos de la seguridad social superaba los 20 meses, que la sindicatura había informado que la concursada había perdido la totalidad de su capital, que la toma de la planta se había iniciado de manera pacífica y que no existía condena penal al respecto».

En este sentido, si bien los camaristas señalaron que la toma del establecimiento era «una conducta reprochable», apuntaron que estaba «atenuada por la delicada situación» y el estado de «extrema gravedad» en que se encontraban los 67 trabajadores.

El dictamen de la fiscal, al cual remitieron los jueces en su fallo, asegura que «la frustración del concurso preventivo no fue ocasionada por la conducta de los trabajadores» y que las «medidas pacíficas se dieron en un contexto de suma gravedad» por lo que «en ausencia de una condena penal», rige «el principio de inocencia».

Finalmente se acusó a la patronal de utilizar «vías de hecho dirigidas a ocasionar el fracaso del concurso y la posterior quiebra con el deliberado objetivo de obtener un beneficio» lo cual podía constituir «una conducta cuanto menos abusiva que el orden jurídico no podría avalar».

Por eso «la continuación de la actividad por parte de los trabajadores consiste en derecho de contenido social cuyo análisis no puede hacerse desde un punto de vista restrictivo». Es decir que, por el momento, la cooperativa puede seguir ocupando el establecimiento y produciendo, garantizando así las fuentes de trabajo.

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