Nacionales

17 marzo, 2017

El juez Arias denuncia macartismo y caza de brujas de Cambiemos

Un legislador bonaerense de Cambiemos pidió se inicie juicio político contra el juez Arias por su firma en una solicitada crítica del gobierno nacional. El pedido se da a pocos días de que el juez fallara contra la conciliación obligatoria que el gobierno provincial intentó imponer en la negociación paritaria con los docentes.

A inicios de febrero, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor del recurso de amparo presentado por la Bancaria cuando el Ministerio de Trabajo se negó a homologar el acuerdo paritario alcanzado, ordenando al Poder Ejecutivo y la cartera de Jorge Triaca que se abstengan de intervenir en los acuerdos alcanzados libremente por trabajadores y empresarios. El fallo fue dictado por un tribunal de feria y luego ratificado por los titulares y finalmente, luego de la amenaza gremial de un paro de 72 horas, el acuerdo fue ratificado.

Ante la derrota política, el gobierno reaccionó planteando un juicio político a dos de los jueces que firmaron el fallo a favor de los bancarios: Luis Federico Arias Gibert y Graciela Marino, a quienes acusa de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional.

Un caso similar se está produciendo con respecto de la lucha docente. Hace algunos días, el juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, falló contra la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial respecto del paro convocado por el Frente Gremial Docente. Arias declaraba “inconstitucional” la medida (considerando que el Gobierno bonaerense no puede disponer una medida contra su contraparte en la negociación paritaria, que son los docentes), pero a pesar de ello la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata decidió avalarla sin tomar en cuenta el fallo del juez.

Frente a esto Arias denunció desde su cuenta de Facebook: “Para que no queden dudas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata, no revocó mi fallo acerca de la conciliación obligatoria sino que, en un trámite inaudito y fuera de todo marco procesal, suspendió la medida sin expedirse al respecto. Lo suspende, pero no decide, deja la controversia en un limbo, violando todos los plazos procesales”. Para que no queden dudas respecto del fondo de la cuestión, concluye: «El Ejecutivo no puede disponer de una conciliación obligatoria porque la misma está prevista cuando hay un conflicto entre particulares, una empresa y sus trabajadores”.

A poco de esta decisión y cuando el conflicto docente se encuentra en un punto álgido, este jueves el diputado oficialista Guillermo Castello solicitó a la secretaria de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales que se le inicie juicio político al juez por tener una «manifiesta parcialidad» política. Como argumento principal el legislador de la Coalición Cívica plantea la adhesión del juez a una solicitada publicada el 7 de marzo que se titulaba titulaba «Unidos en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino».

Según el integrante de la Alianza Cambiemos, «en dicha solicitada se vierten conceptos sustancialmente impropios de un juez en funciones, se exterioriza una animosidad manifiesta para con el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes y se asume una posición facciosa claramente identificada con referentes y espacios políticos».

Por ello la denuncia plantea como habilitantes para el juicio «la realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone; la intervención activa en política; y la realización de actos de parcialidad manifiesta».

La cuestionada solicitada, firmada por organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos, además de personalidades como Milagro Sala o el Indio Solari, planteaba: «Ante la preocupante situación de deterioro económico, institucional y social que vive nuestro país, producto de las medidas implementadas a partir de la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri, los abajo firmantes manifestamos la necesidad urgente de poner un freno al brutal embate al que está siendo sometido la gran mayoría del pueblo argentino».

Luego se agregaba: «Estamos convencidos que esta medidas no sólo constituyen un mero plan de gobierno que busca beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad argentina, sino que además entendemos que forman parte de un programa con tintes autoritarios que amenaza las garantías democráticas de nuestro país y que sólo puede ser implementado con represión y cercenamiento de las libertades civiles y los derechos individuales».

Ante la presentación del diputado oficialista, el juez Arias salió a denunciar fuertemente una “caza de brujas” contra los magistrados que no favorecen su política. «Los jueces no podemos ser juzgados por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por nuestros fallos. Esto es grave: una caza de brujas, una persecución ideológica», afirmó.

Arias explica que ya ha tenido denuncias de este tipo, incluso bajo la administración de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, precisamente porque ha fallado “siempre del mismo modo, por ejemplo, obligando a cesar con los descuentos por días de paro bajo distintos gobiernos”.

Luego agrega que el problema no es el pedido de jury sino una denuncia que es por su forma “de ver el mundo”: “Esto nunca lo he vivido, nunca me han hecho una denuncia por mi ideología. Esto viola normas internacionales, estándares establecidos por organismos internacionales e incluso una ley antidiscriminación”. “Es una grave medida que busca disciplinar a los jueces y a todos aquellos que piensan distinto”, concluye.

El juez explica: “Ideología tenemos todos, algunos son conscientes y otros no. Yo soy muy crítico de la realidad política y económica desde siempre. Soy un observador atento de la realidad y me expreso. Y eso irrita y molesta. Si se quieren jueces que cierren las puertas a la realidad y sus fallos no condenen distintos aspectos de la realidad vamos a tener una justicia realmente conservadora y creo que a eso es a lo que apunta”.

Luego denuncia que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata es “sumamente política”, con designaciones de jueces que son fuertemente políticas y que incluso no tiene problemas en llevar adelante “argucias para favorecer al gobierno” o que ha habido jueces que firmaron una solicitada a favor de Cambiemos o contra un juez como Rafecas, pero que eso no fue cuestionado por nadie como “inadmisible de un juez en funciones” porque implicaban posiciones a favor del gobierno.

“No hagamos macartismo”, pide Arias, antes de anunciar que va a convocar a una conferencia de prensa para denunciar esta grave situación institucional.

 

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